El 5G en Perú despega desde la minería y la industria, no desde el consumidor

Perú empieza a acelerar el despliegue de 5G tras años de rezago frente a otros países de América Latina. Sin embargo, el proceso avanza con un enfoque distinto: menos orientado al consumidor y más vinculado a la industria, mientras persisten desafíos regulatorios y estructurales.

Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores

“El país estuvo atrasado en comparación con la región”, reconoce Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores en entrevista con Mobile Time Latinoamérica. “Y eso se explica, en gran medida, por el ‘legacy’ en la banda de 3.5 GHz, que había sido asignada hace más de 20 años para una tecnología que hoy ya no existe, como WiMAX”.

En este punto Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios, explica que, aunque los operadores ya contaban con espectro desde 2021, “la canalización en bloques no contiguos no permitía desplegar un 5G de alta velocidad”, lo que limitó el desarrollo inicial a implementaciones Non-Standalone (NSA) apoyados en redes 4G existentes y con cobertura limitada.

Un nuevo punto de partida para el 5G

El escenario comenzó a cambiar con el proceso de asignación de espectro impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que culminó con la firma de contratos en diciembre de 2025.

A diferencia de otros países, el modelo peruano no tuvo un enfoque recaudatorio. “El concurso fue por compromisos obligatorios de inversión y no por afán fiscal”, destaca Nakagawa. “Eso permitió no solo un resultado positivo, sino también reducir los tiempos del proceso”.

Actualmente, el país se encuentra en el primer año de despliegue formal, con obligaciones que deben cumplirse en un plazo de cuatro años. “Entre 2026 y 2027 los operadores deben desplegar infraestructura según los compromisos asumidos”, explica Huamán. “Estamos hablando de inversiones que superan los 500 millones de dólares”.

Un 5G que nace desde el B2B

Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios

Otro de los rasgos distintivos en el caso peruano es el enfoque que se le dio a la llegada del 5G. A

diferencia de la narrativa centrada en el usuario final, en Perú el desarrollo está impulsado por el segmento empresarial y el sector público.

“El 5G no está pensado inicialmente para el mercado masivo”, señala Huamán. “Los operadores van a enfocarse en cumplir compromisos con el Estado y en aplicaciones B2B, donde el impacto en productividad es claro”.

Entre los ejemplos concretos, Nakagawa menciona que Claro Perú ha desplegado su red en más de 100 distritos y ha impulsado casos de uso en minería. “La Minera Chinalco ya está operando un centro de gestión integrada sobre 5G, y también se ha implementado esta tecnología en el puerto de Chancay”, detalla.

Para Huamán, esto confirma que “sectores como la minería van a ser los primeros en capturar el valor del 5G”.

4G sigue siendo la prioridad en zonas rurales

Pese al avance del 5G, ambos expertos coinciden en que la prioridad en términos de inclusión digital sigue siendo el 4G. “No considero que el 5G esté destinado a zonas rurales o de preferente interés social”, afirma Nakagawa. “Ahí el reto es otro: incluso donde hay cobertura, muchas personas no pueden costear el servicio. Existe una brecha de demanda”.

Para Huamán esta visión se evidencia con datos estructurales: “En zonas urbanas la cobertura 4G supera el 90%, pero en el ámbito rural es mucho menor. Además, hay entre 20.000 y 30.000 centros poblados con menos de 100 habitantes, lo que hace inviable el despliegue tradicional”.

Ante este panorama, el país ha implementado otros mecanismos. Uno de ellos es el “canon por conectividad”, que permite a los operadores reinvertir parte de los pagos por uso de espectro en expansión de redes. “Esto ha hecho que la curva de cobertura se empine en los últimos años”, explica Huamán.

Regulación

En materia regulatoria, el balance es mixto. Por un lado, se destacan avances en la asignación de espectro y en la orientación hacia inversiones. “Cuando hubo estabilidad política y consenso entre el MTC y el regulador, se logró destrabar el proceso 5G”, afirma Nakagawa.

Sin embargo, advierte que persisten obstáculos críticos. “Preocupa la demora en los permisos ambientales. No tienen aprobación automática y están sujetos a silencio administrativo negativo, lo que puede afectar el cumplimiento de los compromisos”.

Huamán añade otro punto y es el nivel de sanciones en el sector. “El año pasado las multas alcanzaron cerca de 60 millones de dólares, cuando en el quinquenio anterior eran apenas 5 o 6 millones. Es un salto muy significativo”.

Desde su perspectiva, esto resulta contradictorio en un mercado altamente competitivo. “Hoy Perú tiene los precios de internet más bajos de Sudamérica. La regulación debería enfocarse más en calidad que en sanciones”.

Un mercado en transformación

El contexto del sector también está marcado por cambios empresariales como fue la salida de Telefónica y su reemplazo por Integratel. “Es un giro estratégico importante”, explica Huamán. “El nuevo operador no busca ser el más grande, sino lograr eficiencia operativa y un EBITDA saludable”. Este cambio implica también una nueva relación con proveedores y una reconfiguración del mercado.

 Al mismo tiempo, modelos como “Internet para Todos” han permitido avanzar en conectividad rural mediante esquemas de compartición de infraestructura. “Es un modelo innovador que ha sido clave para expandir cobertura en zonas donde antes no era viable”, destaca Huamán.

A pesar de los avances, el desarrollo del 5G en Perú será gradual. “El despliegue será paulatino”, señala Nakagawa, quien insiste en que el impacto más inmediato vendrá por el lado de la inversión y no necesariamente por el consumo masivo.

Huamán coincide en que “En el segmento B2C, el diferencial de valor frente a 4G aún es limitado y el ARPU no va a subir, porque la competencia es muy fuerte”.