Termina primera semana de discusión del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional terminó ayer viernes 1 de septiembre, la primera semana de sesión permanente de la discusión en primer debate del proyecto ley 1043 que aprueba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.

El lunes 4 de septiembre la comisión de Comercio, encargada de la discusión, se trasladará a Donoso para desarrollar en este punto del país la consulta, mientras que el miércoles 6 de septiembre será en Omar Torrijos, provincia de Colón, y posteriormente en La Pintada, provincia de Coclé.

Al cierre de la semana, ayer, Linda Loo, miembro de la sociedad civil, exclamó ¡Panamá no se vende… basta de legislar a favor de los intereses económicos en perjuicio del pueblo y a favor de unos cuentos; somos un país soberano, pero secuestrado por ustedes!, durante su participación.

Indicó que “el impacto de la minería a cielo abierto no es una industria de desarrollo sostenible bajo ningún prisma, que el territorio de Panamá, a pesar de tener pocos km, es rico en naturaleza y biodiversidad, pero aun así el desarrollo minero constituye una amenaza para la seguridad humana y afecta las comunidades locales, pues causa devastación sostenida de la naturaleza provocando la pérdida de identidad, seguridad alimentaria, cultural, social, económica y en especial la pérdida de flora y fauna que hace que perdamos nuestras fuentes de agua”, expresó.

Durante las primeras jornadas en que intervinieron diversas organizaciones y personas naturales, el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Federico Alfaro Boyd, solicitó no politizar este proyecto.

Aseguró que los escollos legales del contrato anterior fueron resueltos después de arduas conversaciones entre las partes, y consideró que los beneficios del nuevo contrato superan con creces lo que recibía el Estado con el contrato anterior.

Reiteró las bondades de aprobar esta ley, y dijo que si en un año se reciben $400 millones, la distribución será de $200 millones para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja de Seguro Social, beneficiando a más de 300.000 personas entre jubilados y pensionados, otros $80 millones para pagar el aumento a jubilados que ganen menos de $350 –que son casi 144.000 jubilados y pensionados–, además de $100 millones para proyectos en los municipios aledaños y $20 millones para la construcción del Instituto para el Perfeccionamiento del Docente.

Mientras que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, también se pronunció y dijo que en un gobierno democrático no solamente se debe escuchar a los que están de acuerdo, sino a todas las partes y ser respetuosos en estas opiniones “es el proceso democrático que hay que proteger y cuidarlo. Hay que escuchar a la gente, es parte de la democracia, y esto no es dictadura, no es monarquía, tenemos que aprender a escuchar y a dialogar”.

Entre los participantes, Carlos Salazar Medina, ingeniero en Minas, señaló que este contrato es un avance significativo para el Estado panameño, ya que representa un monto 10 veces más de lo que se recibía anteriormente; “los mineros trabajamos y somos orgullosos de ser mineros, y se han generado más de 40.000 plazas de empleo de trabajo de verdad”, exclamó.

“Es muy fácil decir que cierren la mina, y después que se cierra buscamos cómo vamos a sustituir ese 5% del PIB y cómo vamos a poder darle mantenimiento anual, sin ingresos, en consecuencia tenemos que usar un poco mejor la cabeza”, expresó Salazar Medina durante su intervención.

Jornadas de protestas

Mientras se realizaba la consulta ciudadana en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, del primer debate del proyecto ley 1043 que aprueba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional agrupaciones de universitarios, ambientalistas y trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores y Similares (Suntracs) llevaban a cabo jornadas de protestas para rechazar el proyecto. En medio de estas manifestaciones, se registraron enfrentamientos entre los protestantes y agentes de control de multitudes de la Policía Nacional, luego que los primeros arrojaran piedras y otros objetos a los agentes, que se mantenían custodiando los predios del hemiciclo legislativo y en aras de mantener el orden público y el tránsito de vehículos por la zona.