ASF destapa millonario gasto en alimentos “gourmet” para cárceles durante gestión de ex …
Veracruz.— Un nuevo señalamiento sacude a la pasada administración estatal luego de que la Auditoría Superior de la Federación revelara presuntas irregularidades por más de 414 millones de pesos destinados a la compra de alimentos para centros penitenciarios de Veracruz durante 2024.
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De acuerdo con la tercera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2024, el gasto fue autorizado cuando Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, dependencia responsable del sistema penitenciario.
El informe señala adquisiciones de productos considerados de alto costo, entre ellos salmón y cortes de carne tipo arrachera, destinados a la alimentación de Personas Privadas de la Libertad (PPL), situación que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos dentro de los penales veracruzanos.
La auditoría federal revisa si los montos ejercidos corresponden realmente al suministro alimentario o si existieron posibles sobreprecios, contratos irregulares o desvío de recursos.
El tema también revive señalamientos políticos internos de la administración pasada, periodo en el que el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, era considerado una de las figuras con mayor influencia en decisiones de seguridad pública tras la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la SSP.
1. El desfalco millonario en el cierre de gobierno
En la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2024, la ASF determinó que Veracruz tiene un monto por aclarar superior a los 3,275 millones de pesos.
Irregularidades en el estado: La administración estatal tiene pendientes 1,896 millones de pesos.
Municipios en la mira: Se detectaron irregularidades por más de 2,500 millones de pesos en 76 ayuntamientos. Los casos más graves son:
Ixtaczoquitlán: Con 409.5 millones de pesos por aclarar.
Altotonga: Con 204.9 millones de pesos.
Xalapa: Con más de 198 millones de pesos observados.
2. El sector Salud: El epicentro de las anomalías
Históricamente bajo la lupa, el sector salud en Veracruz sigue siendo el área más crítica. En informes recientes (segunda entrega 2024 y cuenta 2023), se detectó:
Un monto pendiente de 1,078 millones de pesos tan solo en programas de salud pública.
Específicamente, el “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos” no pudo comprobar el uso de 730 millones de pesos.
Existen sospechas de “aviadores” o pagos indebidos en nóminas estatales que no han sido debidamente justificados.
3. El escándalo de la “Comida Gourmet” en cárceles (414 millones)
Este es uno de los datos más polémicos por el contraste entre el servicio reportado y la realidad de los centros penitenciarios.
El hallazgo: Se detectaron contratos por un total de 414 millones de pesos para el servicio de alimentación en los Centros de Reinserción Social (Ceresos).
La polémica: La auditoría señaló que los costos facturados no correspondían a la calidad o cantidad de los alimentos servidos. Se reportaron insumos que, por su precio y descripción, rayaban en lo “gourmet” o de lujo, mientras que las quejas internas y revisiones físicas mostraban deficiencias graves en la dieta de los internos.
Falta de comprobación: Gran parte de este gasto carece de bitácoras de entrega-recepción confiables, lo que sugiere una posible simulación de contratos o sobrecostos excesivos.
4. Otros datos clave
Participaciones Federales: El rubro con más observaciones de la administración estatal es el de Participaciones Federales a Entidades Federativas, con más de 710 millones de pesos sin destino claro.
Fiscalía General del Estado (FGE): La gestión de Verónica Hernández Giadans también fue señalada con 35 millones de pesos por aclarar en contratos y convenios.
Inseguridad y FASP: Se han detectado transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a cuentas bancarias ajenas al programa, lo que infringe la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Qué sigue?
Los exfuncionarios y ayuntamientos señalados tienen un plazo (generalmente de 30 a 180 días, dependiendo de la etapa) para presentar la documentación que “aclare” dónde quedó el dinero. De lo contrario, la ASF procederá a interponer las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Arrendadora de la Costa
