Fallo contra minería en Panamá: “La población en las calles fue clave al decir que …

Este 28 de noviembre, precisamente cuando Panamá celebraba sus 202 años de independencia de España, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que ataba al país, hasta por 40 años, con la canadiense First Quantum Minerals (FQM) para la extracción de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

La ausencia de una licitación pública, una insuficiente participación ciudadana, el planteamiento de un contrato como interés público cuando se trató de una inversión privada, la falta del debido proceso y la violación a artículos de la Constitución panameña referentes a la protección de la salud y de un ambiente sano, son las principales razones por las que el máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato minero, resumió Juan Ramón Sevillano, abogado que demandó el contrato o ley 406.

Desde hace un mes los panameños salieron a la calle a exigir el cierre de esta mina, conocida como “Cobre Panamá”, a través de la filial Minera Panamá S.A., y que está ubicada en la parte boscosa de la atlántica provincia de Colón, a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá.

Acompañados de carteles de “Panamá no se vende”, “No a la minería” “La riqueza de Panamá está en su naturaleza”, “Panamá vale más sin minería”,“Demasiada traición en un solo contrato” miles de personas tomaron las calles tras más de una década de una cuestionada fiscalización de la mina. Más de una docena de informes de seguimiento ambiental detallan que el agua fue el principal recurso afectado “por la ineficacia en las medidas de control de la erosión y sedimentación”, perjuicios a “los ecosistemas naturales y de las poblaciones” que dependen de cuerpos de agua afectados por las descargas de “contaminantes peligrosos, metales pesados y patógenos, causantes de enfermedades”, entre otros más de 200 incumplimientos.

Las protestas dejaron un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y paralizó una economía que, de acuerdo con el Banco Mundial, crecería este año entre 4.5 % a 5.7 %, liderando la actividad económica regional.

Ya en 2017 la Corte Suprema de Justicia había declarado que el contrato original con FQM era inconstitucional, sin embargo, ninguno de los gobiernos lo acató y la actual administración de Laurentino Cortizo Cohen lo renegoció, mediante el contrato ley 406, para obtener mayores regalías y avalar la operación de la mina.

Ahora, teniendo bajo su manga el fallo de inconstitucionalidad, la nación panameña se prepara para enfrentar reclamos legales y los cuestionamientos se tornan sobre los perjuicios ambientales, una tarea de fiscalización a la que le ha puesto la lupa el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam).

Desde esta organización, y hace más de una década, el biólogo Isaías Ramos le sigue los pasos a la canadiense y a las autoridades, requiriendo las auditorías ambientales en la concesión de 13 600 hectáreas.

Mongabay Latam conversó con Ramos sobre sus hallazgos en esas auditorías a las que accedió, las fallas en la fiscalización y las consecuencias sociales y políticas tras la decisión de la justicia panameña.

—¿Cuál es el factor común en las inspecciones a la mina por parte del Ministerio de Ambiente?

—Desde el 2011 a la fecha, se demuestra una evidente incapacidad por parte de la autoridad ambiental para darle seguimiento al proyecto.  Al ser éste tan extenso, pero también tan intensivo en el uso de los recursos y manejo, se necesita de personal calificado y de laboratorios para analizar toda la información que ha presentado la empresa en el Ministerio de Ambiente a lo largo de todos esos años, y así sancionar de manera efectiva.

Simplemente, se hace una enumeración de eventos que no conllevan a una sanción real al proyecto, a pesar de los hechos acumulativos que se venían dando por parte de la empresa y que eran anotadas como “incumplimientos” que se repiten en cada uno de esos informes, sin que se aprecie un cambio.

Un tema simple que parece una tontería, pero que indica la falta de voluntad del Ministerio de Ambiente para aplicar una medida efectiva es el manejo de llantas y residuos.

Desde los primeros informes sale a relucir que es un problema en la gestión de residuos sólidos, pero pasan años y ese señalamiento se va repitiendo exactamente igual en cada uno de los informes.

Igual sucede con el deficiente manejo de las aguas residuales, que no se le da seguimiento a los drenajes, que no se tienen los permisos para diferentes procesos mineros y pese a los reportes, esa situación no cambia.

—Sin embargo, FQM argumenta que sus operaciones siguen altos lineamientos internacionales y que no hay daño alguno, ¿cuáles son los perjuicios más relevantes? 

