Chile analiza minería submarina ante carrera global por minerales y nuevas políticas de EE.UU.
La minería submarina surge como una potencial fuente estratégica de minerales en Chile, en un contexto de creciente demanda global, agotamiento de recursos y escasez de agua. Sin embargo, mientras Estados Unidos y otras naciones aceleran esta opción, el país mantiene una pausa a la espera de mayor evidencia científica.
Estudios realizados por geólogos marinos han identificado en aguas jurisdiccionales chilenas, dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de 4.264.560km², la presencia de costras ricas en cobalto, nódulos y sulfuros polimetálicos, además de sedimentos metalíferos.
Algunas áreas con posibilidades para minería submarina en Chile:
- Alrededores de Isla Robinson Crusoe: presencia de níquel, cobalto y cobre
- Península de Mejillones y la cuenca de Caldera: existencia de fosforitas marinas con alto contenido de fosfato
- Alrededores de Isla de Pascua: posibles depósitos de oro, plata, zinc, cobre y manganeso
- Desembocadura del Río Loa: cobre y níquel
Este potencial se alinea con políticas nacionales orientadas a diversificar la minería chilena hacia un enfoque más polimetálico. No obstante, los estudios abarcan menos de 1,5% de la ZEE chilena, por lo que aún podrían descubrirse nuevas zonas mineralizadas, yacimientos de alta ley y diversidad mineral en aguas profundas.
Chile, junto a otros Estados miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), ha solicitado públicamente una pausa precautoria antes de avanzar en la minería submarina, con el fin de investigar en profundidad los riesgos ambientales de la actividad.
Aunque el desarrollo del sector depende de avances tecnológicos para asegurar la viabilidad económica y de regulaciones específicas para proteger la fragilidad de los ecosistemas marinos, ya existen 31 proyectos de exploración a nivel global, enfocados mayoritariamente en nódulos polimetálicos.
Además, Estados Unidos dictó en abril de 2025 una orden ejecutiva que autoriza operaciones de minería en aguas profundas bajo su jurisdicción, sin requerir la autorización de la ISA. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. ya está dispuesta a emitir permisos de exploración minera marina.
Esto llevó a la filial estadounidense de The Metals Company (TMC) a solicitar una licencia para operar bajo jurisdicción norteamericana, aumentando la presión sobre la ISA para acelerar la elaboración de un Código de Explotación.
La situación podría intensificarse con las políticas del gobierno de Donald Trump que buscan asegurar el suministro interno de materias primas, como el recién anunciado Proyecto Bóveda (Project Vault), que contempla un fondo de US$12.000 millones para generar una reserva estratégica de minerales críticos.
Otras potencias también impulsan la minería submarina con políticas de apoyo a la investigación científica y tecnológica en fondos oceánicos. China, Francia, Alemania, India, Japón, Corea, Rusia y el Reino Unido patrocinan el mayor número de contratos con la ISA para la exploración de recursos minerales.
Existen 19 contratos para nódulos polimetálicos, cada uno de 75.000km², con foco en costras de ferromanganeso y sulfuros polimetálicos, totalizando 1.447.500km² en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, según un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
El informe señala que TMC iniciaría operaciones entre 2032 y 2036, con una producción de cobre inicial de 23.000t/a, que aumentaría a 373.000t/a en 2042.
Aunque Cochilco advierte que en los próximos 15–20 años no se observarían impactos significativos en la industria internacional, el estudio también destaca que la actividad exhibe avances concretos que permitirían «transformarla en una nueva fuente de minerales críticos en el largo plazo, con implicancias estratégicas y de mercado”.
