El Gobierno buscará un pacto con BBVA y La Caixa para dar estabilidad accionarial a Telefónica tras comprar el 10%

El Gobierno conmocionó este martes a los mercados bursátiles al anunciar por sorpresa que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), comprará un 10% del capital de Telefónica, lo que le convertiría en el primer accionista de la operadora. El Ejecutivo ha justificado la operación debido al carácter estratégico de la compañía en materia de seguridad y de defensa. Pero también ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar la “estabilidad accionarial” de la multinacional. Tanto la SEPI, como el Ministerio de Hacienda o la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, han apelado a esa estabilidad para justificar la operación. Y es que el Gobierno quiere lanzar un mensaje claro y rotundo a su homólogo saudí en respuesta a la irrupción sin previo aviso en el capital de la multinacional española de Saudi Telecom Company (STC). La operadora participada por el fondo soberano PIF se descolgaba el pasado 5 de septiembre con el anuncio de la compra del 4,9% del capital con opción a otro 5% a través de instrumentos financieros convertibles, por 2.100 millones.

Tres meses y medio después ha llegado la respuesta del Gobierno con la misma fórmula empleada por los saudíes: el anuncio, a cierre del mercado, y sin conocimiento oficial por parte del consejo de la operadora, de la compra de hasta el 10% de Telefónica. Hasta el importe, siempre que no se disparen los títulos, es similar al pagado por STC. Se trata de un movimiento defensivo pero que persigue acabar con cualquier duda sobre el control de la principal compañía tecnológica y de telecomunicaciones española. Para ello, una vez que ejecute la toma de ese 10%, el Gobierno buscará articular un pacto estable con el BBVA y La Caixa (y su fundación), los dos máximos accionistas de Telefónica, con el objeto de garantizar esa “estabilidad accionarial” tan ansiada, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de la operación.

El objetivo es impedir que la entrada de los saudíes en el consejo desnivele las actuales fuerzas. Cuando complete la toma del 9,9% del capital, STC puede reclamar uno o dos consejeros, pero quedarían inmediatamente equilibrados por los que solicitaría la SEPI, por su 10% del capital. Tanto CaixaBank-Criteria (6,03% del capital) como BBVA (4,87%) tienen un consejero dominical cada uno (Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente). A ellos, hay que sumar los dos consejeros ejecutivos, en este caso, el presidente de Telefónica (José María Álvarez-Pallete) y el consejero delegado (Ángel Vilá), y el consejero externo Javier de Paz, relacionado con el PSOE. El resto, hasta los 15 miembros, son independientes. Ante un hipotético toma de control de STC en el consejo, incluso con una posible alianza con el fondo Blackrock, que podría pedir un puesto en el órgano de gobierno por su 4,48% del capital, estaría desactivado por el nuevo equilibrio de fuerzas.

La alianza entre BBVA y La Caixa en Telefónica no es nueva. Ya actuaron en bloque antes de la completa privatización en lo que se llamó el “núcleo duro” de Telefónica bajo el último Gobierno de Felipe González. Y comparten también la preocupación junto a los dos máximos ejecutivos de la compañía, por las formas en las que STC entró en el capital. La irrupción de los saudíes pilló a Pallete en un viaje en San José (EE UU), y tuvo que regresar a toda prisa en el avión privado con destino a Riad, para pedir explicaciones a los nuevos inversores el mismo día en que se conoció la operación.

En las varias reuniones que han tenido desde entonces con la cúpula de Telefónica, los saudíes han tratado de apaciguar las aguas, asegurando que se trata de una inversión industrial y que, por ello, se hace a través de STC y no directamente desde el fondo soberano, como en otras operaciones financieras o más especulativas, según fuentes conocedoras de las conversaciones. También han dado su respaldo a la gestión de la compañía, con la que mantienen una alianza estratégica, precisamente en materia de seguridad, sellada en febrero pasado. Pero esos encuentros no han servido para desvelar las intenciones finales de los nuevos socios y el papel que quieren jugar en el futuro de la compañía. El ejemplo de Vodafone, donde Etisalat, el grupo de telecomunicaciones de Emiratos Árabes Unidos, se ha hecho con el 25% el capital y ha dinamitado el consejo para influir en decisiones estratégicas, como la venta de la filial española a Zegona, causaba temor en los despachos del Distrito C, sede madrileña de Telefónica, y en el Palacio de la Moncloa. “Y eso que Vodafone no tiene contratos de defensa con el gobierno británico”, apuntaba este martes un ejecutivo del sector.

El Gobierno ha preferido esperar y ver antes de dar este paso, que puede ser interpretado como una muestra de intervencionismo en la empresa privada, como ya han deslizado desde el Partido Popular. Pero la indefinición de STC, que ha demorado sine die la petición de autorización al Ministerio de Defensa para hacer efectiva la toma del 9,9% del capital, han decidido finalmente al Gobierno a dar este último paso.

Aunque oficialmente el consejo de administración de la operadora no se ha pronunciado sobre la operación de la SEPI (tan solo emitió un hecho relevante en el que hacía mención al objetivo de crear valor para el accionista contenido en su plan estratégico), las fuentes citadas apuntan a que tanto Pallete como BBVA y La Caixa estaban al tanto de la intención del Gobierno “aunque no necesariamente de su calendario exacto”. De hecho, en las semanas previas ha habido numerosos contactos entre todas las partes.

CaixaBank, la Fundación La Caixa y el BBVA no han hecho declaraciones sobre el movimiento del Gobierno para que la SEPI entre en el accionariado de Telefónica, informa Hugo Gutiérrez. Aunque diversas fuentes del sector consideran positivo este movimiento, que creen que aporta estabilidad desde el punto de vista accionarial. Para el banco catalán, se trata de una inversión estratégica que quieren mantener en el nivel actual, según han asegurado desde que se conoció el interés de STC. Al igual que BBVA, que tampoco tiene intención de salir de la teleco. “Es positivo que haya apetito inversor por Telefónica y que aporten estabilidad”, dijo su consejero delegado, Onur Genç, en la última presentación de resultados sobre el interés saudí.

Reacciones políticas

El asunto no ha tardado en saltar a la arena política, incluso dentro del propio Gobierno. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha querido apuntarse el mérito de la operación para su formación asegurando que “responde fundamentalmente a una exigencia” que Yolanda Díaz “trasladó” a Nadia Calviño para “recuperar para el Estado una empresa tan estratégica como Telefónica”. La propia Yolanda Díaz ha recordado esa exigencia cuando se conoció la entrada de STC en Telefónica. “El Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país. Dijimos hace meses que era necesario. Hoy es una realidad”, ha sostenido la ministra a través de su cuenta de X.

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de intervencionismo por querer “ocupar” el sector privado y ha afirmado que no hay un motivo justificado para la adquisición de hasta un 10% de Telefónica. “Sin duda es una posición de intervención por parte del Gobierno, que el único fin que tiene es ocupar, en este caso empezar con el sector privado”, ha señalado en declaraciones en el Congreso tras reprochar al Ejecutivo que no se haya comunicado esta decisión con anterioridad al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que este se haya enterado de la noticia a través de los medios de comunicación.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ve con “desconfianza total” la operación y las razones aducidas para la misma. “El Gobierno nunca pretende defender los sectores estratégicos de España, sino, en todo caso, adquirir un mayor poder”, ha aseverado. Más allá ha ido el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha abogado por la completa nacionalización de Telefónica para que no esté “al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible”.

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