El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, fijó postura tras el fallo de la Justicia Federal de Río Gallegos que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia. La gestión encabezada por Claudio Vidal defendió la continuidad de la actividad productiva con controles ambientales y cuestionó los alcances de la medida judicial.

La reacción oficial se conoció luego de que el juez federal Claudio Marcelo Vázquez hiciera lugar a una medida cautelar y ordenara frenar la implementación de la reforma mientras se analiza su constitucionalidad. El fallo también dispuso que el Estado Nacional se abstenga de autorizar actividades que puedan afectar glaciares y zonas periglaciares, bajo el principio precautorio en materia ambiental.

Desde el Ejecutivo santacruceño defendieron la modificación normativa y remarcaron la necesidad de garantizar previsibilidad para sostener inversiones y empleo en sectores estratégicos. En ese marco, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sostuvo que “Santa Cruz es una provincia que eligió producir y generar trabajo. Hace más de 80 años que desarrollamos la actividad hidrocarburífera y más de 25 años la minería, siempre bajo controles que funcionan”, afirmó.

El funcionario provincial también remarcó que Santa Cruz cuenta con un marco normativo propio que regula el desarrollo de las actividades productivas y establece restricciones en zonas sensibles. En ese sentido, Álvarez indicó que “hay reglas claras y controles permanentes”, sostuvo.

La reforma de la Ley de Glaciares había sido aprobada en la Cámara de Diputados a comienzos de abril, con acompañamiento de legisladores vinculados al oficialismo provincial. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida en Santa Cruz tras un amparo ambiental impulsado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto a otros representantes de la oposición.

El juez Vázquez consideró que existe riesgo de daño ambiental si la reforma entra en vigencia sin un análisis de fondo, especialmente en lo referido a la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Por ese motivo, resolvió frenar su aplicación de manera preventiva hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Desde el Gobierno provincial insistieron en que la medida judicial no modifica el esquema actual de producción ni los controles vigentes. En ese punto, destacaron la existencia de la Ley Provincial N° 3.105, que establece una zonificación ambiental minera y prohíbe la actividad en áreas sensibles, especialmente en la región cordillerana.

Además, remarcaron que los proyectos productivos deben atravesar evaluaciones de impacto ambiental y están sujetos a controles continuos por parte de las autoridades. También señalaron que existen delimitaciones territoriales claras, como la referencia de la Ruta Nacional 40, que ordenan el desarrollo de las actividades.

El Ejecutivo santacruceño puso el foco en el impacto económico de la minería y los hidrocarburos, al señalar que ambas actividades generan empleo directo e indirecto, dinamizan las economías locales y fortalecen a las pymes. Desde el Gobierno advirtieron que “cada vez que se pone en duda la actividad productiva sin fundamentos técnicos, lo que está en juego es el trabajo de miles de santacruceños”, señalaron.

En la misma línea, Álvarez planteó que el debate debe contemplar la dimensión laboral y productiva de la provincia. Al respecto, expresó que “el país no puede crecer dándole la espalda al trabajo ni a su potencial productivo”, afirmó.