La minería avanza en el Madidi y pone en riesgo donación alemana para preservarlo

La Paz, 29 de
mayo de 2023 (ANF).- La minería mecanizada para extraer oro es un problema
creciente que, sumado a otros como la caza ilegal y la ineficiencia del Sernap,
deja en impotencia a los vigilantes del Parque Nacional Madidi. La huella
humana afecta ya el 0,79% del área de protección estricta y, si en lugar de
disminuir supera el 1% en cinco años, hará que se pierda el financiamiento para
el Programa Paisaje Madidi que, con un millón de dólares anuales para un lapso
de 15 años, busca incidir en la preservación de una de las mayores biosferas
del planeta.

El tangara
inti, pequeña ave cantora, amarilla y brillante, pasea entre willcas, cactus
karaparís, bambúes y otros árboles del bosque seco del valle de Machariapo, ubicado
en el lado B del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. A
diferencia de hace cuatro años, la avecilla debe lidiar ahora, en este sector
del municipio paceño de Apolo, con el traqueteo de la maquinaria pesada que en
busca de oro deforesta y derrumba los lechos del río Tuichi.

“La minería y
la frontera agrícola están afectando el hábitat del tangara inti”, dice Luis,
guardaparques de quien se cambió el nombre para proteger su identidad, al igual
que el del resto de los citados en este reportaje realizado por La Brava.

Luis apunta
hacia un lejano campamento minero al borde del Tuichi, donde los mineros
cooperativistas que operan de forma ilegal impiden, mediante trancas, que los
guardaparques accedan al lugar. Algunos llegaron a amenazarlos, dice el
guardaparques, y cuestionan su trabajo, lo que limita sus acciones de
protección.

El oro es uno
de los metales más codiciados de Bolivia, pues su precio es superior al de
cualquier otro: un gramo cuesta 60 dólares. En 2022 se exportó por un valor de
más de 3.000 millones de dólares, pero el país sólo se benefició con poco más
de 60 millones, según datos del Ministerio de Minería; el resto se fue a manos,
principalmente, de cooperativistas.

Por los altos
precios y la demanda internacional, los buscadores de oro nacionales y
extranjeros ingresan en nuevas áreas, incluidas las zonas protegidas. En el río
Tuichi, maquinarias pesadas irrumpieron donde se extraía oro desde antes,
aunque de forma artesanal, a decir de los comunarios del lugar.

Cerca de 30
actividades mineras, casi todas ilegales, operan en el río Tuichi, desde la
comunidad Santa Rosa hasta Azariamas, de acuerdo con lo identificado por los
siete guardaparques del lado A y B con los que habló La Brava. A su paso, los
mineros dejan árboles tumbados, cerros depredados, agua estancada y sedimentos
en el afluente del Tuichi.

Maquinaria pesada en la comunidad Santa Clara intensificó su trabajo de deforestación en 2021, en búsqueda de oro a orillas del río Tuichi. Foto: La Brava

Joaquín, un
guardaparques del lado A, apunta contra “gente ambiciosa que ingresó a las
comunidades y empezó a decir que, si mecanizan la minería, podrían sacar más
oro, y para eso hicieron volar cerros”. Con el fin de avanzar en ese propósito,
habrían convencido a los comunarios con la promesa de hacerlos socios; sin
embargo, hoy en día son apenas trabajadores de los inversores.

Pese a las
evidencias y a la normativa vigente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(Sernap) no había iniciado, hasta marzo reciente, acciones legales para frenar
las actividades ilícitas y tampoco desalojó las maquinarias. Por eso, la
senadora Cecilia Requena demandó a la institución por incumplimiento de
deberes.

Los
guardaparques dicen que, ante la falta de apoyo institucional y la presión de
los cooperativistas, se limitan a realizar procesos administrativos, lo que
implica imponer multas a los mineros. Asimismo, registran el ingreso de las
maquinarias para, al menos, dejar constancia en sus informes.

La Brava solicitó
una entrevista con el Sernap a través de una carta, llamadas telefónicas y de
forma personal para conocer las tareas de control como respuesta a los informes
que se le enviaron sobre el Madidi durante los últimos tres años. Pese a los
esfuerzos, después de cinco semanas, la entidad no proporcionó la información
solicitada.

