Defensoría del Pueblo exige acciones contundentes contra minería ilegal y crimen organizado asociado a este delito
- Actividad ilícita ha deforestado 18 421 hectáreas de bosques en el sur de la Amazonía peruana entre 2021 y 2022.
- Se anuncia supervisión nacional a 25 gobiernos regionales y a fiscalías especializadas en materia ambiental.
La Defensoría del Pueblo formuló un llamado a distintas entidades del Estado (Congreso de la República, Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Policía Nacional y gobiernos regionales) a intensificar la lucha y la persecución del delito minería ilegal y el crimen organizado asociado a esta actividad ilícita, así como a disponer acciones que eviten la desnaturalización del proceso de formalización minera. En ese sentido, se insiste en la necesidad de abordar de manera integral y con urgencia esta problemática debido a sus graves consecuencias ambientales, económicas y socioculturales, así como las amenazas dirigidas contra los defensores ambientales.
Así lo señaló Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien dio a conocer que la institución alista una nueva supervisión nacional a las direcciones de energía y minas o quien haga sus veces de los 25 gobiernos regionales y a las fiscalías especializadas en materia ambiental, con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de sus competencias y funciones en la materia.
Según explicó, la minería ilegal, que es considerada como un delito en nuestro país desde el año 2012, ha experimentado un crecimiento acelerado, especialmente en las regiones amazónicas. Además, esta problemática se agrava por la presencia de factores determinantes como la criminalidad organizada, la debilidad del Estado y los desafíos socioeconómicos en las comunidades afectadas.
“En términos ambientales, la minería ilegal viene generando una deforestación significativa en el sur de la Amazonía peruana, con 18 421 hectáreas de bosques afectadas entre 2021 y 2022, a lo que se suma su presencia en áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento”, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo quien explicó que esta situación se incrementa a pesar de la aprobación en 2021 del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal en Madre de Dios y otros distritos de Cusco y Puno, denominado “Plan Restauración”.
En ese sentido, sostuvo que la institución enfatiza la necesidad de una respuesta más sostenida y coordinada en todas las regiones en donde se desarrolla esta actividad ilícita y que urge priorizar la actualización de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, lo cual viene siendo solicitado al Ministerio del Interior desde el 2021.
Vásquez también informó que, entre los meses de septiembre y diciembre del presente año, se ha desarrollado un conjunto de reuniones con autoridades nacionales y regionales para conocer los avances en esta política pública. En dichas reuniones, si bien se reportaron algunos avances, también se evidenciaron serias dificultades, debido a limitaciones en la capacidad de respuesta estatal, los insuficientes recursos económicos asignados, así como de recursos humanos y logística, lo cual impide una intervención de alto impacto en las zonas donde se realiza esta actividad.
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo, manifestó que, su abordaje integral no será efectivo sino se concluye con el proceso de formalización de la minería de pequeña escala y minería artesanal. “Al respecto, pese a haberse diseñado como un proceso extraordinario y sujeto a plazos, han transcurrido más de 10 años de dicho proceso, el cual ha sido objeto de reiteradas prórrogas, siendo la última hasta el 31 de diciembre de 2024, respecto de la cual nuestra institución ha expresado su rechazo pues dichas medidas desnaturalizan el proceso y debilitan la persecución del delito de minería ilegal.”, precisó.
Ello ha dado lugar que, al día de hoy, existan 87 148 titulares mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales un 79 % (69 157) se encuentran suspendidos y solo un 21% (17 991) con título vigente. Mientras tanto, más de 69 000 mineros podrían estar operando con total impunidad pese a encontrarse suspendidos en el Reinfo, sin cumplir con las mínimas exigencias, contaminando el ambiente, los recursos naturales y vulnerando derechos fundamentales, debido a una débil, y en algunos casos inexistente, supervisión por parte de las autoridades competentes y la falta de mejoras normativas al respecto.
“Para la Defensoría del Pueblo, es impostergable que el Ministerio de Energía y Minas formule los ajustes normativos para mejorar dicho proceso y evitar que, al amparo del proceso de formalización, sujetos dedicados a la minería ilegal y sin cumplir ninguna exigencia ambiental, tributaria y laboral, operen con total impunidad debido a la falta de supervisión de los gobiernos regionales, la falta de depuración del Reinfo y las serias limitaciones normativas y logísticas que enfrenta el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, para realizar estos operativos”, remarcó la adjunta en la materia.