La Paz, Baja California Sur. -
El pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen con proyecto de decreto
presentado por la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, relativo a la iniciativa de la diputada María Guadalupe Saldaña
Cisneros, mediante la cual se busca fortalecer la protección de niñas, niños y
adolescentes en BCS, cuando alguien obligue a un menor de edad a vivir en unión
informal equiparable al matrimonio, exista o no consentimiento.

La reforma aprobada por el
pleno adiciona disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado y al Código Penal local, a fin de prevenir y sancionar
las uniones tempranas o forzadas. En materia penal, se incorpora el delito de
“cohabitación forzada de personas menores de edad”, sancionando a quien
obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de
18 años a unirse de manera informal o consuetudinaria con fines similares a los
del matrimonio.

La sanción prevista será de
ocho a quince años de prisión y de dos mil a cuatro mil días de multa. Además,
se precisa que el consentimiento de la persona menor de edad no excluye la
responsabilidad penal, ni podrán invocarse usos, costumbres, prácticas comunitarias,
religiosas o culturales como justificación.

Con la aprobación del
dictamen, se establece que el Estado y los municipios deberán adoptar medidas
integrales para proteger a niñas, niños y adolescentes contra la cesión a
título oneroso o gratuito con fines de unión.

El decreto también establece
la imprescriptibilidad de la acción penal y las sanciones tratándose de delitos
contra el libre desarrollo de la personalidad, fortaleciendo el acceso a la
justicia para las víctimas.

En la discusión del tema se
mostraron a favor las diputadas Karina Olivas Parra y Lourdes Cornejo Rendón,
Teresita de Jesús Valentín Vázquez y el diputado Martín Escogido Flores,
quienes respaldaron la reforma para fortalecer la protección de niñas, niños y
adolescentes en Baja California Sur, especialmente contra las uniones y
convivencias forzadas, destacando que la iniciativa previene y sanciona las
malas prácticas, precisando que los usos y costumbres deben evolucionar cuando
vulneran derechos humanos.

Previo a la aprobación del
dictamen, se contó con la participación de la ex diputada federal, activista
indígena zapoteca y defensora de los derechos de las mujeres y niñas, Eufrocina
Cruz Mendoza, quien compartió con medios de comunicación que, la aprobación de
la reforma fortalecerá la protección de la infancia y añadió que dichas
prácticas vulneran los derechos de la niñez y no deben justificarse por usos y
costumbres.

Ahí mismo se anunció que
actualmente Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas son los estados que recientemente reformaron
su Código Penal para castigar la cohabitación forzada con penas significativas,
por lo que la suma de BCS a esta lista marcará un precedente en materia de
protección y derechos a las infancias.