El Madidi es
la segunda área protegida más grande del país y una de las más biodiversas del
mundo. El tangara inti es una de las seis especies de aves endémicas, y es una
de 1.028 que recorren este parque, lo que representa el 70% del total que posee
Bolivia, según datos de Identidad Madidi.

Creado en 1995
para proteger y conservar el patrimonio natural y cultural, además de promover
el uso racional y sustentable de los recursos naturales, el Parque Nacional
Madidi tiene una superficie de 1.895.750 hectáreas.

La zona
protegida más conocida del parque son los bosques amazónicos; sin embargo, esta
abarca cinco municipios que se hallan en la confluencia de los Andes tropicales
y la Amazonía. En esa inmensidad hay seis ecorregiones: alta andina, bosque
nublado, bosque seco, sabanas de montaña, bosque húmedo de pie de montaña y
pampas del Heath, lo que la convierte en el hogar de una gran diversidad de
animales, por ejemplo, del oso andino, de la paraba militar, de la palkachupa,
del marimono y del jaguar. En cuanto a la flora, hay 8.244 especies de plantas
vasculares, lo que representa alrededor del 60% de este patrimonio natural de
Bolivia, según datos recogidos por la organización no gubernamental Sociedad de
Conservación de la Vida Silvestre – Bolivia (WCS, por sus siglas en inglés).

Ingreso al Madidi, por el río Beni, en San Buena Ventura. Foto: Rocío Condori

La caza, otra
amenaza contra el Madidi

El 19 de
abril, la imagen de un jaguar muerto por disparo de bala, cerca del mirador del
Parabal de Caquiahuara, causó indignación en las redes sociales. La imagen es
apenas una muestra de lo que pasa en el lado A del parque, en el municipio de
San Buenaventura, donde los 13 guardaparques no sólo enfrentan la pesca y la
caza furtiva, sino también padecen la administración poco eficiente del Sernap.

Los cazadores
y pescadores ingresan a las aguas del Madidi por el río Beni en embarcaciones
de 14 y 15 metros, con cargas de entre 20 y 30 quintales de sal para charquear
a los animales que matan y que luego venden, denuncia Joaquín.

Patrullar la
amplia zona y contrarrestar las acciones ilegales resulta difícil y agotador,
relata el guardaparques, quien acaba de culminar un recorrido de más de cuatro
días. Lo peor es que sus reportes son rechazados por el Sernap.

“Les cuentas
(lo que viste) y no te creen. Piensan que la situación sigue como hace 20 años,
pero ahora hay gente (viviendo cerca) que negocia cosas. Presentas el informe,
no te creen. ‘Es inaccesible (la zona)’, ‘es una mentira’, ‘debe ser otro
lugar’, son las respuestas que recibimos, pese a que mostramos fotos de las
personas que ingresan a cazar”, complementa Rodrigo, otro guardaparque.

A la fecha, nadie
fue enviado a la cárcel por destruir recursos naturales; al contrario ㅡse queja Rodrigoㅡ, son los
guardaparques los que reciben represalias, desde agresiones verbales hasta
físicas. 

15 millones de
dólares para salvar el Madidi

El Madidi
ayuda a regular el clima, preservar las cabeceras de cuencas, mantener fuentes
de agua dulce, reducir las emisiones de dióxido de carbono y proteger plantas
silvestres de cultivos nativos, destaca una nota de prensa del Sernap. Además,
allí viven cuatro pueblos indígenas distribuidos en 30 comunidades.

Por su gran
biodiversidad y su riqueza cultural, el parque forma parte del Paisaje Madidi,
programa conformado también por las áreas protegidas Apolobamba y Pilón Lajas.
En 2021, el parque fue seleccionado para recibir financiamiento del Legacy
Landscapes Fund (LLF), instrumento creado para proteger los lugares naturales
excepcionales del mundo y dar una solución al déficit de recursos para la
conservación de la biodiversidad en el hemisferio sur.

El LLF es un
fondo alemán privado e independiente que recibe aportes, entre otros, del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a través del
Banco de Desarrollo (KfW, por sus siglas en alemán).

El Paisaje
Madidi es una de las dos primeras áreas protegidas beneficiadas por el fondo,
lo que significa que Alemania lo reconoce como uno de los hábitats más
importantes del mundo. El programa recibirá, por tanto, un millón de dólares
anualmente durante 15 años.

