El decreto que preocupa al sector minero del país y que el Ministerio de Ambiente busca …
Un decreto que busca expedir el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, tiene preocupado al sector minero. La propuesta de la Cartera es delimitar áreas de reserva temporales en el país, con el objetivo de hacer un ordenamiento del territorio. Esta tarea, según la ministra, debe surgir de acuerdos establecidos entre la industria minera y el sector ambiente, para que las áreas coordinadas por ambos no entren en conflictos socioambientales.
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Por medio del decreto se busca reformar entonces el decreto 1374 de 2013, por medio del cual “se establecen parámetros para el señalamiento de unas reservas de recursos naturales de manera temporal”. De acuerdo con la Federación Colombiana de Pequeños Mineros Ancestrales en Proceso de Formalización (Fedemapec) insistió, por medio de un comunicado, en que la Cartera va a sacar un proyecto “sin mayores criterios técnicos y a espaldas de las comunidades”.
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Entre sus argumentos está el hecho de que la iniciativa condenaría al sector minero, sobre todo al pequeño y artesanal, a la ilegalidad, toda vez que les impediría formalizar el oficio al que se dedican y que ha estado presente en las regiones mineras desde hace más de 400 años.
“Ese decreto transgrede abiertamente el artículo 34 del Código de Minas al autorizar la creación de zonas de exclusión de la minería en el país sin el respaldo de estudios técnicos sólidos. Y en segundo lugar, se basa en la aplicación generalizada del principio de precaución, que debería ser excepcional y no la regla”, explicó directora de la Federación, Ivonne González, citada en el comunicado.
El artículo en cuestión prohíbe el desarrollo de obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitas como de protección. Esto quiere decir que se convierten en “zonas excluibles de la minería”.
Por otro lado, sostiene que la iniciativa también va en contra de lo establecido en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales, en el que se permite la declaración de zonas de reserva sin perjuicio de los derechos que han adquirido terceros. Asegura entonces que los derechos de los mineros que trabajan en las zonas que se quiere delimitar estarían siendo transgredidos.
“Rechazamos las acciones contradictorias que desde el Gobierno nos vienen dando a la población minera: por un lado, nos invitan a construir ‘colectivamente’ una reforma al Código Minero, pero luego a espaldas de las comunidades y sin participación o consulta alguna, se tramitan decretos que contradicen las promesas y resultan claramente nocivos para nuestra labor como el que pretende expedir su Ministerio”, manifestó la directora.
Por eso, la Federación hizo un llamado a la ministra de Ambiente para que se abstenga de expedir el decreto y para que escuche al sector minero. “Antes de decirnos que dejemos de hacer minería, nos tienen que buscar solución, pero una solución integral”, dijo González.
De acuerdo con Susana Muhamad, la expedición del decreto responde a una sentencia proferida por el Consejo de Estado a la que se le debe dar cumplimiento. Así las cosas, explicó en entrevista con El Tiempo, que el objetivo del decreto es definir las zonas de reserva para evitar que se configuren otros derechos en ellas.
“A partir de este decreto saldrán resoluciones específicas de declaratorias de reservas temporales con el fin de que no tengamos que generar más conflictos. Lo que intenta la sentencia del Consejo de Estado es frenar esos conflictos en los territorios”, añadió.
Sostuvo que se están evaluando más de 400 comentarios que el Ministerio ha recibido sobre el decreto y que, además, se agendó una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM) para resolver dudas. “Esperamos expedirlo muy pronto”.
Aseguró que mediante el decreto se impide que se declaren reservas “como locos” y que, además, imposibilita el prohibir la minería en todo el territorio nacional. “La reserva no será eterna, es temporal y tiene un propósito que es zonificar y definir límites. Además, tendrá un cronograma, una justificación si en algún caso puede afectar algún proyecto, y como todo acto administrativo, puede ser demandable si hay desacuerdo entre los actores”, explicó para el medio.