Red Muqui: 20 años en la defensa de comunidades afectadas por la minería – Rebelión
Dos personas fallecidas, dos heridas y otras dos desaparecidas -que trabajaban en la minería informal- es el balance del derrumbe sucedido el pasado 4 de noviembre en el distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba (departamento de Cajamarca); ante los hechos, las comunidades del Valle de Condebamba plantearon una denuncia y exigieron la “intervención urgente” tanto del Ministerio Público como de las instituciones ambientales.
Además de los trabajadores de la mina fallecidos o
heridos, “la presencia de desmontes y residuos mineros vertidos directamente en
las riberas estaría contaminando el agua, afectando cultivos y poniendo en
riesgo la salud y los medios de vida de miles de familias campesinas de la
región”, alertaron las organizaciones populares.
De la denuncia se ha hecho eco la Red Muqui,
iniciativa de entidades peruanas para defender los derechos de las comunidades
y las poblaciones afectadas por la minería y la metalurgia; surgido en 2003, el
colectivo está formado por 30 asociaciones, ONG y entidades locales de 11
regiones de Perú; en 2024 la red promovió la campaña Valles y ríos para la vida, no para la minería; y en 2003, ¿Minería para todos?
Mitos y realidades.
En 2025 han publicado el informe Alternativas al extractivismo en Perú, que señala la importante influencia que ejercen las corporaciones
multinacionales -a través del Estado- para lograr concesiones mineras y ejecutar
inversiones; éstas se materializan, a menudo, en perjuicio de las comunidades.
Entre los orígenes del problema, el informe señala la presencia de materias primas en el territorio;
de hecho, Perú es el segundo productor de Cobre del mundo, el tercero de plata
y el cuarto de estaño, plomo y molibdeno; asimismo posee unas reservas notables
de litio.
El documento plantea alternativas al modelo
extractivista en América Latina, como las resistencias en el Valle de Intag (provincia
de Imbabura, en el norte de Ecuador), una de las zonas con mayor diversidad del
planeta y declarada Santuario de Vida en 2024; asimismo la experiencia del
movimiento zapatista en el estado mexicano de Chiapas; y de la comunidad campesina
de Segunda y Cajas, en la provincia peruana de Huancabamba, que se enfrenta al proyecto
minero de cobre y molibdeno Río Blanco (promovido por el grupo chino Zijin Mining).
El libro Los 20 años de la Red
Muqui. Caminando con los pueblos en la defensa de sus derechos y territorios (2024), editado por Jaime Borda Pari, Raphael Hoetmer y Bikut Toribio
Sanchium, con la colaboración de más de 50 autores, aborda dos décadas de
historia de la minería en Perú, la defensa de los derechos humanos, las
prácticas de violencia y los conflictos ecoterritoriales; el texto comprende el
periodo 2003-2023.
Tras el derrocamiento del presidente progresista
Pedro Castillo, en diciembre de 2022, accedió a la presidencia Dina Boluarte,
quien contó con el respaldo inmediato de Estados Unidos (presidencia de Biden)
y reprimió con saña las movilizaciones populares (50 personas asesinadas entre
diciembre de 2022 y febrero de 2023, según Amnistía Internacional).
En este contexto de violencia estatal, escribe el
secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda Pari: “Nuevamente el sector
minero fue el más favorecido. En medio de la crisis, ellos siguieron trabajando
e inclusive se vieron favorecidos por los precios altos del cobre, el oro, la
plata, entre otros minerales, en el mercado internacional”; las empresas
utilizaron expresiones como minería verde o transición energética.
La superficie del territorio nacional ocupada por
concesiones mineras pasó del 1,7% en 1991 al 14,9% en abril de 2024, según el
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) de Perú; los departamentos
con una mayor proporción son La Libertad (51%), Apurimac (50,8%), Moquegua
(50,6%) y Ancash (46,3%).
Proyectos conocidos son el de la mina aurífera de Yanacocha,
en el departamento de Cajamarca, gestionada por la multinacional estadounidense
Newmont; en abril, la Comunidad Campesina de San Andrés de Negritos (Cajamarca)
presentó una demanda de amparo contra la empresa y el Estado peruano por el
despojo de más de 14.000 hectáreas de su territorio ancestral.
O la actuación denominada Tía María, en la
provincia de Islay (región de Arequipa), para la extracción de cobre; promovido
por la empresa Southern Coopper (Grupo México), las obras del proyecto se han
iniciado en noviembre; a finales de octubre, los pobladores del Valle del Tambo
rechazaron -en Lima- la autorización para el comienzo de las actividades de
explotación; entre otras razones, por el impacto sobre las fuentes hídricas.
Asimismo en la provincia de Espinar (departamento
de Cusco), la comunidad Tintaya-Marquiri denuncia más de cuatro décadas de
impactos en la actividad desarrollada por la empresa Antapaccay (filial de la
multinacional suiza Glencore); además de la contaminación del medio natural,
los pobladores señalaron la presencia de metales pesados en la sangre; el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha confirmado las
alertas de los campesinos.
También el 11 de noviembre, pobladores del distrito
de Chamaca (provincia de Chumbivilcas, Cusco) iniciaron el bloqueo del corredor
minero del sur, vía que utiliza la empresa minera Las Bambas (controlada
por MMG, cuyo principal accionista es China Minmetals Corporation) para el
transporte de concentrado de cobre.
Uno de los hitos destacados por la Red Muqui tuvo
lugar en 2004, cuando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado de Perú por décadas de contaminación
tóxica que denunció la comunidad La Oroya (departamento de Junín); los efectos
negativos en el aire, el agua y el suelo fueron producidos por el Complejo Metalúrgico
de La Oroya.
En el libro Los 20 años de la Red Muqui, la
fundadora del Movimiento por la Salud de La Oroya, Yolanda Zurita Trujillo,
enuncia algunos avances del colectivo: “El Estado siempre habló sólo de metales
pesados, pero con nuestra lucha logramos que se amplíe a metaloides y otras
sustancias químicas tóxicas; el otro logro es el reconocimiento de la
Plataforma Nacional de afectados”.
La Red Muqui subraya el balance de Global
Witness, que en el Informe Raíces de
Resistencia-2025 subraya cómo, en 2024, fueron asesinadas o desaparecieron
al menos 146 personas defensoras del medio ambiente y el territorio en el
planeta; un tercio de ellas fueron indígenas o afrodescendientes; el 82% de los
casos se registraron en América Latina. Gerardo Keimari Enrique, Mariano Mucama
Isacama Feliciano, Ricardo kunchikui Shimpujat y Victorio Dariquebe Gerewa
fueron víctimas en Perú.
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