Como cada 15 de mayo, se conmemora la Nakba o “catástrofe” del pueblo palestino, es decir, el éxodo de la población palestina de sus hogares en 1948, tras la autoproclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de ese año y en el contexto de la guerra árabe-israelí iniciada al día siguiente. Aunque han pasado 78 años desde entonces, la Nakba permanece en el imaginario colectivo del pueblo palestino como un punto de inflexión en el devenir de su historia.

Sin embargo, la Nakba no es solo un hecho histórico, sino también un recordatorio de las violencias continuadas contra este pueblo, las cuales, aunque se han transformado a lo largo del tiempo, permanecen intactas.

Si bien la creación del Estado de Israel y el consiguiente desplazamiento masivo de la población marca un hito en la historia de Palestina, el proceso de desposesión había comenzado antes. Como recoge el historiador Ramos Tolosa, entre diciembre de 1947 y diciembre de 1948, gran parte del territorio palestino había sido destruido y su población desplazada: entre 750.000 y 800.000 personas se convirtieron en refugiadas y centenares de localidades fueron arrasadas. Así, conocidos episodios como la masacre de Deir Yassin, una aldea cercana a Jerusalén de 700 habitantes, el 9 de abril de 1948, no constituyeron hechos aislados, sino que se inscribieron en una dinámica más amplia y prolongada en el tiempo. Para cuando se proclamó el Estado de Israel, extensas áreas ya habían sido vaciadas de su población palestina.

En paralelo, se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a borrar la huella del pueblo que las habitó; entre ellas, el cambio del nombre de las ciudades por otros de origen hebreo, o la sustitución de las especies de la flora autóctona, entre ellas el olivo, por otros árboles de origen europeo como el pino.

Tras la Nakba, miles de palestinos intentaron regresar a sus hogares sin éxito

En el proceso de desposesión del pueblo palestino, la dimensión simbólica juega un papel muy destacado. No es casualidad que una de las formas actuales de ejercer la violencia contra la población palestina de la Cisjordania ocupada sea, precisamente, vandalizar o arrancar sus olivos. Del mismo modo, tampoco lo es que el olivo sea el símbolo por antonomasia de la resistencia de este pueblo.

Tras la Nakba, miles de palestinos intentaron regresar a sus hogares sin éxito. La mayoría se asentó en campamentos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, mientras que otros permanecieron en el recién creado Estado de Israel, pero sin acceder a los mismos derechos que la población judía israelí. El 11 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 194 (III), que reconoce el derecho al retorno de la población refugiada palestina. La falta de cumplimiento de esta y otras resoluciones de Naciones Unidas relativas a la cuestión palestina ha sido ampliamente documentada y denunciada.

En este contexto, UNRWA inició su labor en 1950 con el mandato de asistir a la población refugiada palestina “hasta que se alcance una solución justa” (Resolución 302 (IV) de la Asamblea General), pero lo que se concibió como un mecanismo temporal se ha prolongado hasta la actualidad, a pesar de todas las dificultades de financiación que la organización ha tenido que enfrentar desde sus inicios. A lo largo de estas décadas, la Agencia no solo ha proporcionado asistencia humanitaria, sino que ha sostenido servicios básicos para la supervivencia de la población refugiada: educación para millones de niños y niñas, atención primaria de salud, programas de asistencia social y redes de protección en contextos profundamente inestables.

Los campamentos de tiendas de campaña dieron paso progresivamente a construcciones permanentes, convertidas hoy en barrios densamente poblados. De las cerca de 800.000 personas refugiadas iniciales, UNRWA atiende en la actualidad a casi seis millones. En muchos casos, sus servicios no son complementarios, sino la única garantía de acceso a derechos básicos. Su labor, por tanto, no solo responde a una emergencia humanitaria prolongada, sino que se ha convertido en un elemento central para la supervivencia de millones de personas.

Mientras, y lejos de resolverse, la situación ha estado marcada por diversos episodios de desplazamiento y violencia en la región. La guerra de 1967 supuso la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, y provocó el desplazamiento de más de 300.000 personas, entre ellas unas 120.000 refugiadas palestinas. A ello se suman episodios como el Septiembre Negro en Jordania, que acabó con miles de refugiados palestinos expulsados del país; los bombardeos en 1974 de las fuerzas israelíes sobre campamentos de refugiados palestinos en Líbano; la masacre en el mismo país de los barrios palestinos de Sabra y Shatila en 1982; o los desplazamientos derivados de la primera guerra del Golfo en 1991. Cada uno de estos acontecimientos ha reforzado la sensación de continuidad en la experiencia del exilio palestino.

