Ciudad de México. El Congreso de Sonora incumplió por más de un año el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le fijó para reformar la Ley del Registro Civil y garantizar que menores trans no enfrenten obstáculos al solicitar una nueva acta de nacimiento con cambio de nombre y género.

Ante ello, este jueves, el máximo tribunal aprobó un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que resolvió emplazar nuevamente a los legisladores sonorenses, pero ahora les dio 90 días a partir de febrero del próximo año para cumplir, con la advertencia de que, de no hacerlo, se les aplicarán las sanciones máximas previstas en la Constitución, relativas a la separación del cargo y consignación ante juez de distrito.

La omisión fue revisada mediante el Recurso de Queja 8/2024, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que denunció que el Congreso local no ha acatado la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 45/2021. En dicha resolución, la SCJN ordenó legislar un procedimiento sumario para reconocer la identidad de género autopercibida de niñas, niños y adolescentes en un plazo de doce meses, el cual venció el 5 de julio de 2024.

Aunque la Corte podía sancionar al Congreso, el Pleno decidió no hacerlo de inmediato, al reconocer que el legislador mostró una voluntad institucional de cumplimiento mediante diversas actuaciones preparatorias en el proceso legislativo, pero que el asunto se ha demorado por el cambio de Legislatura.

“El proyecto advierte la existencia de una voluntad manifiesta de cumplimiento, reconoce la complejidad del proceso legislativo que deriva de lo mandatado en la acción de inconstitucionalidad 45/2021, y en este sentido, se concluye que en este momento no procede determinar responsabilidad constitucional al Congreso del Estado de Sonora, en tanto que su conducta no refleja desobediencia dolosa manifiesta, ni tampoco una resistencia o contumacia deliberada a lo a lo mandatado por este Alto Tribunal, sino una demora derivada de la complejidad del procedimiento legislativo y de los procesos de transición entre dos legislaturas”, comentó.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, propuso que el plazo de 90 días comience a contar a partir de la entrada en funciones de la nueva legislatura, es decir, en febrero del próximo año.