El apoyo y los
fondos del LLF fueron solicitados por el Sernap, como autoridad responsable
boliviana, y la ONG WCS, como entidad ejecutora, la que en tal condición firmó
el contrato de implementación.

El programa,
según el resumen de la postulación que está disponible en línea, tiene cinco
objetivos. El principal es conservar la biodiversidad y las funciones
ambientales y mejorar los medios de vida locales a través de una gestión
mejorada y resiliente.

El tangara inti vive en el valle de Machariapo, en el Madidi del sector de Apolo. Foto: Diego Aliaga 

Lenta
implementación

El
financiamiento debía comenzar a aplicarse en enero de 2022, pero se implementó
recién en agosto. Según la WCS, antes hubo la necesidad de firmar convenios con
el Gobierno boliviano, además de la exigencia de aprobar mediante decreto
supremo la compra de vehículos, por ejemplo, lo que demoró los planes
previstos.

Las normas del
Estado para la administración de recursos son más pesadas que para una ONG,
explica Lilian Painter, directora de la WCS-Bolivia. “En algunos casos, se ha
tenido que optar por que la WCS ejecute fondos directamente, por las
dificultades de una instancia pública como el Sernap para hacerlo”, dice
Painter.

A causa de
esas limitaciones, hasta el 31 de diciembre de 2022 se ejecutó en cinco áreas
el 60% ($us 600.000) del primer millón de dólares. El saldo de 400 mil se sumó
al segundo millón previsto para 2023.

Es un “buen
porcentaje” para el primer año de implementación, considera Adelheid Knäble,
directora de la oficina del KfW para Bolivia y Paraguay, quien considera que
hubo avances significativos.

“Es un tema
que se está trabajando y mejorando constantemente. El modelo de alianzas entre
ONG y canalización de recursos hacia entidades del Estado es novedoso, ha
tenido que ser creado e implementado. Sin embargo, a mediano plazo va a generar
fortalezas en cuanto a la transferencia de capacidades técnicas”, destaca.

En ese marco,
se fortalecieron las actividades de protección y monitoreo de paisajes y se
apoyaron 2.073 patrullajes de guardaparques. Ese trabajo ha llevado a 52
sanciones administrativas en Madidi, 48 en Pilón Lajas y 17 en Apolobamba. Sin
este financiamiento “es poco probable que alguno de esos patrullajes hubiera
sido posible, ya que el Sernap enfrenta una crisis financiera, y prácticamente
no contaba con fondos de operación más allá de los sueldos de los
guardaparques”, afirma Painter.

Lo que no se
hizo, aunque estaba previsto, es actualizar el Plan de Manejo del Madidi, que
se postergó debido a los conflictos con los intereses mineros y la presión que
éstos ejercen para facilitar la consolidación legal de las operaciones de
extracción de oro en el área protegida del Madidi, donde tal actividad está
prohibida. Painter explica que se acordó establecer mejores condiciones de
relacionamiento con los actores y generar acuerdos con las partes interesadas.

En la firma de
convenio, en mayo de 2022, el director del Sernap, Teodoro Mamani, dijo que los
fondos ayudarían a un mejor control gracias a que se contaría con más técnicos;
sin embargo, el programa restringe los pagos a personal, así que esta mejora no
se siente.

Hasta inicios
de abril de 2023, cuando La Brava ingresó a los dos lados del Madidi, las
condiciones para el control del área protegida eran difíciles ante las amenazas
latentes. Los 28 guardaparques —13 en el lado A y 15 en el B, incluidos los jefes
de protección— no se daban abasto para recorrer la inmensidad del Madidi y
realizar su trabajo de control de forma efectiva.

Pocos
patrullajes por falta de combustible

Los
guardaparques saben que deben cumplir con un número de patrullajes (en algunos
casos en compañía de representantes de comunidades), y ayudar a que un área del
Madidi mantenga su estado de conservación estricta. Esta labor debe ser
demostrada a través de documentos, a fin de justificar los recursos que
ingresan a la reserva, explican los guardaparques.

