Maduro y Delcy Rodríguez en la cúspide de la trama criminal del "oro de sangre" en Venezuela

«En el siglo XX, Venezuela estaba a la vanguardia de la conservación del medio ambiente y de la protección de los indígenas, fue el primer país de toda América Latina en crear un Ministerio de Ambiente, era como el referente… Pero todo eso se acabó con la llegada del chavismo«, así de contundente es la antropóloga venezolana Cristina Burelli.

«Hugo Chávez decía que él era pro indigenista. De hecho, en la Constitución de Chávez hay artículos muy buenos, que reconocen los derechos de los indígenas, pero nada de eso se ha cumplido», asevera a LD. Después, el Ministerio de Ambiente «lo han sustituido con esta caricatura… Porque es un chiste llamarlo el Ministerio de Ecosocialismo. Hacen todo menos preservar el ambiente. Pero, lamentablemente, este idioma y este lenguaje cala. Y las grandes ONGs internacionales se creyeron ese cuento«.

Tanto es así que estas organizaciones ni siquiera cuestionan los distintos programas mineros que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han implementado para explotar las reservas de oro, diamantes y coltán de la región amazónica, sin importarles el terrible impacto que tendría tanto para el ecosistema como para las comunidades indígenas que viven en estas tierras.

«No respetan ni áreas protegidas ni pueblos indígenas. No se han hecho estudios ambientales, ni se ha conseguido el consentimiento de los pueblos indígenas donde están abriendo estas minas», señala Burelli durante la entrevista. El régimen chavista atenta contra el patrimonio natural del país y las distintas etnias que habitan la Amazonia venezolana. Pero, como buen trilero, hace que nada parezca lo que es.

La propaganda del amor

El Arco Minero del Orinoco es el rótulo que Maduro ha colocado a una inmensa extensión de terreno (cerca de 112.000 km2) adyacente a la costa sur del río Orinoco y que es la «marca» de su política minera «criminal y descontrolada». Detengámonos en el nombre, a las siglas de la denominación elegida por el Gobierno y que éste usa para blanquear los verdaderos fines de la actividad: AMO.

«Hablan de amor, pero hay de todo menos amor por los indígenas, de todo menos amor por el hombre. Y esto es algo que tenemos que visibilizar», denuncia Burelli. «Con ese nombre, quieren dar la sensación de que ellos aman el ambiente, aman la minería… Pero la minería sostenible, eso es lo que ellos dicen», explica.

De hecho, el día en que firma el decreto asegura (minuto 59 del video), Maduro asegura que otorga «los permisos para declarar como zona de uso minero ecosocialista» 23 áreas de ese terreno. Lo eco y el socialismo se ve que lo justifican todo. Llamó (minuto 37:30 del video) a los mineros «a construir una poderosa minería artesanal, ecosocialista, amigable y social«. Todas ellas, palabras que repitió en numerosas ocasiones.

Según explica Burelli, «quieren hacer pensar que esto es una zona geográficamente delimitada, que es sólo ahí donde ocurre la minería, en ese 12% del territorio nacional que equivale al tamaño de Portugal, en el corazón del país», que no es poco. Pero, como veremos más adelante, nada más lejos de la realidad. Esas minas ilegales se extienden hacia el sur del país.

Una trama criminal

Cuando Cristina Burelli tenía sólo 13 años, hizo su primera expedición a la amazonia venezolana. Una experiencia que le impactó tanto como para estudiar antropología y volver a visitar la zona en decenas de ocasiones. Siempre le atrajo la belleza de este gran tesoro que tan pocos venezolanos tienen la suerte de conocer. La vida le llevó a vivir en distintas partes del mundo, pero siempre con la miraba puesta en su tierra y su gente.

«En 2017, se pensaba que podía venir un cambio político en Venezuela. Varias organizaciones y universidades empezaron a hacer estudios sobre qué ocurría en el país, y cómo nos teníamos que preparar para ‘el día después’ del cambio», relata. Se trataba de conocer el estado de «la economía, la industria petrolera, la salud, la educación, etcétera». Pero ella se observó que esas averiguaciones se hacían siempre sobre el norte de Venezuela. «Nadie hablaba del sur», exclama.

Entonces, ella se dedicó a «buscar», a completar la información, y se topó de bruces con «los rumores de la minería ilegal dentro de la ‘joya de la corona’ de la biodiversidad y la naturaleza venezolana que es Canaima, sitio Patrimonio Mundial«. En cuanto rascó un poco, descubrió que había «informaciones periodísticas sobre el arco minero que se acababa de declarar en el 2016, sobre la apertura de minas… Pero no había denuncia a nivel, por ejemplo, de UNESCO«.

El siguiente paso fue contactar con «expertos en Venezuela, académicos, para preguntarles» sobre el asunto. «Había mucho miedo», esa fue su conclusión. «Miedo por parte de los académicos que obviamente iban a ser blanco de los ataques del régimen, miedo de las ONGs que les iban a quitar los fondos o los iban a enjuiciar», por eso los que sí sabían lo que estaba ocurriendo no decían nada.

