26 desaparecidos en un viaje de migrantes entre San Andrés y Nicaragua

La Armada colombiana ha elevado este jueves a 26 la cifra estimada de migrantes desaparecidos en la ruta que va desde la isla de San Andrés a Nicaragua. Además, ha confirmado que unos pescadores de Puerto Limón (Costa Rica) encontraron hace unos días una lancha con “características similares” a la desaparecida. Autoridades de Colombia, Nicaragua y Costa Rica trabajan en conjunto para rescatar a los migrantes, en su mayoría venezolanos. De momento, solo se han encontrado artículos personales, pañales y documentos de algunos de los desaparecidos en las costas de San Juan del Norte (Nicaragua).

Los migrantes zarparon desde San Andrés en la madrugada del 17 de diciembre. Estaban hacinados en una lancha destinada a la pesca artesanal, que usualmente tiene tres o cuatro tripulantes. Cada espacio disponible se utilizó, con dos niños menores de un año acomodados en brazos de sus familiares. No existían condiciones mínimas para transportar pasajeros: la embarcación tenía un solo motor y no contaba con instrumentos de navegación y comunicación. Su color gris, que la ayudaba a pasar desapercibida frente al control de los autoridades, ahora dificulta su localización en las labores de rescate.

La intención era evitar el paso por la selva del Darién, que no solo es físicamente exigente sino que es conocida por los robos, los abusos sexuales a las mujeres y la desaparición de migrantes. Sin embargo, el peligro de viajar por mar abierto para llegar a Nicaragua no es menos significativo, según explica por teléfono Octavio Gutiérrez Herrera, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia de la Armada Colombiana. “Esta época del año es muy crítica para navegar, por un fuerte oleaje y una fuerte brisa que dificultan la navegación”, comenta.

Al menos 18 de las personas desaparecidas son venezolanas. Así lo informa la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima (ONSA), una asociación civil reconocida como organización auxiliar del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela. El director de Seguridad Marítima, Luis Inciarte Santaella, explica por teléfono que los familiares comenzaron a ponerse en contacto con la ONSA el 18 de diciembre. La información no fluyó al principio como en otras ocasiones: algunos tenían miedo de dar datos por temor a exponer a sus seres queridos ante las autoridades migratorias.

Pese a las omisiones iniciales, la ONSA y la red de familiares eventualmente lograron conformar una lista de desaparecidos, que ha crecido con el correr de los días. De una estimación inicial de 17 se ha alcanzado la cifra de 26. Además de venezolanos, la lista incluye tres sirios, tres ecuatorianos y dos tripulantes colombianos. Se estima que siete pasajeros eran menores de edad.

Inciarte cuenta que los migrantes pasaron un par de días en San Andrés antes del viaje. Intercambiaron contactos que después sirvieron para crear la red de familiares. Y compartieron tiempo con otro grupo que partió a la misma hora en otro bote más pequeño. Los migrantes de esa otra lancha informaron que las condiciones meteorológicas les hicieron volver a la costa una vez comenzado el viaje. “El mar estaba partido”, comentaron. La embarcación mayor ya había avanzado más y no regresó.

Las cifras de migrantes que enfrentan el peligro de esta ruta se ha disparado en el último año. La Armada colombiana estima que en 2022 ha rescatado a más de 700 personas, que después deben salir de la isla. Han ocurrido dos naufragios, en agosto y octubre. Nunca se encontró a los desaparecidos en esos siniestros, que suman alrededor de 20 personas. Desde 2019, los venezolanos son los usuarios principales de esta ruta, que antes era utilizada mayormente por cubanos, haitianos y senegaleses.

El comandante Gutiérrez explica que los migrantes suelen ingresar a la isla como turistas, provenientes de ciudades colombianas con conexiones aéreas al archipiélago. Pagan un impuesto, presentan sus reservas hoteleras y sus tiquetes de salida. Su estancia en Colombia no es irregular. No obstante, después se embarcan en lanchas no autorizadas, manejadas por redes de tráfico organizado. El coste de la travesía para llegar a Nicaragua y sortear el Darién, Panamá y Costa Rica puede rondar los 2.000 dólares, según agrega Inciarte.

La Armada ha afirmado que “los esfuerzos continúan” después de 12 días de búsqueda. Según el protocolo, la búsqueda activa se extenderá hasta 30 días después del siniestro. Después, se mantendrá una búsqueda pasiva durante máximo cinco años. La Armada continuará con la recepción de información por medios electrónicos o por parte de la comunidad local, pero ya no realizará rastreos aéreos o por tierra.

La ONSA remarca que el diálogo fluido con la Armada colombiana no ha podido replicarse con las Fuerzas Navales de Nicaragua. Además, Inciarte comenta que siente que ha habido menos interés en el cubrimiento mediático del siniestro por tratarse de migrantes y que algunas medidas burocráticas obstaculizaron una respuesta más eficiente. “La búsqueda tendría que haberse hecho de inmediato. Cada minuto cuenta en el mar, la inmediatez es esencial”, enfatiza.

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