Hoy, Gaza representa una de las manifestaciones más extremas de esta dinámica. Más de 72.600 personas han sido asesinadas, miles de cuerpos permanecen aún bajo los escombros y la mayoría de la población vive desplazada en condiciones de hacinamiento que, junto con el deterioro medioambiental del enclave, están favoreciendo la proliferación de plagas de insectos y roedores y, con ellas, de infecciones cutáneas.

Con más del 80% de las infraestructuras destruidas, cientos de miles de niños sin acceso a la educación, un sistema sanitario colapsado, violencia persistente pese al alto el fuego y un acceso extremadamente limitado a alimentos, agua potable y servicios básicos, la situación en Gaza es de “colapso multisectorial”, como reconocen Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial en el informe “Gaza Strip: Rapid Damage and Needs Assessment”, publicado hace apenas unos días. El dato más alarmante que señala el documento es que la Franja ha retrocedido 77 años en términos de desarrollo humano.

En este contexto, los cerca de 11.000 trabajadores humanitarios de UNRWA que permanecen sobre el terreno desempeñan un papel fundamental, operando en condiciones extremadamente adversas y pese a las severas restricciones impuestas por Israel tanto a la propia Agencia como al conjunto de organizaciones humanitarias.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la situación también es insostenible en múltiples sentidos. Por un lado, el asesinato sistemático de población palestina a manos de colonos y fuerzas israelíes –1.081 personas desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023–. Por otro, una política sostenida de expansión de asentamientos ilegales que está provocando el desplazamiento forzado de comunidades palestinas enteras y que apunta hacia una anexión de facto del territorio. A comienzos de 2025, las fuerzas israelíes lanzaron una operación militar a gran escala en el norte de Cisjordania que provocó el desplazamiento forzoso de alrededor de 40.000 personas, el más extenso y prolongado desde 1967. En paralelo, además, se han dado operaciones militares que han provocado el cierre de instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este, reduciendo el acceso de la población a servicios esenciales.

Se han dado operaciones militares que han provocado el cierre de instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este

A ello se suma un endurecimiento del marco legal y político contra la población palestina. Como ejemplo, a finales de marzo de 2026, el Parlamento israelí aprobó una ley que permite la aplicación de la pena capital, mediante ahorcamiento, a palestinos condenados por matar a una persona israelí, mientras que persiste la impunidad frente a los asesinatos de personas palestinas por parte del ejército y de colonos israelíes.

En Líbano, el contexto actual está marcado por la ofensiva israelí sobre el país, que ha provocado el desplazamiento masivo de la población, incluida la población refugiada de Palestina. Cientos de estas personas se han visto obligadas a cruzar hacia Siria, un país devastado tras más de 15 años de conflicto armado.

Esta situación agrava aún más la ya precaria realidad de las aproximadamente 231.000 personas refugiadas palestinas en Líbano, que se encuentran entre los grupos más vulnerables del país debido a su marginación estructural dentro del sistema libanés. Como consecuencia, más del 80% vive por debajo del umbral de la pobreza y, en términos generales, su subsistencia depende en gran medida de los servicios proporcionados por UNRWA.

En Siria, la inseguridad alimentaria entre la población refugiada de Palestina alcanzaba el 92% en 2025, mientras que cerca del 30% de las 418.000 personas refugiadas registradas continúa en situación de desplazamiento interno prolongado. En Jordania, aunque la mayoría de los dos millones de personas refugiadas palestinas cuenta con ciudadanía jordana, alrededor de 181.600 –principalmente personas originarias de Gaza– carecen de ella, lo que limita su acceso a servicios públicos, medios de vida y protección jurídica. Muchas de ellas, desplazadas en 1967, siguen sin disponer de documentación plenamente reconocida pese a llevar décadas residiendo en el país, dependiendo igualmente en gran medida del apoyo de UNRWA para cubrir sus necesidades básicas.

Más allá del país de acogida en el que se encuentren las personas refugiadas y de los acontecimientos históricos que han atravesado, la historia del pueblo palestino es la historia compartida de una población sometida a un proceso cíclico de violencia y desposesión, pero también de resistencia y afirmación cultural.

En este contexto, la conmemoración de la Nakba no consiste únicamente en recordar un acontecimiento del pasado, sino en reconocer una experiencia que sigue vigente. Es, ante todo, una forma de reivindicar una vivencia colectiva de resiliencia, memoria y dignidad.

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Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España.