Falta de permisos y supervisión, entregas a destiempo, pagos indebidos: la ASF señala …
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) liberó para su venta y distribuyó 39 mil 290 dosis de las vacunas antiinfluenza y hexavalente acelular sin contar con los permisos emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). De 30 mil dosis no verificó que tuvieran las condiciones adecuadas de temperatura; tampoco modificó contratos en los que el proveedor cobraba una distribución que no hizo y hubo errores y tardanzas en el reparto de los fármacos a los estados del país.
En tanto, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hizo una adjudicación directa argumentando caso de fuerza mayor, cuando podía haber previsto la compra que realizó bajo esta modalidad; además, no contó con un sistema informático para control y seguimiento de compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud, incluyendo las vacunas, lo que derivó en que algunas de ellas caducaran en almacenes de la Ciudad de México.
Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dos auditorías de cumplimiento al Programa de Vacunación, una dedicada al Censia y otra al Insabi, en el marco de la revisión a la Cuenta Pública 2021.
El caso Censia
De las 20 millones 209 mil 800 dosis adquiridas por el Censia, no se proporcionaron los permisos de la Cofepris con los que se autorizó liberar producto para la venta y distribución de 39 mil 290 vacunas (26 mil 800 de antiinfluenza y 12 mil 490 de hexavalente acelular).
Además, en la distribución de 5 millones 571 mil 310 dosis de la vacuna antiinfluenza y de 1 millón 150 mil 497 de la vacuna hexavalente acelular, entregadas a 12 entidades (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), los servidores públicos que firmaron de recibido no contaban con facultades para ello.
En la recepción de 30 mil 204 dosis de la vacuna hexavalente acelular en Nuevo León no se proporcionaron las gráficas de temperatura, el resumen ni la tabla correspondiente.
Por otra parte, el Censia no elaboró convenios modificatorios de tres contratos con los que se pagaron 62 millones 256 mil 704 pesos en insumos, y que debieron modificarse porque en los oficios de cotización se señaló que el proveedor incluía el servicio de distribución en cualquiera de las 32 entidades, pero los insumos adquiridos se entregaron en su totalidad en la Base Aérea Militar de ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Mientras tanto, en la revisión efectuada a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) se determinaron inconsistencias en el ejercicio de recursos e insumos suministrados por el Censia, como que en la distribución de vacunas no se verificó que se contara con el registro de 7 mil 170 dosis en el Sistema Integral de Recursos Materiales del almacén de Veracruz y, en el caso de 6 mil dosis de vacunas, la cantidad registrada no se correspondió con el número de dosis señaladas en las órdenes de envío del almacén estatal.
De igual forma, en la revisión efectuada al gobierno del Estado de México, se determinaron inconsistencias en el ejercicio de los recursos otorgados por el Censia. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), no se supervisó que las dosis de vacunas se entregaran de forma oportuna: 373 mil 397 dosis de la vacuna hexavalente acelular se distribuyeron entre 20 y 233 días después de que se requirieron.
Tampoco se supervisó que en las 171 facturas de almacén se registrara la temperatura con la que salieron las 3 millones 391 mil 475 vacunas del almacén estatal, así como la temperatura, fecha y hora de recepción del personal que las recibió en las jurisdicciones sanitarias y el Departamento de Epidemiología.
Además, el ISEM efectuó pagos por 2 millones 203 mil pesos a 19 prestadores de servicios, sin la firma de los propios proveedores.
El caso Insabi
La ASF también fiscalizó los recursos asignados al Insabi en el Programa de Vacunación.
En este caso, se determinaron deficiencias en el control y la supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos, toda vez que para asignar el contrato para la adquisición de la vacuna triple viral se usó adjudicación directa internacional abierta, con el argumento de que era caso fortuito o de fuerza mayor, aunque este procedimiento se pudo haber previsto, puesto que desde el 13 y 27 de julio de 2020, el Censia le informó al Insabi de las necesidades para el Esquema Nacional de Vacunación.
Además, el Insabi no contó con un sistema informático para control y seguimiento de las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud (en las que se incluyen las vacunas), lo que le permitiría tener información oportuna y confiable para la toma de decisiones, al igual que transparencia y rendición de cuentas.
Respecto del registro de entradas y salidas, así como de la existencia de vacunas en el almacén central de los Servicios de Salud Pública de la CDMX, que también se fiscalizó, no se verificó que se distribuyeran a las jurisdicciones sanitarias 160 mil 369 dosis de vacunas.
Al 30 de junio de 2022, estas dosis aún se encontraban en la cámara de red de frío del almacén, cuando ya habían superado los seis meses de almacenamiento establecidos como límite máximo de acuerdo con la normativa, y en el caso de 9 mil 779 de estas ya se encontraban caducadas.
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