Los crímenes de guerra cometidos en Ucrania podrían no hallar justicia
No obstante, los tribunales de Núremberg solo consideraron las atrocidades cometidas por los nazis derrotados. El juicio del comportamiento de los aliados victoriosos se dejó en manos de los sistemas judiciales de esos países, que, como era de esperarse, sentenciaron a algunos militares individuales, mas no a sus gobiernos.
En gran medida, este modelo se ha mantenido desde entonces.
Cuando la guerra civil de Ruanda derribó a su gobierno, ampliamente acusado de genocidio, las Naciones Unidas establecieron un tribunal, pero el nuevo gobierno ruandés decidió a quién entregar. En su mayoría, los acusados en el juicio fueron los del bando derrotado.
El líder de guerra de Serbia, Slobodan Milosevic, compareció ante un juicio en La Haya solo después de que los dirigentes de la oposición lo destituyeron y extraditaron. Una vez fuera del territorio serbo, Milosevic ya no causaría problemas y, al delegar su sentencia al extranjero, la oposición evitaba ensuciarse las manos.
La Corte Penal Internacional, el organismo preeminente para juzgar los crímenes de guerra, ha levantado cargos contra 40 personas. Todas son provenientes de África. Muchos son líderes o rebeldes que perdieron una guerra o una lucha de poder. Muchos, como Milosevic, fueron remitidos ahí por los actores que los depusieron.
Si bien las sentencias de la CPI se consideran creíbles, a veces se perciben como dadas en automático conforme el resultado de una guerra civil o una lucha de poder, puesto que ayuda a los vencedores a desterrar a sus opositores a prisiones lejanas.
El alcance de dichos tribunales y cortes a menudo se limita a los países en donde se les pidió investigar. Las cortes tienen acceso a Ruanda, Bosnia y Camboya porque los gobiernos de esos países así lo quisieron.
En 2010, la CPI abrió una investigación por la violencia electoral que quitó la vida a más de 1000 personas en Kenia y más tarde nombró al político Uhuru Kenyatta y a otros como sospechosos de instigación. Pero abandonó el caso luego de que Kenyatta se convirtió en el presidente del país, alegando que no tenía modo de proceder. Incluso antes de que el caso fuera retirado, Kenyatta viajó a La Haya para comparecer ante la corte que lo investigaba y desestimó a la CPI como “un juguete de las potencias imperiales en decadencia”.