El Comité Ejecutivo Regional de Asaja Castilla-La Mancha se reunió con urgencia en la tarde de ayer para solicitar a la consejera de Desarrollo Sostenible el cese inmediato del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, al considerar que ha perdido la confianza del sector agrario por la gestión realizada durante la actual campaña de recolección del cereal.

La decisión se adoptó tras conocerse el mapa del Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales correspondiente a este jueves, que volvió a situar a prácticamente toda Castilla-La Mancha en nivel rojo extremo y mantiene importantes limitaciones para la realización de las labores de cosecha por cuarto día consecutivo en numerosas zonas de la región.

Asaja trasladó de inmediato esta petición a la consejera de Desarrollo Sostenible mediante una carta en la que denuncia que la aplicación continuada de las restricciones está provocando graves perjuicios a cientos de explotaciones agrícolas. La organización considera que la Viceconsejería de Medio Ambiente no ha sido capaz de compatibilizar la imprescindible prevención de incendios con el desarrollo de una actividad esencial para el campo castellanomanchego.

Según informa Asaja en un comunicado, las limitaciones actualmente vigentes no solo impiden cosechar durante las horas centrales del día, sino que exigen para el resto de la jornada unos medios materiales y humanos que resultan inasumibles para una gran parte de los agricultores, dificultando seriamente el desarrollo de la campaña.

La organización advierte de que esta situación está provocando retrasos continuados en la recolección, pérdidas potenciales de producción por sobremaduración del cereal, un incremento de los costes de explotación y una creciente preocupación ante el riesgo de tormentas que puedan comprometer el trabajo de todo un año.

Asaja recuerda que los agricultores son los primeros interesados en prevenir los incendios forestales y que siempre han demostrado su compromiso con la protección del medio natural. Sin embargo, considera que la prevención debe articularse mediante medidas proporcionadas, técnicamente justificadas y adaptadas a la realidad del campo, evitando que el peso de esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quienes desarrollan su actividad en el medio rural.

La organización agraria lamenta que esta problemática vuelva a repetirse un verano más sin que la Administración regional haya sido capaz de establecer un sistema de gestión que compatibilice la seguridad con la viabilidad de las explotaciones.