Acuerdo en la UE para adoptar un impuesto fronterizo sobre el carbono
La UE adoptó el martes un mecanismo sin precedentes en sus fronteras, que debería marcar también el fin de los «derechos a contaminar» gratuitos concedidos a los fabricantes europeos.
Conocido como «impuesto fronterizo sobre el carbono», aunque no es un impuesto como tal, este mecanismo sin precedentes aplicará los criterios del mercado europeo del carbono a las importaciones procedentes de los 27 Estados miembros, donde los fabricantes de la UE están obligados a comprar cuotas para cubrir sus emisiones contaminantes.
Con el precio de la tonelada de CO2 disparado, se trata de evitar el «dumping ecológico», que llevaría a los fabricantes a deslocalizar su producción fuera de Europa, al tiempo que se anima al resto del mundo a adoptar las normas europeas.
Este «mecanismo de ajuste del carbono en frontera» (CBAM por sus siglas en inglés) «será un pilar crucial de las políticas climáticas europeas (…) para animar a nuestros socios comerciales a descarbonizar su industria», explica el eurodiputado Mohammed Chahim (S&D, socialdemócratas).
En la práctica, el importador tendrá que declarar las emisiones vinculadas al proceso de producción y, si éstas superan la norma europea, adquirir un «certificado de emisiones» con el precio de CO2 de la UE. Si existe un mercado del carbono en el país exportador, éste sólo pagará la diferencia.
«El mensaje a nuestras industrias es claro: no hay necesidad de deslocalizar porque hemos tomado las medidas necesarias para evitar la competencia desleal» garantizando un «trato justo» entre los productores europeos y las mercancías importadas, observó Pascal Canfin (Renovación, Liberales), presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento.
Estos son los detalles del acuerdo alcanzado el martes por la mañana entre los negociadores de los Estados miembros y el Parlamento Europeo tras largas negociaciones nocturnas:
Sectores afectados
El mecanismo, que se aplicará principalmente de forma centralizada a escala de la UE, se centrará en los sectores considerados más contaminantes (acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad), según la propuesta de la Comisión Europea.
Los eurodiputados han acordado añadir el hidrógeno y determinados subproductos (tornillos, etc.), y Bruselas tendrá que estudiar la posible ampliación a la química orgánica y los polímeros (plásticos).
El régimen tendrá en cuenta las emisiones «indirectas» (generadas por la electricidad utilizada para la producción).
Los ingresos previstos, que podrían superar los 14.000 millones de euros anuales, irán a parar al presupuesto general de la UE.
Calendario
En octubre de 2023 comenzará un periodo de prueba, durante el cual las empresas importadoras simplemente tendrán que informar de sus obligaciones.
El momento de la puesta en marcha efectiva dependerá de las conversaciones que se celebren esta semana sobre el resto de la reforma del mercado de carbono de la UE.
La Comisión y los Estados miembros defienden una aplicación gradual del mecanismo a lo largo de diez años a partir de 2026. Los eurodiputados piden una aplicación gradual entre 2027 y 2032.
Asignaciones gratuitas
En la actualidad, a la industria de la UE se le asignan derechos gratuitos que cubren parte de sus emisiones para ayudarla a competir con sus competidores extranjeros.
A medida que se acelere el proceso de «ajuste en frontera», se irán eliminando progresivamente los derechos gratuitos asignados a los sectores afectados.
Al dar el mismo trato a las importaciones y a la producción local, Bruselas considera que se atiene a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contrarresta las acusaciones de «proteccionismo».
Pero el calendario para la supresión de los derechos gratuitos, que ha sido objeto de acalorados debates, no se abordará hasta el viernes y el sábado en las conversaciones sobre la reforma del mercado del carbono.
«El Reglamento CBAM sólo podrá adoptarse formalmente una vez resueltos estos otros elementos», advirtió el Consejo Europeo.
Subvenciones a la exportación
Otro punto controvertido aún por negociar es que el Parlamento quiere que los centros industriales europeos, bajo ciertas condiciones, sigan recibiendo derechos gratuitos por su producción destinada a la exportación a países no comunitarios.
A los fabricantes europeos les preocupa que sus exportaciones pierdan competitividad debido al precio que tienen que pagar por sus emisiones y a las fuertes inversiones que tienen que hacer para descarbonizarse, mientras ya sufren la escalada de los costes energéticos.
Los Gobiernos, por su parte, siguen mostrándose reacios a aceptar «descuentos a la exportación», que podrían ser incompatibles con las normas antisubvenciones de la OMC.
La CBAM es «la culminación de una idea de hace treinta años, pero sólo tiene sentido si se suprimen todas las asignaciones gratuitas», observa Geneviève Pons, Directora General del Instituto Europa Jacques Delors.
Como alternativa, defiende que los ingresos del mecanismo se utilicen para ayudar a los países en desarrollo a descarbonizarse.