Las causas detrás del fuerte accidente que dejó 15 muertos en mina de Boyacá – El Colombiano
Los equipos de rescate que acudieron a la mina La Chapa, en zona rural del municipio de Tasco, Boyacá, duraron 46 horas sacando los cuerpos de 15 personas que fallecieron en un accidente ocurrido este sábado. Con esta tragedia, en el país ya van 36 personas fallecidas en 19 emergencias mineras, según los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Una vez ocurrió el accidente, la Alcaldía de Tasco informó que su causa fue una acumulación de metano y polvo de carbón en las inmediaciones de la mina, lo cual más tarde provocó una explosión.
Aunque la mina La Chapa cuenta con un título minero, lo cual avala sus actividades de explotación, la ANM informó que hará una investigación del título minero para determinar las causas y las responsabilidades después de la explosión. Durante las labores de rescate, el personal de la ANM tuvo que instalar un ducto “para mejorar las condiciones ambientales bajo tierra”, pues identificó una alta concentración de metano.
La acumulación de ese hidrocarburo es una de las causas más comunes de accidentes mineros en Colombia, que desde el 2020 han dejado 353 personas muertas. Según explicó Leonardo Guiza, profesor de Derecho Minero y Ambiental de la Universidad del Rosario, en los yacimientos de carbón pueden generarse bolsas de metano o de gas natural, que aumentan los riesgos de que ocurran accidentes graves para los mineros. Si no se toman las medidas de seguridad correctas, cuando las piedras se fracturan pueden empezar a circular estos gases dentro de la mina. “Alguien prende una mecha o un fósforo y eso causa la explosión”, aseguró Guiza.
Y agregó que por esa razón antes de empezar una actividad de extracción se hacen estudios de exploración que pueden detectar esas “bolsas” subterráneas.
Sin embargo, señaló que el hecho de que los yacimientos mineros no tengan sus papeles en regla aumenta el riesgo de que se presenten emergencias. “Los accidentes no son producto de la mala suerte, se producen por actos inseguros”, aseguró por su parte Eduardo Alfonso Chaparro, analista minero y profesor de la Universidad Externado.
Su afirmación cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que en lo que va de este año se han reportado 12 muertes más que en el mismo período del 2021. Incluso, van 10 más que en febrero de 2020, un año en el que las cifras fueron especialmente altas, pues en esos 12 meses hubo 171 fallecimientos, el número más alto de la última década.
¿Cómo evitar más muertes?
Para mejorar la seguridad en materia minera es fundamental atacar la explotación ilícita, según los expertos consultados por este diario. En esa medida, Chaparro argumentó que se debe elevar la calidad de la fiscalización que se les hace a los yacimientos, aun cuando se trate de lugares que ya cuentan con títulos mineros. Según él, los encargados de hacer cumplir la ley deben ser profesionales “del más alto nivel”, experimentados y bien remunerados.
Chaparro opinó que la autoridad minera debería impulsar que se eliminen por completo los impuestos para los equipos de seguridad que se utilicen bajo tierra.
“Debería haber una capacitación masiva, obligatoria y permanente para los trabajadores, supervisores y los titulares de los derechos mineros”, señaló Chaparro. Y agregó que deberían fortalecerse las sanciones para quienes se pasen por la faja las normas de seguridad en las minas. “Por haber descuidado sus obligaciones en materia de seguridad han provocado la muerte y heridas graves a los trabajadores”, dijo.
El profesor Guiza también indicó que el hecho de que haya “una tasa de ilegalidad tan alta” muestra que las sanciones no son suficientes. “Aunque son medidas penales, se trata de delitos excarcelables”, aseguró y añadió que hay un subregistro en los accidentes que se dan en minas ilícitas, pues sus dueños no siempre reportan las emergencias.
Indicó que, independientemente de los costos que tienen los implementos de seguridad de los trabajadores, quienes se dedican a la extracción minera deben invertir una parte de sus recursos en garantizar que se cumplan los estándares de la ley. “Se trata de voluntad”, sostuvo. “Yo creo que el tema económico no se acompasa con el valor de una vida”, sentenció