Libia Dennise García Muñoz Ledo sonríe a la cámara con un huevo Kinder Sorpresa en una mano y un Ferrero Rocher en la otra. Sostiene también una barra Kinder Délice, cuyo empaque, como el de los otros dos productos, lleva impresos, en letra pequeña y casi invisible al lente, sus respectivos sellos de advertencia. «Adivinen quién va a anunciar una inversión», escribió la gobernadora de Guanajuato en su cuenta personal para anunciar que Grupo Ferrero invertirá 86 millones de dólares para ampliar su planta en San José Iturbide. Pero hay un problema con esa foto y tiene mayor peso que cualquier inversión.

En teoría, siempre es buena noticia que una empresa decida seguir invirtiendo en México en medio de la incertidumbre económica. Celebrar la llegada de capital y empleo es parte del oficio de gobernar. Ese no es el problema; el asunto es el contraste entre la imagen y lo que la gobernadora debería saber sobre la empresa que está celebrando.

El asunto es que Ferrero no es un actor neutral en la conversación sobre salud pública en México. Según los documentos revisados para la investigación «México, el campo de batalla de la industria de alimentos ultraprocesados«, la compañía presentó tres amparos contra el etiquetado frontal de advertencia y contra las restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a la infancia. Argumentó ante los tribunales que las normas «restringen de manera desproporcionada y exorbitante» su libertad de comercio y de expresión comercial, que no son «idóneas ni necesarias» para que los consumidores accedan a información veraz, y que carecen de sustento científico y técnico. 

Organismos como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF han señalado, en cambio, que el etiquetado mexicano es una herramienta idónea para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la omnipresencia de la comida ultraprocesada.

Y aunque perdió los dos amparos contra los sellos (el litigio sobre publicidad sigue sin resolverse), como documentó la serie «Big Food vs the People«, Ferrero aparece involucrada en litigios similares en Brasil —donde forma parte de las asociaciones industriales que demandaron a la agencia sanitaria ANVISA para frenar restricciones a la publicidad infantil— y en el Reino Unido, donde su filial Eat Natural envió cartas de advertencia preventiva al Ministerio de Salud británico para disuadirlo de endurecer las normas sobre productos altos en azúcar, sal y grasa. Consultada por los periodistas de esta investigación, Ferrero respondió que apoya «los objetivos de salud pública orientados a reducir la obesidad» y que sus desencuentros con las autoridades regulatorias han sido por «criterios de claridad» en la aplicación de las normas, no por oposición a sus fines.

Pero la lista de ingredientes de la empresa fabricante de Nutella son básicamente azúcar y la grasa vegetal; hay, literalmente, más aceite de palma que avellanas en el frasco. La compañía ha buscado matizar esa lectura señalando que buena parte de sus presentaciones se venden en porciones individuales pequeñas —asegura que 91% de sus volúmenes de mercado contienen menos de 150 calorías por envase—, un argumento que dice más sobre el tamaño de la ración que sobre la calidad nutricional de lo que hay dentro de ella.

Mientras tanto, los números de Guanajuato nos muestran qué tan grave es la situación. Según la Ensanut Continua 2023, dada a conocer por la propia Secretaría de Salud del estado, más de un tercio de los adolescentes guanajuatenses vive ya con sobrepeso u obesidad, una tendencia que inicia en la infancia y se agrava con la edad.

Las consecuencias de que estos problemas de salud no sean atendidos adecuadamente se muestran en las Estadísticas de Defunciones Registradas de INEGI: la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en Guanajuato en 2024, con 6,124 fallecimientos —más que los 3,731 homicidios registrados ese mismo año—. Con eso, Guanajuato tiene la sexta tasa de mortalidad por diabetes más alta del país, casi 20% por encima del promedio nacional. Es, en la misma escala de gravedad que la violencia, un problema que la política pública debe atender.

Existe, además, una obligación de la gobernadora que no es retórica, sino legal. La Ley de Salud del Estado de Guanajuato establece que la promoción de la salud comprende la educación para una alimentación correcta y saludable; y obliga expresamente a las autoridades estatales a fomentar estilos de vida saludables y a impulsar campañas de información sobre alimentación adecuada.

Es cierto que la actual administración ha impulsado iniciativas como la Liga de la Salud, pero estas señales contradictorias tienen un impacto. La gobernadora es una figura influyente en redes sociales, y parece consciente de ello: no es casual que ella elija sus redes sociales como vía para anunciar una inversión millonaria. Ese mismo alcance es el que convierte una sonrisa frente a tres productos con sellos de advertencia en algo más que una anécdota de comunicación.

Sinceramente no creo que lo haga de mala fe. Es posible que se trate de un desliz de mercadotecnia política, del entusiasmo genuino por una inversión. Pero la buena fe no exime de responsabilidad, y menos cuando la ley es explícita sobre cuál debe ser la prioridad de una gobernadora que se dice preocupada “por la gente”: debe poner por encima el bienestar de los guanajuatenses, en particular el de las niñas y los niños que hoy engrosan las cifras de sobrepeso y obesidad, en niveles que nos colocan entre los más preocupantes del país.