Al banquillo, los ultras que sembraron de violencia el 9 d’Octubre de 2017

Eran poco más de las cinco de la tarde. Faltaba una hora para que arrancara la tradicional manifestación que todos los años convoca la Comissió 9 d’Octubre en favor de la lengua valenciana y, mientras se organizaba la marcha, a la que se adhirieron miembros de las organizaciones catalanistas de la CUP y Arran, un hombre, luego acusado e identificado como El Alfarrasí, accedió a la plaza de San Agustín de Valencia, lugar del que partía la manifestación, junto a otras personas entonando cánticos, gritos y saludando con el brazo en alto, un gesto propio de movimientos fascistas y neonazis. Los ultras increparon a los manifestantes y se abalanzaron hacia ellos a pesar del cordón policial, que cedió en algunos puntos por la fuerza de los empujones y provocó unos angustiosos minutos en que se sucedieron insultos, amenazas y agresiones contra los convocantes y algunos periodistas, según relata la Fiscalía de Valencia en su escrito de lo sucedido el 9 d’Octubre de 2017, y por lo que este lunes, 25 de septiembre, 28 ultras se sentarán en el banquillo, acusados, en diferentes grados, de delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves y lesiones. Sobre el juicio sobrevuelan las negociaciones para un posible acuerdo de conformidad que, de producirse, evitaría un proceso que se prevé largo.

El ambiente comenzó a caldearse mucho antes. El 1 de Octubre, en que el Gobierno catalán intentó sin éxito realizar una consulta por la autodeterminación era reciente y por redes sociales se produjo un llamamiento a concentrarse el 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana: “Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9-O. ¿Cuento con vosotros? Pza San Agustín 9-X-17″, invitaba uno de los acusados por una red social. A este llamamiento respondieron un numeroso grupo de personas que se concentraron en la mañana del 9 de octubre junto al campo de fútbol de Mestalla tras una pancarta de Yomus CN10: Los congregantes se dirigieron al centro de la ciudad con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la manifestación y enfrentarse a quienes asistieran por razón de su ideología, recogía el escrito del ministerio público.

Por la tarde, uno de los acusados, conocido como El Alfarrasí, que había liderado la extinta peña del Valencia CF Yomus, accedió a la plaza de San Agustín, lugar de inicio de la manifestación, junto a otras personas entonando cánticos, gritos y realizando el saludo que consistía en mantener el brazo en alto, propio de movimientos fascistas y neonazis. Se produjeron los primeros altercados y minutos más tarde llegaron las agresiones y los puñetazos a participantes en la manifestación.

Varios acusados siguieron a dos manifestantes y le dieron una fuerte patada a uno de ellos a modo de zancadilla, lo que le hizo caer al suelo y arrastró en su caída al compañero. Una vez allí, fueron agredidos con el mástil de una bandera cuatribarrada. Otro manifestante intervino para defender a las víctimas y un gran número de acusados se abalanzaron sobre él y lo acorralaron. Diversos acusados se abalanzaron sobre un fotoperiodista de El País que estaba fotografiando los acontecimientos para arrebatarle la cámara. Le arrojaron al suelo y le impidieron que se levantara al lanzar sobre él una mesa y un cartel de un bar de la misma calle donde se encontraba.

Durante todo el recorrido de la marcha por las calles de Xàtiva y Colón, multitud de personas portadoras de banderas de España y de la Comunidad increpaban y gritaban a los manifestantes, llegando a varios conatos de agresiones físicas que fueron abortadas por un cordón policial recompuesto y reforzado por agentes de la UIC de la Policía Nacional. Los custodiaron y se interpusieron entre los atacantes y los manifestantes, que tuvieron que variar incluso el trayecto para evitar más bronca.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado penas que oscilan entre los tres y los siete años y medio de prisión para los 28 acusados de agredir y coaccionar a asistentes a la manifestación y a profesionales de los medios de comunicación, cuya cobertura permitió documentar las agresiones e identificar a los autores.

“Hay que ser muy rigurosos en sancionar las conductas de delitos de odio y en este caso que suspenden además derechos fundamentales como es el derecho a la manifestación. Hay que ser muy firmes frente a este tipo de comportamientos. Por los derechos de la gente, de todos”, apunta seis años después de los hechos Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que ejerce la acusación pública. Ellos y la Comissió 9 d’Octubre, se personaron para ejercer la acusación pública, a la que luego se unieron dos acusaciones particulares más que representan a las víctimas de agresiones o amenazas.

El procedimiento ha sido largo, unos seis años, por la cantidad de acusados que hay, 28 en total, las acusaciones heterogeneas y por la covid y por el propio ritmo de los juzgados. Sobre el juicio ronda un posible pacto de conformidad que evitaría la vista pero ese extremo no se confirmará hasta el propio lunes. Algunas de la partes coinciden en que si finalmente hay proceso será largo.

“Queremos generar una pedagogía democrática frente a este tipo de actos de intolerancia, sea lo que sea. Es injusto con las víctimas, nadie tiene que verse agredido ni amenazado y con un proceso judicial tan dilatado hasta su solución. También está el interés de la sociedad”, añade Ibarra, un veterano activista del movimiento estudiantil antifranquista.

Acció Cultural del País Valencià (APCV), integrado en la Comissió 9 d’Octubre, ha convocado varias concentraciones coincidiendo con el arranque del juicio: “Ante la importancia del juicio que ahora se abre, ACPV hace un llamamiento a concentrarse este lunes ante la Ciudad de la Justicia de València para reclamar la condena de la violencia y de los violentos”, y pide a asociaciones, sindicatos y partidos que “condenen de forma pública y clara los hechos violentos del 9 d’Octubre de 2017″.