Los
patrullajes deberían hacerse durante tres o cuatro días en zonas determinadas.
El año pasado se realizaron pocos, pues, aunque lo ideal es hacerlo cada mes,
los comunarios no disponen de tiempo. “Si no haces el patrullaje, esto se
llenaría de cazadores”, añade Rodrigo. Además, en el Madidi hay rutas
turísticas, albergues, y los visitantes “no vienen a ver a un cazador ni a un
pescador”.

Hacer el
trabajo de vigilancia implica no sólo disponer de vehículos o, en este caso, de
un bote, sino también de combustible. En la zona A se patrulla en dos
distritos. En el primero, se sube por el río Tuichi hasta Alto Madidi y se
deben realizar dos visitas que requieren unos 500 litros de combustible. En el
segundo, hacia Quendeque, se demandan unos 300 litros. Hasta mayo, en este
último puesto se recibían sólo 200 litros por mes, insuficientes para patrullar
en la zona donde hay evidencia de cacería indiscriminada.

Hace algunas
semanas, por ejemplo, los pobladores de Santa Rosa reportaron la presencia de
cazadores, pescadores y madereros furtivos. Pese a la denuncia, y al igual que
en otros casos, los guardaparques no pudieron acudir al lugar por falta de
combustible. Además, sólo cuentan con un bote.

Para los
operativos de control, los vigilantes de El Bala disponen de una embarcación
donada que no está en buenas condiciones. Óscar, guardaparques de la zona A,
detalla que lo ideal para realizar los patrullajes sería llevar dos pares de
botas (pero él tiene sólo uno), una linterna, un GPS (que no tiene, así que usa
la ubicación de su celular), un dron (que actualmente está en la zona B), unos
binoculares, equipo de camping y una hamaca.

Cuando se
ingresa a poblaciones como las de Ixiamas es necesario un vehículo, una
embarcación pequeña para navegar en ríos angostos y una moto o cuadratrack, que
no hay. “El año pasado nos dotaron de una carpa y una parada de ropa, pero no
sé de qué año”, se queja Rodrigo.

Fondos para el
patrullaje

El desembolso
de recursos es un calvario. El dinero “llega muy retrasado”, explica Rodrigo.
Los fondos que debían desembolsarse en enero, febrero y marzo estuvieron
disponibles en abril. Y el pasado año “no se ejecutó todo y no se cumplió con
todas las actividades; no se cumplió con las metas porque no hubo desembolso.
Nos han dicho que tenemos incapacidad de ejecución”, añade Oscar.

“Nos hemos
aplazado, creo, con algo de 45%. Como estamos reclamando mayor presupuesto,
porque es necesario, nos dicen ‘para qué, si se han aplazado en la ejecución
del presupuesto’”, dice Rodrigo, quien coincide con Oscar en que el problema se
arrastra desde hace muchos años y que radica en el Sernap. Hay “una
ineficiencia” que impide una buena gestión de los recursos, “además de ser una
institución politizada”, afirma el guardaparques.

Los
guardaparques de ambos lados del Madidi se cansaron de pedir fondos.
Finalmente, tuvieron que comprar equipos a su coste para realizar los
patrullajes, pues, de lo contrario, apunta Óscar, “no tienes una radiografía de
lo que pasa, y de todas maneras te exigen los informes”.

La WCS conoce
de estas deficiencias. La representante informa que hasta finales de 2022 se
entregaron 32 uniformes y los respectivos pares de botas, 42 carpas, 15
colchonetas inflables, 61 mochilas y 27 sacos de dormir; asimismo, se entregó
un motor fuera de borda, ocho binoculares, tres GPS, dos computadoras
portátiles y ocho impresoras. En abril de este año se dotó de un motor fuera de
borda, cuatro motocicletas marca Honda y una camioneta doble cabina marca
Toyota.

En los
primeros cinco años de financiamiento se priorizará el mantenimiento del
edificio de la Dirección del parque, ubicado en San Buenaventura, y de dos
campamentos que están en pésimas condiciones. Se irá mejorando, asimismo, la
disponibilidad de GPS.

Debido a la
lentitud de los procesos administrativos, a inicios de abril los guardaparques
todavía no sentían las mejoras que se esperan del programa. “Pensamos que iba a
mejorar, nos hicieron alegrar. Nos dijimos: ‘Ahora tendremos combustible,
vehículos en buen estado, renovación de equipos’, pero el desembolso sale a
cuentagotas”, expresa Rodrigo lo que confirman sus compañeros. Hay temor de
que, si no se cumple con las metas, la ayuda será retirada antes de los 15
años, y “ahí vamos a estar fregados”, dice.

