Masivas protestas por la crisis económica y política acorralan al presidente de Sri Lanka
Las marchas en las urbes del país del sur de Asia completan casi un mes, aunque fue desde el 31 de marzo cuando se tornaron multitudinarias por el agravamiento de la crisis de liquidez y productos de consumo diario. Lideradas por jóvenes y estudiantes, las protestas son el mayor acto de presión contra el presidente esrilanqués, Gotabaya Rajapaksa, desde donde se exige que renuncie por su incapacidad para ofrecer soluciones efectivas ante una situación socioeconómica cada vez más compleja.
Continúa la tensión en Sri Lanka en paralelo a una acuciante crisis económica y de bienes de primera necesidad que ha sacado a miles de personas a las calles para exigir explicaciones por parte de las autoridades y la renuncia del presidente de ese país, Gotabaya Rajapaksa.
Este sábado 9 de abril, en una nueva jornada de manifestaciones masivas en contra la deriva del actual Ejecutivo, miles de personas se tomaron las principales vías de la capital ejecutiva, Colombo, portando pancartas y banderas nacionales al tiempo que coreaban consignas contra el Gobierno actual, que consideran ha llevado al país a la peor crisis económica en décadas, con una limitación de acceso a bienes básicos y una tasa inflacionaria por encima del 17%.
La precaria situación política y económica que atraviesa Sri Lanka ha cohesionado a la sociedad, haciendo de las protestas enclaves de unión entre la mayoría de las etnias y religiones que conviven en la nación isleña del sur asiático.
“Gota Go Home” (“Gotabaya váyase a casa”) es la proclama que se ha hecho protagonista en las últimas semanas por los miles de jóvenes y estudiantes universitarios, principalmente, que son quienes lideran las marchas y el descontento para con el Ejecutivo actual.
Sin embargo, el pasado miércoles 6 de abril, el presidente Rajapaksa manifestó su negativa a renunciar al cargo pese a las presiones desde la calle y también desde la oposición en el Parlamento esrilanqués.
“Como Gobierno, declaramos que el presidente no renunciará bajo ninguna circunstancia. Enfrentaremos esto”, anunció Johnston Fernando, el líder del grupo parlamentario del Gobierno nacional.
Como consecuencia de la falta de medidas por parte de las autoridades, la oposición amenazó este viernes, 8 de abril, con presentar una moción de censura contra el mandatario, a quien acusan de inacción ante la ola de protestas y de concentración de poder.
«Si no se va, vamos a destituirle”, amenazó Sajith Premadasa, dirigente del Samagi Jana Balawegaya (SBJ), la alianza opositora, durante la última sesión parlamentaria en la que también se analizó el más reciente informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación económica del país.
Además, el dirigente opositor criticó la deriva autoritaria del presidente Rajapaksa, que en 2020, valiéndose de su mayoría parlamentaria, aprobó la vigésima enmienda de la Constitución por la que el mandatario pasaba a ser tenedor de poderes extraordinarios.
Esta enmienda vino a sustituir a otra aprobada en la anterior legislatura en la que expresamente se limitaba el poder del líder del Ejecutivo.
«La vigésima enmienda ha creado un Súper-Presidente-Ejecutivo. La presidencia ejecutiva deber ser abolida AHORA», exigió Premadasa.
«20th Amendment has created a Super-Executive President. The Executive Presidency needs to be abolished. NOW.» – @sajithpremadasa
— Samagi Jana Balawegaya (@sjbsrilanka) April 8, 2022
Desde los partidos izquierdistas también hubo críticas contundentes para Rajapaksa: “Este presidente es una de las razones por las que este problema es más complicado y ni siquiera ha demostrado la capacidad para resolverlo. Por lo tanto, no se ofrecerá ninguna solución bajo su mando», expresó el líder del partido progresista Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), Anura Kumara Dissanauaka.
La mayoría parlamentaria con la que contó el presidente srilanqués para dotarse de poderes extraordinarios en octubre de 2020, en mitad de la pandemia, no existe más.
Como consecuencia del recrudecimiento de las protestas el pasado 31 de marzo, cuando se produjo un intento de ingreso a la residencia del mandatario por parte de manifestantes y otros actos de repulsa hacia el presidente frente a las puertas de su casa, el Gobierno nacional decretó un día más tarde el estado de emergencia para dotar de recursos especiales a las fuerzas de seguridad y la policía.
Aquella medida suspendió derechos fundamentales de la ciudadanía como el acceso a las redes sociales o las detenciones arbitrarias. Todo ello acompañado de un toque de queda de 36 horas, que los manifestantes desafiaron.
In Sri Lanka, protestors are defying the nationwide curfew and breaking through police barricades to demonstrate against food shortages & the country’s collapsing economy. It’s time for Rajapaksa to go.pic.twitter.com/aYpxbpMH16
— Steve Hanke (@steve_hanke) April 9, 2022
Esta respuesta exacerbada, no obstante, generó el rechazo masivo del Ejecutivo esrilanqués y supuso la renuncia en bloque del gabinete de Rajapaksa, que tuvo que buscar rápidamente sustitutos para mantener la actividad del Gobierno.
Además, 42 parlamentarios de la coalición oficialista retiraron también su apoyo al mandatario, dejándolo sin mayoría en la Cámara Baja. Es por ello, según apuntan los expertos, que Rajapaksa dio un paso atrás y derogó el estado de emergencia, pues la ley obliga a que este sea aprobado por una mayoría con la que ya no cuenta.