—En caso de que se de un cierre minero, un ente independiente debería hacer un examen total de la situación y evaluar realmente qué es lo que está pasando. Pero, sin necesidad de que se efectúe una auditoría, es evidente que construir embalses e instalaciones de manejo de relaves en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y en un área protegida no puede ser considerado la mejor práctica ambiental para el país.

¿Por qué un ente independiente? Porque actualmente toda la información que se tiene es por parte del Ministerio de Ambiente, que no ha querido hacer su trabajo a lo largo de todas estas administraciones, y, a su vez, los informes que remite la minera, que siempre señalan la mejor cara de lo que está sucediendo.

—En cuanto al Corredor Biológico Mesoamericano, se refuta que este proyecto no le representa ni el 1 % y que lo perjudican otras actividades como la agricultura. ¿Qué tanto lo impacta realmente?

—Ahí hay diferentes connotaciones. Si bien es cierto que no podemos desmeritar la agricultura tradicional como el avance de la frontera agropecuaria, comparar ambas afectaciones es no visualizar el impacto que tiene la minería.

En la ganadería, y en especial la agricultura de subsistencia, son amplias comunidades las que la utilizan. Más que una prohibición debería reordenarse la actividad agropecuaria, garantizarse  mejores técnicas y no hacer como si existiéramos en el siglo XVI.

A su vez, en el tema de la minería no hablamos de actores dispersos aprovechando la tierra, sino de proyectos que crean enclave en el lugar donde se establecen y que, además, cooptan el funcionamiento político de las diferentes estructuras de poder en el país. Un agricultor o un grupo de campesinos es simplemente una comunidad, mientras que un proyecto minero tiene, además de empresarios, políticos, autoridades, financiamiento, bancos y apoyo internacional. No estamos hablando de la misma estructura de poder ni de los mismos impactos sociales, entonces comparar que una mina es igual a un campesino de Donoso [distrito donde se ubica del proyecto] con un machete, es por lo menos una reducción al absurdo.

Hay que evaluarlo en cuanto a la intensidad, la extensión del proyecto y el tiempo. Con la agricultura la tierra se puede regenerar, en minería los tiempos son tan largos que el sitio no será recuperado para que lo vea una persona durante su periodo de vida.

— ¿Cuál es el dato que más le impresiona de los informes ambientales?

—Que el propio Ministerio de Ambiente reconozca que no se pagaron los aportes de más de $11 millones para las áreas protegidas con los que la empresa se comprometió, que eso sea recurrente y que siempre se diga que este reporte se va a pasar a la sección legal y finalmente no pase nada.

Además, cuando hay daños o derrames los análisis químicos indican que se trata de un resultado “x”, según la información presentada por la minera, en vez de sustentarse en lo que el ministerio analizó.

— ¿Qué opinión le merece que, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el nuevo contrato tuviera 25 artículos violatorios a la Constitución panameña?

—Aunque es un tema legal, eso es igual a los problemas señalados en los informes de seguimiento ambiental. El gobierno tenía conocimiento de las normas y de lo que estaba pasando, sin embargo, en ningún momento mostró la intención o la capacidad de hacer la corrección, sino que fueron las voces de cientos de personas las que salieron a las calles a protestar durante estos dos años que estuvo en revisión el contrato.

Luego, cuando se presentó la apertura [para escuchar los planteamientos] en la Asamblea Nacional, diversos profesionales manifestaron que este proyecto era lesivo a los intereses nacionales. La gente le envió cartas a su diputado, intentaron hablar en redes sociales y de múltiples maneras se le intentó hacer entender al gobierno que estructuralmente ese proyecto estaba mal porque afectaba al país, empezando por la Constitución, y salvo los pocos diputados que se opusieron [ 7 de 71] la mayoría no hizo comentarios, ni siquiera intentaron leer el contrato y aprobaron estas cosas.

—¿Por qué estima que los gobiernos evadieron su responsabilidad con el fallo de inconstitucionalidad de 2017 y se le permitió a First Quantum mantener sus operaciones? ¿Qué fue lo distinto con este fallo?

—Evidentemente la presión popular. Estamos hablando de que, incluso, ahora aumentaron los impactos generados y los problemas que se tenían.

