Los líderes de la UE piden excepciones para las firmas europeas al paquete de subsidios de EEUU
El paquete de subsidios estadounidense para impulsar la industria para la industria verde tendrá una respuesta europea. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han tenido un debate sobre cuál debe ser la respuesta europea a los 369.000 millones de dólares que pone en jaque las reglas de competencia con el mercado comunitario. El punto común ha sido la necesidad de desarrollar una estrategia propia para proteger la economía, la industria y la tecnología europeas. Y, además, han pedido excepciones para las empresas europeas similares a las que aplicarán a las mexicanas y canadienses.
«Queremos equidad», ha dicho en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha pedido para las empresas europeas el mismo trato que tendrán las canadienses y las mexicanas al amparo de la Ley de la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense.
Entre las preocupaciones de la UE ha citado la «lógica de comprar productos americanos que da privilegios a la producción americana», así como las exenciones fiscales y los subsidios a la producción que ha destacado que tiene el mismo efecto.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una postura similar y ha pedido que la medida de la administración Biden «exceptúe a las empresas europeas de las peores consecuencias de la IRA».
Además, Sánchez ha explicado que los Veintisiete han pedido a la Comisión Europea que presente un plan a principios de 2023 para mejorar la competitividad de la industria para atraer mejores inversiones en sectores estratégicos, como semiconductores o energías renovables «para responder de forma adecuada» al paquete de subsidios de Biden.
Lo de hoy ha sido un debate de orientación, del que no se esperaban conclusiones claras, pero sí al menos unas indicaciones de las opiniones de los Veintisiete acerca de cómo articular la respuesta al paquete de subsidios estadounidense para la industria de renovables y del vehículo eléctrico.
Todo ello después de que el Ejecutivo comunitario anunciara que prepara para principios de año la flexibilización de las normas de las ayudas de Estado. Una propuesta que conjuntamente con un plan se prevé que se debata a nivel de líderes en una Cumbre extraordinaria a principios de febrero.
«España ha defendido la necesidad de mejorar marco de ayudas de estado, para que sea más flexible menos burocrático», ha indicado Sánchez.
Sobre la mesa está el desafío de que la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense y cómo dotar de competitividad a la industria europea sin desplegar una guerra comercial con el que es uno de los principales socios de la UE.
La presidenta de la Comisión Europea señaló también que presentará este verano un Fondo Soberano para dotar de apoyo a la industria europea de energías verdes, así como para impulsar la digitalización.
Ambas ideas llevan semanas rondando Bruselas. También la de flexibilizar las normas de las ayudas de Estado, como había lanzado Von der Leyen. Una propuesta que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Compentencia, Magrethe Vestager, señaló que debe hacerse «sin poner en peligro el unas reglas del juego equitativas entre los países europeos», dijo Vestager que razonó que unos Estados miembro tienen más capacidad para disponer más ayudas para la industria que otros.
Ya de cara a la reunión de los líderes de los Veintisiete, la presidenta del Ejecutivo comunitario remitió una carta con un plan para responder a los subsidios estadounidenses y a los altos precios de la energía. Compuesta de cuatro pilares, la hoja de ruta de Von der Leyen plantea crear, de la mano de Estados Unidos, una suerte de club para las materias primas con la intención de sortear el monopolio chino en este segmento. Además, vuelve a su idea de flexibilizar las normas de las ayudas de Estado, aboga por impulsar la inversión pública en energías limpias e insta a los Estados miembro a acelerar el despliegue de renovables.
Noveno paquete de sanciones y tipo mínimo de sociedades del 15%
El noveno paquete de sanciones de la UE contra Moscú ha sido respaldado, que incluye, entre otras cosas, la prohibición de vender drones a Rusia, de invertir en el sector minero y que incluye tres bancos más. Esta nueva ronda deberá ser aprobada por procedimiento escrito el viernes.
La principal oposición la ha constituido Polonia al considerar que incluía demasiadas excepciones. Y es que la posibilidad de relajar las sanciones para permitir el tránsito a través de los puertos europeos de fertilizantes rusos con destino fuera del mercado comunitario no acabó de gustar a socios como Polonia.
El argumento de Estados miembro del norte y oeste de Europa se basó en evitar el riesgo de hambrunas en países de África, articulando los puertos europeos como meros puntos de tránsito y no como destino. Mientras que los países del esta han sido reacios a relajar las medidas.
A su entrada al encuentro el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que manifestó que algunos Estados miembros se rechazaban incluir en la lista a ciertos oligarcas rusos como el empresario ruso cercano a Putin, Viatcheslav Kantor. En un paso más, el líder polaco ha dirigido su llamamiento a Francia, Alemania y Países Bajos a quienes ha instado a impulsar las sanciones.
La oposición polaca se articulado como la principal obstrucción al impuesto mínimo de sociedades del 15% para multinacionales y que más tarde se acabó levantando. Así se desbloqueó, finalmente el impuesto de sociedades para grandes multinacionales y la ayuda macrofinanciera a Ucrania por valor de 18.000 millones de euros.
El país ya había manifestado su rechazo a la medida a principios de año hasta que levantó su veto para darle el relevo a Hungría en junio. Lo que Polonia demanda es que este tipo mínimo de sociedades, el pilar dos del acuerdo de reforma fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se implemente conjuntamente con el pilar uno, que se refiere a que las multinacionales tributen allí donde tienen sede.
La medida había sido respaldada en un acuerdo de Veintisiete a nivel de embajadores esta misma semana como parte de un paquete en el que se incluían los 18.000 millones de ayuda macrofinanciera a Ucrania, el respaldo al Plan de Recuperación húngaro, dotado de 5.800 millones de euros y al bloqueo de 6.350 millones de euros en Fondos de Cohesión a Hungría por no garantizar las condiciones del Estado de Derecho y, concretamente por los problemas de corrupción y vinculados con la independencia de poder judicial.