¿Se cumplirá
la meta?

El programa es
ambicioso, pues se pusieron tres metas que deben cumplirse los primeros cinco
años para que el financiamiento continúe: no sobrepasar el 1% de huella humana
en la zona de protección estricta; mantener la abundancia y distribución de
especies paisaje, es decir, aquellos que se mueven por cientos de kilómetros
(jaguar, tapir, chancho de tropa, londra y jucumari), e incrementar la actitud
positiva hacia la conservación y el manejo sostenible de los recursos
naturales.

La primera
meta se topa con la minería, que tiene cada vez mayor fuerza en el Madidi,
incluso en el Parque Nacional, que demanda el mayor cuidado: la línea de base
establece que hasta diciembre de 2022 ya había 8.000 hectáreas afectadas (por
diversas actividades), lo que representa un 0,79%.

De acuerdo con
el Plan de Manejo de la reserva, en la zona de protección estricta recae la
mayor responsabilidad de conservación de los principales valores patrimoniales.
Estas zonas requieren de protección absoluta y las actividades permitidas son
restringidas y selectivas, según el documento. 

Daniel
Robinson, agroecólogo y docente universitario de conservación, considera que
con los datos mencionados el financiamiento está en riesgo. “Si en 2022 ya
había 8.000 hectáreas afectadas, es probable que con la minería se afectasen
más de 4.000 hectáreas adicionales. Es un problema para el proyecto, porque es
una responsabilidad del Sernap si el primer año ya incumple con los resultados
esperados”.

Río Beni, uno de los ingresos al lado A del Madidi, en San Buena Ventura. Foto: Rocío Condori

La directora
de la WCS considera, en cambio, que los resultados del primer año garantizan
que se alcanzará la vara fijada y que justamente el proyecto Paisaje Madidi es
importante para enfrentar las amenazas. “No podemos cruzarnos de brazos y decir
que es demasiado difícil. Los resultados que hemos tenido este primer año nos
dan esperanzas. Este proyecto cambió de manera importante el contexto de
gestión para el Madidi”, explica Painter.

Como parte del
trabajo se está brindando apoyo legal y capacitación al Sernap, de manera que
esta institución mejore su estrategia para enfrentar ilícitos. Gracias a estas
medidas, en abril se presentaron cuatro acciones penales contra actividades de
minería ilegal; asimismo, la entidad nacional se adhirió a una demanda presentada
por un activista a finales de marzo ante el Tribunal Agroambiental. Al
respecto, la anterior semana se determinó el apoyo de las Fuerzas Armadas en
los patrullajes y la paralización de una de las actividades mineras en el
Tuichi.

El director
del Parque Madidi, Rolando Pérez, quien asumió el cargo en mayo de 2023,
comprometió que cada fin de año se hará una evaluación de la implementación del
programa Paisaje Madidi. Consciente de que la contaminación minera en el Tuichi
es una de las amenazas y que hay dificultad para controlar, dice que es preciso
disponer de más guardaparques.

Menos
optimista se muestra el exdirector interino del parque y actual jefe de
Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, Marcos
Uzquiano, quien explica que en ese 1% no se está tomando en cuenta los impactos
extendidos o indirectos. La minería, al ser ilegal, no cumple la normativa
ambiental, no tiene licencia ni asume medidas de mitigación, de manera que, por
ejemplo, “esa actividad causa impacto también con la apertura de caminos; ¿cómo
(los mineros) llegan al río Tuichi?, ¿hay datos de cuántos kilómetros de camino
han abierto para meter esa maquinaria al Tuichi? Se sabe que ésta es una puerta
para que otras actividades de impacto ingresen al parque”.

Por su parte,
los comunarios de San José de Uchupiamonas, una de las últimas comunidades del
Tuichi, en el lado A, ven con alarma que las aguas de este afluente ya no son
claras. Y así debe ser cuando, a diario, las cooperativas echan al río los
sedimentos que sacan de los cerros seducidos por un oro que no podrá pagar la
vida que se está destruyendo.

/Extraído del portal de La Brava/