Durante la última sesión parlamentaria, que contó con la presencia del presidente, también hubo tiempo para que el extitular del Ministerio de Finanzas, Ali Sabry, defendiera el derecho a la protesta de la ciudadanía y también las medidas adoptadas por el equipo de gobierno.
«Hemos escuchado las necesidades de la ciudadanía. Hemos levantado el estado de emergencia. Nos deshicimos de los ministros del gabinete como lo pidieron. Fuimos elegidos por 5 años, pero solo cumplimos 18 meses. Sin embargo, renunciamos e incluso propusimos un gobierno interino para que todos actúen como uno y resuelvan los problemas», exclamó Sabry en el Congreso.
La propuesta del Gobierno de concentración nacional fue presentada por Rajapaksa el pasado lunes, 4 de abril, en un intento por zafarse de las exigencias de renuncia por parte de la sociedad civil así como de la presión opositora.
El mandatario llamó «a todos los partidos políticos con representación” para gestionar la creación de un gobierno de concentración con objeto de «encontrar soluciones a la crisis nacional”.
Es «momento de trabajar juntos por el bien de todos los ciudadanos y las generaciones futuras”, destacó Rajapaksa. Sin embargo, la petición no fue aceptada por los miembros de la oposición, que sostienen que la única solución a la crisis existente pasa por la renuncia del jefe de Estado actual.
Al margen del intento fallido de congregar a toda la clase política para buscar una solución conjunta a la deteriorada situación económica que sufre Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa sigue manteniendo que él no es el precursor de la emergencia actual. El mes pasado ya clamó, en un discurso dirigido a la nación que “esta crisis no fue creada por mí”.
En la misma línea se manifestó el pasado 1 de abril, cuando en una entrevista concedida a la cadena CNN el mandatario esrilanqués se desmarcó de toda culpa y dijo que era incorrecto decir que su gobierno había gestionado mal la economía, sino que fue el Covid-19 el germen del escenario actual.
La economía esrilanquesa, a la deriva
Según los analistas, la difícil situación que entraña la economía en la nación insular del sur asiático se ha venido gestando durante la última década.
Murtaza Jafferjee, presidente del grupo de expertos Advocata Institute, dijo a CNN que en los últimos años Sri Lanka se ha valido de numerosos préstamos de capital extranjero para la financiación de servicios públicos.
Esta dependencia del exterior, sumada a una concatenación de desastres naturales y las malas decisiones de la clase política han diezmado considerablemente la economía del país. A estos ingredientes se suman la crisis constitucional de octubre 2018 cuando, alegando motivos de conducta “impropia” y «conflictos políticos”, el entones presidente Maithripala Sirisena destituyó fulminantemente al primer ministro Ranil Wickremasinghe, un extremo que generó una enorme convulsión política en la nación.
En abril de 2019, en plena Semana Santa, una cadena de atentados liderados por extremistas religiosos en cuatro hoteles y tres iglesias dejó 290 muertos y más de 500 heridos en el considerado peor ataque terrorista desde el final de la guerra civil en 2009. Este hecho también tuvo repercusiones sobre la imagen del país, cuyo atractivo turístico se vio perjudicado antes del inicio de la pandemia de coronavirus, que supuso la estocada para una economía ya en apuros.
Como consecuencia de todos estos escenarios, el déficit se consolidó y el Gobierno ha ido poniendo parches que no han ofrecido ninguna solución de fondo.
Desde la bajada de impuestos, que terminó reduciendo los ingresos del Estado y sacando al país del acceso a los mercados internacionales, a emplear las reservas extranjeras para hacer frente a la deuda, lo que ha generado un serio impacto en la importación de bienes esenciales y una inflación a la que la ciudadanía cada vez puede hacer menos frente.
La devaluación de la divisa local, la rupia esrilanquesa, supuso también un golpe económico para la sociedad. Mientras, el Gobierno defendió la decisión como mecanismo para atraer un préstamo del FMI, una solución que está lejos de ser unánime entre los aliados del presidente.
En paralelo, Sri Lanka busca apoyo económico de sus vecinos, China e India. Esta última nación ya emitió una línea de crédito multimillonaria, en cuanto la nación isleña debe afrontar el pago de más de cuatro mil millones de deuda durante 2022.
Mientras la economía esrilanquesa naufraga, los ciudadanos hacen largas colas en supermercados y estaciones de hidrocarburos para dotarse de productos básicos, cada vez más escasos y limitados. También hacen frente a prolongados cortes de luz, que en la capital, Colombo, han llegado a durar más de 10 horas en las últimas semanas.
Es por ello que miles de ciudadanos exigen respuestas inmediatas y renuncias en el marco del Gobierno, con el ánimo de que la precaria situación en la que están viviendo se revierta.
Mientras el Ejecutivo capea el temporal a duras penas, la represión contra los manifestantes es cada vez mayor y el desespero en el Gobierno de Rajapaksa es palpable ante la incapacidad de ofrecer una alternativa al escenario presente.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ya alertó el pasado febrero de “la deriva hacia la militarización y el debilitamiento del sistema de control institucional en Sri Lanka” que “ha afectado la capacidad del Estado para abordar de manera eficaz la crisis económica y garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población del país”.
Desde el organismo multilateral se ha reforzado la preocupación en las últimas semanas y se insta a una distensión entre las partes para alcanzar una solución acordada, basada en “un diálogo integrador» y “con miras a evitar que la situación se polarice aún más”.
Con EFE y medios internacionales