Excarcelado Antauro Humala genera especulaciones en medio de la crisis política
La excarcelación del mayor en retiro del Ejército Antauro Humala, líder de un grupo nacionalista radical y al que le faltaban pagar 18 meses de la pena de 19 años que le impusieron por la muerte de cuatro policías en 2005, generó nuevas incertidumbres en medio de la crisis política del Perú.
No bien salió de las rejas la noche del sábado, Humala se dijo orgulloso de la operación que le costó la libertad, conocida como «andahuaylazo», y retomó sus críticas a los gobiernos, incluyendo al actual del presidente de izquierda Pedro Castillo.
«La derecha ha fracasado durante dos siglos y la izquierda fracasa ahora con los mismos vicios. Esta crisis no es gubernamental, sino republicana», clamó el líder del partido en formación Frente Patriótico Peruano (FPP) respecto a administraciones que incluyen a la de su hermano mayor, Ollanta, presidente de 2011 a 2016.
La liberación de Humala por cumplimiento de pena ha sido presentada por la oposición de derecha como una estrategia de Castillo para incendiar las calles, aunque el Gobierno y allegados al excarcelado niegan que haya negociación en torno a una medida que, aseguran, se ajusta a derecho.
«No hay que ser ingenuos. Antauro Humala tiene las manos manchadas con sangre. Esto es una estrategia de campaña: utilizar a este sujeto para cerrar el Congreso a la fuerza», dijo en televisión el exjefe de la Policía Antiterrorismo José Baella, sin presentar pruebas.
Parlamentarios de derecha plantearon ya interpelaciones al ministro de Justicia, Félix Chero, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Omar Méndez, supuestos responsables de la libertad del que es percibido por adversarios como potencial líder de movilizaciones violentas.
El Inpe determinó que Humala ya cumplió la pena que iba hasta enero de 2024, pues se le disminuye un día por cada semana que dedicó a estudiar y trabajar en la cárcel de Lima en que estuvo por «homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción de armas de fuego y rebelión».
«La prensa y algunos políticos dicen que hay un arreglo bajo la mesa con Perú Libre (PL, partido que llevó a Castillo al poder), pero lo descarto porque está saliendo por aplicación de la ley», dijo la abogada del excarcelado, Carmen Huidrobo.
Perú vivía el cambio de año cuando, el 1 de enero de 2005, 160 exreclutas del Ejército liderados por Humala tomaron una comisaría de la ciudad andina de Andahuaylas, 430 kilómetros al sur de Lima, para forzar la renuncia del presidente Alejandro Toledo.
Cuatro policías y dos insurrectos murieron en el choque, que terminó horas después, cuando los atacantes quedaron atrapados por las Fuerzas Armadas. Antauro, hoy de 59 años, se estregó y estuvo preso desde entonces, sin verse favorecido siquiera por la llegada al poder de su hermano mayor.
Los Humala compartían entonces la ideología etnocacerista («etno» por las bases étnicas y «cacerista» por el héroe de la guerra contra Chile Andrés Avelino Cáceres), desarrollada por su padre, Isaac Humala, abogado que tras abandonar el Partido Comunista juntó elementos del marxismo, el fascismo y de su propia cosecha.
Al etnocacerismo, del que Ollanta se apartó antes de llegar a presidente, le atribuyen sus críticos de derecha e izquierda un nacionalismo extremo, un racismo desbordado favorable a los «cobrizos» (personas de raíz indígena), un militarismo radical y pensamientos xenófobos, machistas, homófobos, antisemitas y antidemocráticos.
Esas posiciones, que pretenden consolidarse con el FPP pero por ahora giran en torno a un pequeño partido de izquierda, Unión Por el Perú (UPP), son seguidas sobre todo por exreclutas pobres de extracción andina que ven en Antauro a su líder y hacen proselitismo vestidos con prendas militares.
Ollanta y Antauro eran dos anónimos militares cuando a fines de 2000 intentaron derrocar al entonces desfalleciente gobierno autoritario de Alberto Fujimori. La acción fue contralada fácil, pero Ollanta, teniente coronel, y Antauro, entonces ya de baja del Ejército por indisciplina, lograron dar a conocer el etnocacerismo.
Caído Fujimori días después, a Ollanta se lo perdonó, y siguió su carrera como agregado militar en París y Seúl. Pero, en 2004, Toledo lo envió al retiro. Dos semanas después ocurrió el «andahuaylazo», que, según Antauro, fue idea de su hermano, aunque éste lo niega.
En los años siguientes, Antauro desde prisión y su padre desde los foros siguieron la promoción del etnocacerismo, mientras Ollanta viraba hacia el centro y hacía un Gobierno liberal-conservador que se negó a hacerle la más mínima concesión a su encarcelado hermano.
Para opositores, al margen de que Antauro tenga un arrastre electoral pobre, puede causar caos. Por ello, vinculan su libertad con llamados de Castillo para que la gente salga a defenderlo de lo que él llama una persecución «golpista» en su contra lanzada por la oposición política y mediática y parte del aparato judicial.
La reacción del máximo líder de PL -partido al que Castillo ya no pertenece pero que lo sigue apoyando-, Vladimir Cerrón, fue elocuente a favor de la excarcelación, lo que alimenta las especulaciones de la oposición. Funcionarios del Gobierno, por su parte, han adoptado discursos más neutros.
Pero hay dudas: «Antauro no va a apoyar a un Gobierno corrupto», dijo recientemente su esposa, la excandidata a la vicepresidencia por UPP Ida Andrade. El nonagenario Isaac y el excongresista Virgilio Acuña, visto como el principal sostén del ahora exreo, han sido más cautos.
Las primeras palabras de Humala libre apuntan a que no será necesariamente aliado de Castillo si el hostigado mandatario lo pretende. Lo que queda claro es que el mayor retomará el accionar político y de hecho sus seguidores ya anuncian giras.
«Nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. Los hechos nos dan la razón. ¿Dónde están los presidentes contra los que nos rebelamos hace 17 años? Toledo prófugo (por) corrupto y ladrón. (Pedro Pablo) Kuczynski, que era ministro durante el ´andahuaylazo´ (y hoy está en prisión domiciliaria), igualito», reclamó Humala.
Perú vive una crisis política desde el año pasado, con una oposición que busca fórmulas para destituir a un Castillo con seis investigaciones fiscales abiertas por presunta corrupción. Según las encuestas, a Castillo solo lo apoya un 25 % de la población, pero a sus enemigos en el Congreso solo un 10 %, sin que se vislumbren salidos al empantanamiento.