El urbanismo es un tema complejo y sensible, que además suscita interés y demanda conocimiento, así, las trescientas personas que asistieron al Congreso de Urbanismo y Delitos contra la Administración organizado por el Ayuntamiento de Yaiza, con ponentes de nivel, entre magistrados, juristas y técnicos, más las aportaciones de un auditorio altamente cualificado, demuestra que es una materia viva y objeto de apasionados debates, uno de ellos, el equilibrio entre desarrollo y respeto al medio ambiente, entendiéndose por desarrollo no solo el desarrollo turístico, sino dotaciones de servicios esenciales como educación y sanidad y el derecho a la vivienda, abordado en las dos jornadas celebradas la semana pasada en el salón de eventos del restaurante Amura de Puerto Calero bajo la moderación del secretario general del Ayuntamiento de Yaiza, Óscar Cabrera Pérez.

El congreso analizó la razón de ser de los planeamientos municipales e insulares y el alto volumen de pleitos y demandas que surgen alrededor de ellos. Asimismo, ahondó en las dificultades por los escasos medios materiales y humanos con los que cuentan las administraciones públicas y los tribunales para hacer frente a la redacción y seguimiento de los planes y ejercer los controles administrativos y judiciales que corresponden.

José María Ezquiaga, arquitecto experto en urbanismo.

Sobre el primer extremo, el arquitecto y experto urbanista José María Ezquiaga, sostuvo que aunque prime la regulación responsable del uso del suelo, “el planeamiento no puede ser una foto fija”. Para Ezquiaga los planes de ordenación municipal o insulares se están convirtiendo en “crónicas del pasado”, apuntando que “un plan debe tener una vigencia de unos 12 años y hay planes que son de 20, 30 o más años”. Defendió la participación ciudadana en la fase de consulta: “los planes son políticas públicas y herramientas democráticas”. En esta dirección, sostuvo que “la participación es importante porque el urbanismo es una cuestión de valores colectivos y no solo una recopilación de datos”. Otro asunto enfatizado por Ezquiaga, a tenor de la anulación del Plan General de Yaiza por la falta de un informe de carreteras, es que a veces “lo procedimental desplaza lo sustancial”.

Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo.

El magistrado del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea, afirmó que con independencia de los fallos de la legislación, que dista de la realidad, “nosotros tenemos que dictar sentencia conforme a la legalidad vigente, así que lo que hay que hacer es presentar todos los informes para adoptar una decisión mejor fundamentada”.

Todos los ponentes y el moderador Óscar Cabrera, secretario general del Ayuntamiento de Yaiza (primero por la izquierda).

Ahora, por ejemplo, también es necesario tomar en consideración la transversalidad del género, que debe incluir el planeamiento, un tema tratado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste. ¿Es o no determinante en el planeamiento o puede ser causa de nulidad? Ante la duda o interpretaciones, siempre debe incorporarse el informe sobre impacto de género.

Antonio Doreste, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Dificultades en los procedimientos judiciales

María Consuelo Uris, magistrada del Tribunal Supremo.

María Consuelo Uris, magistrada del Supremo, aparte de su ponencia sobre legitimación de las entidades locales en materia urbanística, permitiendo a los Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones no solo defender sus competencias sino los intereses que representan, resumió los factores que determinan que un procedimiento tenga más o menos complejidad. En primer lugar, los informes técnicos de todo tipo, urbanísticos y de medio ambiente, y por supuesto, al estar en un estado de derecho, el sistema garantista de procedimiento administrativo y judicial: “los recursos suelen demorar en el tiempo y eso hace que la ejecución de las sentencias se dilaten, con lo cual, a veces y por desgracia, es muy difícil reponer la realidad alterada”.

Corrupción, tópico y realidad

Miguel Ángel Torres, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, en su momento juez instructor del caso ‘malaya’, la sonada trama de corrupción de Marbella, analizó la pérdida de la calidad democrática por el uso lucrativo de la tramitación o concesión de licencias y los actores que suelen participar en el cohecho, tráfico de influencias u otros delitos cometidos por el crimen organizado. “En España no hay juzgados anticorrupción por falta de interés político”, aseguró. Es cierto que ahora hay más control, pero falta dotación de medios materiales.

Miguel Ángel Torres, magistrado Audiencia Provincial de Málaga.

“Seguimos pensando que hay más corrupción en los ayuntamientos, pero estamos viendo casos en administraciones autonómicas y en el Estado”. Para el magistrado Torres “tampoco podemos pensar que todo lo que se haga en desarrollo urbanístico es corrupción, simplemente hay que controlar para que todo lo que se lleva a cabo esté dentro de la legalidad”.

Por su parte, el fiscal de Las Palmas, Miguel Pallarés, compartió la idea generalizada de hacer cualquier reflexión a partir del uso racional de un bien limitado como lo es el suelo. “La prevaricación urbanística es un tipo delictivo que se crea precisamente porque en esa materia se produce un foco de corrupción y de mayor repercusión de lo que pueda tener una resolución arbitraria e injusta, y es por eso que se castiga de forma más específica y más grave que la prevaricación genérica”. Recogiendo estadísticas oficiales españolas del año 2024, Pallarés expuso que de 84 demoliciones realizadas en dicho ejercicio, 25 fueron voluntarias. En España hay 150 demoliciones pendientes.

Miguel Pallarés,, fiscal de Las Palmas.

“El desarrollo urbanístico requiere el funcionamiento de la actuación inspectora. No se puede paralizar cuando la casa o el hotel están prácticamente terminados”. El fiscal recomienda a la administración competente paralizar la obra desde que haya una denuncia fundamentada. Jueces y fiscales muchas veces se enfrentan a lo que el magistrado del Supremo, Wenceslao Olea, llamó “ceremonia de la confusión”, diecisiete leyes autonómicas, refiriéndose a la evaluación ambiental de planes y urbanismo.

Ponentes y representantes públicos.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, agradeció la exposición de los ponentes y la participación de las trescientas personas inscritas: “la medida de la importancia del congreso es la valoración del auditorio de las dos jornadas y de los debates que impulsaron las ponencias. Asistieron técnicos y juristas de ayuntamientos, cabildos, gobiernos autonómicos, políticos, periodistas y estudiantes de oposiciones, y la opinión generalizada es que todas y todos aprendimos”.

Elena Zárate, viceconsejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias.

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Óscar Cabrera Pérez, anota que “el urbanismo interesa, está presente en el día a día de las administraciones y en su toma decisiones, y este congreso evidencia que hay mucha gente que lo entiende, que le gusta y que quiere seguir aprendiendo”.

Yaiza organizó este encuentro técnico – jurídico con la colaboración del Gobierno de Canarias, representado en el congreso por la Elena Zárate, viceconsejera de Planificación Territorial, y el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP).