El sector minero, en poco más de una década, ha logrado atraer capitales significativos a través de cuatro contratos de explotación que representan años de negociaciones, compromisos y millonarias inversiones en curso. Pero hoy, una norma impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía, que abre la puerta a la revisión de esos acuerdos, enciende alertas en esta industria, ante el riesgo de seguridad jurídica.

Cambios de reglas afectan atractivo del sector

Para el gobierno se trata de una medida más, pero para el sector es una nueva traba. En lo que va del actual gobierno, la industria ya ha debido enfrentar una serie de cambios no previstos en sus estructuras de costos: la imposición de una tasa minera, los ajustes en las tarifas eléctricas y la obligación de autogenerar su propia energía. Trastocar ahora los contratos vigentes, sin diálogo ni consenso previo, no solo cambiaría las reglas de juego, sino que enviaría una señal de inestabilidad en un momento que ya es complicado.

La pregunta es, ¿qué debería hacer el Gobierno para mejorar las condiciones de mercado para operar? Abonar en lo anterior es restar atractivo a una industria y desperdiciar el potencial de este sector que hoy es una de las principales fuentes de ingresos no petroleros y un motor vital para atraer capitales frescos.