A su vez, todos los desaciertos acumulados que tuvo el gobierno aumentaron la indignación pública y hay un evento que está muy relacionado con esto —aunque no se quiera ver— y es que hace un año, en agosto, hubo un fuerte conflicto social a nivel nacional [por el costo de la vida] y extrañamente el problema más grande no fue aquí en la capital, sino que vino del interior del país, de las provincias. No se solucionó ese problema. Simplemente se generaron mesas de diálogo, el gobierno presentó diferentes discursos, pero el problema se mantuvo. Ahora, la mayoría de la población al ver que el gobierno iba a utilizar el mismo mecanismo de vamos a hacer mesa, a sentarnos, a conversar, dijo “no”.

—Normalmente los asuntos ambientales no atraen con tanta fuerza el interés de los panameños, ¿cómo surge el repentino recobro de la conciencia ambiental del país?

—Ayudó muchísimo la difusión en redes sociales que reventaron el bloqueo comunicacional, en el sentido de que se presentaba que el tema ambiental era solamente de grupos profesionales dedicados a la naturaleza y que eso no tenía implicaciones.

Parte del trabajo que han hecho los grupos ambientales, y que se necesitó en este evento, era que se incluyeran a los trabajadores de la construcción, a los indígenas, a los maestros, que eran tres sectores que cambiaron la dinámica del movimiento. Además, el resto de los grupos sociales se dio cuenta que, cuando los diferentes actores van discutiendo lo ambiental, son asuntos que lesionan su concepto de lo que implica ser de Panamá y eso es lo más grave.

—¿Qué impactos cree que tuvo en la ciudadanía la propuesta de convertir a la minería en el eje de toda la economía, proyectar las regalías como alivio de los mayores problemas financieros o que este sería el modelo de desarrollo que transformaría la esencia del panameño?

—Ese hecho del gobierno, de imponer a la fuerza qué es ser panameño, implicó un enojo muy grande, una molestia que era acumulada y con la represión logró exacerbar esas molestias. Mientras el gobierno más reprimía, más grande era la manifestación al día siguiente.

Fue algo autoconvocado, cada grupo eligió la manera de hacerlo como podía, desde los pescadores en el mar hasta la gente en el Puente de Santiago [en el centro del país] , Pacora [en el Este] encontraron una manera de evidenciar sus molestias y de decir que este tema de la minería lesionaba profundamente su concepción de ser panameño.

—¿Cómo se llegó a tocar las fibras del sentir del panameño? 

—Básicamente, todos los recuerdos y el apego que tuviera la sociedad a la tierra tenía que cambiar para beneficio de un negocio.

Aquí usted puede tener diferentes tendencias, colores o ideas, pero siempre que le dicen Panamá, la gente lo asocia con algo verde y algo vivo. De pronto el gobierno con esta estructura empezó a decir que este proyecto minero sería el plan de desarrollo para la industria minera en el país, o sea, despídete de lo que es Panamá.

—¿Cómo será este cierre minero? ¿Es posible recuperar esa zona y en cuántos años?

—El proceso de cierre va a ser muy largo; va a necesitar mucho tiempo y dinero. No podemos recuperar la zona donde está la estructura de la empresa, si a las comunidades se les abandona otra vez en la pobreza, en la segregación económica y sin que tengan un desarrollo humano sustentable.

Más que meter tecnología, tiene que haber un proceso que involucre a las comunidades y que ese desarrollo sostenible que nos pasamos gritando en la calle todo este mes y medio, la gente lo vea en el plato, que si no lo ven en el plato, vamos a caer otra vez en el mismo problema.

— ¿Cómo cambia el entorno político la situación de más de un mes de protestas y cierre de las diferentes vías en un año preelectoral ?

—Esta situación ha cambiado tanto la argumentación política que más que hablar de desarrollo económico la pregunta que tendrían que responder los políticos ahora es cómo vamos a lograr un desarrollo sostenible para Panamá.

La población en las calles fue clave al decir que queremos un país verde, sostenible y desarrollo para todos. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos eso? Y a eso se debe el silencio de la mayor parte de los políticos, entendiendo la situación argumental que tenían antes y que ahora cambió.

* Imagen Principal: Panameños celebraron la decisión de la Corte Suprema. Foto: Mary Triny Zea

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