La minería ilegal se ha consolidado como la principal actividad ilícita en el Perú, un fenómeno que ya no solo se limita a zonas alejadas, sino que se extiende con violencia incluso hasta la capital. Desde operativos en Piura y Tambopata hasta robos con tintes cinematográficos en Lima, la lucha por el oro evidencia un problema que crece sin control.

Las cifras son contundentes. Según el Instituto Peruano de Economía, esta actividad mueve alrededor de 12 mil millones de dólares al año. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera advierte que se ha convertido en la principal fuente de lavado de activos en la última década.

A pesar de este escenario, el Congreso ha impulsado iniciativas cuestionadas, como la ampliación del REINFO o cambios a la Ley General de Minería. Medidas que, lejos de frenar la ilegalidad, generan dudas sobre su verdadero impacto en la lucha contra este delito.

PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

En medio de la campaña electoral, surge una pregunta clave: ¿qué están proponiendo los candidatos frente a este problema? Un análisis del Observatorio de Minería Ilegal revela que, de 35 partidos, solo 12 presentan propuestas concretas, 13 se quedan en generalidades y 10 ni siquiera abordan el tema.

El especialista César Ipenza advierte además que hay agrupaciones que no mencionan la minería ilegal en sus planes, mientras que otras plantean enfoques polémicos, como no criminalizar esta actividad, lo que genera preocupación sobre la real intención de estas propuestas.

Pero hay partidos que han ido más allá del discurso. Juntos por el Perú y Podemos Perú han tenido un rol activo desde el Congreso, participando en la ampliación del REINFO y promoviendo cambios en la normativa minera. Acciones que, según expertos, podrían favorecer indirectamente a la minería informal.

Uno de los puntos más cuestionados es el proyecto que busca modificar las concesiones mineras, reduciendo plazos y endureciendo condiciones. Aunque se presenta como una medida para combatir concesiones ociosas, especialistas alertan que podría incentivar invasiones de mineros informales en zonas concesionadas.

Mientras tanto, la percepción ciudadana es clara. Según Ipsos, casi la mitad de los peruanos cree que la minería ilegal ha aumentado, y una mayoría considera que las autoridades no están haciendo lo suficiente. En este contexto, la exigencia es contundente: el país espera propuestas firmes frente a un problema que amenaza con desbordar al Estado.