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A partir del 2019 diversos programas sociales se echaron a andar en México como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La intensión, desde un inicio, fue dar apoyos para que quienes vivan por debajo de la línea de bienestar puedan superarla y así tener un estado mínimo de bienestar.
Los programas de apoyos a la población, por supuesto, no son nuevos. Ha habido diversos en cada administración con cada presidente que llega, pero en esta ocasión se diferencian en que por primera vez y tras décadas de gobiernos neoliberales, se entregan de manera directa y sin intermediarios a las y los beneficiarios.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (Coneval), estar en situación de pobreza es tener un ingreso inferior a la línea de bienestar y tener una carencia en uno de los seis indicadores de rezago (acceso a salud, a educación, a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a alimentación); por otra parte, si se tienen tres o más carencias significa que las personas se encuentran en una situación de pobreza extrema.
Según el mismo Coneval, en México las personas que presentan pobreza extrema están en las regiones rurales, es decir, son personas con ingresos insuficientes para adquirir siquiera alimentos que les proporcionen una nutrición mínima. Fue precisamente por lo anterior que la administración del Presidente López Obrador buscó desde un inicio que los programas sociales fueran aplicados especialmente en áreas rurales de México. No fue casualidad que los programas como la pensión de los adultos mayores iniciara en las comunidades indígenas de México, y que incluso, los requisitos para acceder a dicho programa fueran más flexibles para quienes provenían de áreas rurales.
Los diversos programas de apoyos de la administración de López Obrador se diferencian de los de las administraciones pasadas en que, por primera vez en décadas, son entregados por un gobierno que no es neoliberal. Muchos cuestionan estos apoyos, especialmente la oposición mexicana que en su mayoría es conservadora. Critican este tipo de medidas acusándolas de derroche y desperdicio de dinero. Nada más falso, pues como el dinero va directo a gente necesitada será gastado en un consumo de servicios básicos generándose un beneficio de la economía local y nacional, ayudando, por lo tanto, a las personas a traspasar las líneas de pobreza extrema.
Si miramos un poco en la historia reciente, veríamos que, para los conservadores mexicanos, las políticas sociales deben consistir en millonarios apoyos a la iniciativa privada. Como olvidar el Fobaproa, o mejor dicho, el rescate de bancos privados hecho con dinero público en los años 90. Por cierto, seguiremos pagando esta deuda todavía durante varias generaciones futuras. A los opositores sólo les interesa la privatización de todas las ganancias, y la socialización sólo cuando hay pérdidas.
Durante años exigimos una mejor distribución de la riqueza, y hoy, las políticas implementadas por el ejecutivo juegan un rol importante en ello, por lo que las seguiremos defendiéndolas junto a la máxima del presidente López Obrador, “Por el bien de todos, primero los pobres”.
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