Minería, violencia y democracias en riesgo: un balance crítico del 2025 desde los territorios
El cierre del año deja un panorama preocupante para los territorios que enfrentan el avance de la minería en América Latina y otras regiones del Sur Global. Según el balance presentado por la Red Iglesias y Minería, durante 2025 la agenda extractiva se consolidó como un eje central de las economías nacionales, sin atender las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad ni la crisis ambiental.
El informe advierte que la minería ha sido impulsada como “nuevo motor económico”, profundizando conflictos sociales y provocando estallidos comunitarios frente a gobiernos que desoyen reclamos por los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la defensa de proyectos de vida ligados a la tierra, el agua, la soberanía alimentaria y lo comunitario.
Este modelo responde, señala la Red, a un sistema capitalista que “solo busca salvarse a sí mismo y a sus grandes grupos de poder”.
COP30, guerras, militarización y extracción de minerales
En este contexto, la COP30 sobre Cambio Climático celebrada en 2025 dejó “más sinsabores que expectativas”. La Red Iglesias y Minería denuncia que este espacio fue “cooptado por empresas y Estados” que se resisten a asumir cambios estructurales reales para enfrentar la crisis climática, alejándose de soluciones que prioricen la vida del planeta y de la humanidad.
El análisis vincula directamente el auge de la minería con el escenario geopolítico global. Los países más ricos continúan su carrera armamentista, anunciando una posible catástrofe mundial y avanzando hacia la ocupación de territorios del Sur y del Norte Global, donde se concentran las mayores reservas de minerales estratégicos para la fabricación de armamentos.
Este proceso, señala la Red, refuerza un modelo neocolonial que militariza territorios bajo el argumento de la seguridad nacional, atenta contra las soberanías y responde a una agenda impuesta por las potencias económicas. Todo ello ocurre “muy lejos de ese añorado pacto global por dejar los hidrocarburos bajo tierra” y avanzar hacia una transformación socioecológica justa.
Violencia sistemática contra defensores de la vida
El 2025 estuvo marcado por un incremento de la violencia, la criminalización y la persecución contra quienes defienden los territorios frente al extractivismo.
El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025 con datos de 2024, revela que el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales ocurre en América Latina, y que la mayoría de los conflictos socioambientales están vinculados a la minería.
La Red subraya que estos crímenes “raras veces encuentran justicia”, ya que faltan investigaciones adecuadas, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Las poblaciones históricamente marginadas son las más afectadas, en especial las comunidades negras y afrodescendientes, que enfrentan riesgos desproporcionados en la región.
Amazonía cercada por la minería ilegal
Uno de los focos más críticos del año ha sido la Amazonía, donde se registra una expansión exponencial de la minería ilegal en los nueve países que conforman la región. La Red denuncia una “verdadera invasión” de territorios comunitarios por parte de grupos criminales, ante la incapacidad —o complicidad— de los Estados.
Los pueblos indígenas se encuentran en el centro de esta violencia, expuestos a acciones estatales, empresariales y del crimen organizado. Cuencas completas de ríos han sido tomadas por mafias de la minería ilegal, provocando graves daños ambientales, como la presencia de metales tóxicos en ríos, lagunas y peces, principal fuente de alimentación de muchas comunidades.
El informe también señala que las grandes empresas se benefician de estas dinámicas, al sostener cadenas de “ganancias sucias”, donde minerales extraídos con extrema violencia son “lavados” e incorporados a los circuitos formales de comercialización. El precio del oro, que ha alcanzado niveles récord, alimenta una cadena de contaminación, muerte e ilegalidad que se normaliza incluso dentro de estructuras estatales y corporativas.
Democracias debilitadas y falsas transiciones
La Red Iglesias y Minería advierte que los conflictos socioambientales están debilitando las democracias en la región. El avance de extremas derechas con discursos de miedo e inseguridad amenaza derechos conquistados, fomenta la corrupción, el lavado de activos y el fortalecimiento del crimen organizado, erosionando las instituciones democráticas.
A ello se suma una narrativa engañosa sobre las transiciones energéticas, que, lejos de transformar el sistema, reproduce las mismas lógicas de despojo. Cambian los nombres, pero se mantiene un modelo que “mercantiliza la naturaleza”, expulsa a los pueblos de sus territorios ancestrales, crea burbujas financieras y traslada la deuda socioambiental a las poblaciones más vulnerables.
Resistencias que sostienen la esperanza
Pese a este escenario, el 2025 también estuvo marcado por la resistencia organizada de los pueblos. Comunidades que dicen “NO a la invasión minera” continúan defendiendo la vida en medio del miedo y la violencia. Casos emblemáticos como el de los 11 de Jericó en Colombia y Ruth López en El Salvador movilizaron la solidaridad regional frente a la criminalización de defensores.
Asimismo, se destacan avances judiciales como el Caso La Puya en Guatemala, donde, tras más de una década de lucha, un tribunal internacional dio la razón a la comunidad. Iniciativas como el llamado “Amazonía Libre de Minería” ganaron fuerza, mientras que en Mendoza (Argentina) y Palo Quemado y Las Naves (Ecuador) las poblaciones se levantaron contra nuevas concesiones, inspirando otras resistencias.
Desde la Red Iglesias y Minería, el 2025 ratificó el compromiso de promover, dentro de las Iglesias del Norte y del Sur Global, una reflexión sistemática sobre los impactos de la minería en el futuro del planeta. Este trabajo apunta a construir una plataforma ética que cuestione las prácticas financieras, pastorales y teológicas que sostienen un “modelo de muerte”, tal como lo denuncia la encíclica Laudato Si’.
Las orientaciones pastorales impulsadas conjuntamente con el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y el Celam ofrecieron herramientas concretas para la defensa de la vida en territorios amenazados.
Mirando hacia el 2026
La Red anuncia que reavivará su misión de ser “puentes de esperanza” entre comunidades vulnerables y territorios de vida, fortaleciendo el acompañamiento profético y la incidencia política para denunciar un sistema que “pone en riesgo al planeta y a la humanidad”, y para seguir imaginando, junto a los pueblos, la posibilidad de un mundo nuevo.
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