La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) denunció que el Gobierno incumplió el acuerdo firmado en abril para instalar mesas técnicas de diálogo destinadas a discutir reformas en materia minera, hidrocarburífera y territorial.

La organización advirtió que, si en un plazo de 15 días no se inicia el proceso de negociación comprometido, impulsará movilizaciones a nivel nacional y acciones legales.

El pronunciamiento refleja un nuevo foco de tensión en torno a la gestión de los recursos naturales y la seguridad jurídica sobre los territorios indígenas, un tema con implicaciones económicas para proyectos de inversión, actividades extractivas y el desarrollo regional.

«Han pasado más de tres meses y ninguna mesa técnica ha sido instalada. El Gobierno incumplió su palabra», afirmó la Cidob en un manifiesto público, al cuestionar la falta de avances en los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

La organización sostuvo que su demanda no responde a un interés de participar en espacios políticos específicos, sino a garantizar el derecho a la consulta y al diálogo previo sobre decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.

«No pedimos participar en esa cumbre. Exigimos que cualquier norma que afecte nuestros territorios, aguas, bosques y formas de vida sea producto de espacios de diálogo amplios y legítimos, con participación indígena», señala el documento.

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Cidob

La ausencia de estos espacios de concertación podría incrementar la incertidumbre en sectores vinculados a la minería, los hidrocarburos y la administración de tierras, actividades que representan una parte importante de la economía boliviana. Analistas coinciden en que los conflictos sociales y los bloqueos suelen generar retrasos en inversiones, mayores costos operativos y riesgos para la producción y la logística.

En el plano humano, la Cidob sostiene que las reformas en discusión inciden directamente sobre los medios de vida de las comunidades indígenas, cuya economía depende en gran medida del acceso y la preservación de sus territorios, fuentes de agua y bosques. La organización argumenta que la falta de diálogo compromete no solo derechos colectivos reconocidos por la Constitución, sino también la sostenibilidad de sus actividades productivas y culturales.

Como medida de presión, la entidad declaró en estado de emergencia a sus 34 naciones y 15 regionales, anticipando que activará movilizaciones nacionales si el Gobierno no cumple el compromiso asumido.

«Si en 15 días el Gobierno no instala las mesas técnicas acordadas, nos movilizaremos nacionalmente. Nuestras 34 naciones y 15 regionales están en estado de emergencia», concluye el manifiesto.

Hasta el momento, el Gobierno no emitió una respuesta pública al pronunciamiento de la organización indígena.