Así que Cristina decidió dar un paso más y crear SOS Orinoco. «Le propuse a este pequeño grupo de expertos que hiciéramos un informe muy técnico, bajo la promesa de que trabajarían de forma anónima«, explica. «Yo averigüe con UNESCO que lo aceptaban. Venezuela no es el único país del mundo -lamentablemente- donde se abusan los derechos humanos de los activistas. Estaban acostumbrados» a recibir información de esta manera.

No tardaron mucho en percatarse de lo que estaba pasando y de que el Gobierno de Maduro estaba implicado. «A medida que fuimos haciendo el primer informe, ya nos dimos cuenta de toda una trama delincuencial«, señala. El régimen estaba parcelando y repartiendo todo el territorio al sur del Orinoco.

La implicación de los indígenas

En la base de la pirámide, de esta trama criminal, nos encontramos a mineros e indígenas. «Cada vez más hay más indígenas que se van a la mina porque ya no hay turismo ecológico. Muchos de estos indígenas vivían un poco de él y cuando se acabó se volvieron dependientes de las ayudas del Gobierno de Chávez, que les mandaba comida y todo tipo de cosas».

El resultado: «ellos fueron abandonando sus costumbres autóctonas, agroforestales». Y, cuando llegó el «descalabro económico» y dejaron de llegar esas ayudas, se vieron avocados a buscarse la vida de otra manera. En este caso, en la mina.

«Eso ha contribuido a un desmembramiento terrible de estas etnias indígenas porque se van los hombres a la mina, las mujeres se van a la prostitución, los niños los dejan con los abuelos…», lamenta. Y todo en un marco de violencia extrema. «Los que controlan la mina son grupos armados organizados».

Luchas entre grupos armados

Esos grupos son precisamente los que ocupan el siguiente escalón. «Muchos de ellos tuvieron orígenes en los grandes sindicatos de las empresas básicas de Venezuela, cuando se hacía hierro, aluminio y tal», explica Burelli. «Esas empresas quebraron todas por el mal manejo del chavismo. Y esos sindicatos, en el momento en que Chávez nacionaliza la minería y echa a todos los extranjeros, llenan ese vacío».

Acto seguido, «esos sindicatos se criminalizan». «Son muy crueles. Ahí el que se roba algo de oro, el que no paga tiempo o el que no llegó, o el que delató… Los desmiembran, les cortan las manos… Es un horror lo que está ocurriendo ahí en temas de abuso de Derechos Humanos», advierte. Y a esta situación hay que sumar «las condiciones paupérrimas y espantosas» en las que vive esa gente. Hablamos de trabajo infantil, de malaria y todo tipo de enfermedades.

Por otra parte, se encuentran los grupos armados de guerrilleros colombianos que están controlando minas. Y, por encima de ellos, los militares de los estados de Bolívar y Amazonas. «Ellos controlan el acceso a la gasolina, que es fundamental. Si no, no puedes trasladarte, no puedes llevar material aurífero de la mina a plantas de cianuración… Ellos controlan el acceso al mercurio, también fundamental para este tipo de minería semi artesanal. Ellos controlan ese acceso y por supuesto ellos cobran por eso».

Los jerarcas y sus minas

«Estamos viendo un parcelamiento del territorio. Los jerarcas chavistas y maduristas, que son los que reparten las parcelas, reparten a gobernadores, reparten a generales, reparten entre ellos. Y cada uno se arma para defender su parcela y su mina, vemos conflictos entre ellos…», describe la antropóloga.

En la cúspide de la pirámide «obviamente está Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, o sea los jerarcas maduristas, que son los que asignan estos bloques -digamos- de minería y de control. Y ellos también se benefician, por supuesto», exclama Burelli.

«Delcy Rodríguez tiene sus minas, es un secreto a voces», asegura, «ella viaja mucho al Estado Bolívar, hay fotos de ella recorriendo minas… Todo el mundo sabe que ella tiene minas y que estos jerarcas se benefician de la minería en distintos roles, distintos lugares, pero todos se están beneficiando».

Contrabando y terrorismo

Para que así sea, lo que se extrae de la mina hay que sacarlo del país y venderlo. Antes era algo más complicado, porque el oro tenía que pasar por el Banco Central de Venezuela. Pero Maduro se encargó de quitar esa traba eliminando dicha obligatoriedad. «Eso ha liberado a estos jerarcas y el oro sale por todos lados. Se calcula que solo un 20% del oro producido en Venezuela llega a las arcas del Banco Central. Todo lo demás, sale por contrabando», asegura.

Es «oro se sangre». Así lo llaman desde la ONG SOS Orinoco porque «todo ese oro, desde su origen empieza con sangre, empieza con violencia, con unas condiciones espantosas para los mineros… Y además está financiando el terrorismo internacional, a través de estas guerrillas». No lo dice Burelli, así lo recoge el informe de la OCDE ‘Flujos de oro desde Venezuela’ (2021).