El flanco débil de la defensa de Piñera: el principal ejecutivo de los negocios de su familia …
La defensa del Presidente Piñera argumenta que ni el mandatario, ni su familia, ni su representante intervinieron en el acuerdo de venta de Dominga, el que incluía la cláusula que condicionaba el último pago a que el proyecto no fuera afectado por protección ambiental. Lo cierto es que el representante de la familia presidencial, Nicolás Noguera, conoció el acuerdo y lo aceptó: su firma aparece en el contrato firmado en Islas Vírgenes Británicas donde aparece la cláusula. Lo suscribió en nombre de una sociedad off shore especialmente constituida para finiquitar el negocio. Noguera también figura como director y apoderado en varias inversiones mineras de los Piñera Morel entre 2010 y 2014.
La defensa del Presidente Sebastián Piñera frente a la acusación constitucional ha construido su argumento en torno a una idea base: ni el Presidente, ni su familia, ni sus ejecutivos participaron en la negociación por la venta de Dominga. Por tanto, tampoco habrían intervenido en el acuerdo sobre la cláusula que condicionó el último pago a que la zona del proyecto no quedara sujeta a restricciones ambientales bajo el primer gobierno del propio Piñera. Así lo repitió el abogado del Presidente, Jorge Gálvez, en una entrevista publicada por El Mercurio el domingo 14 de noviembre:
“Es una cláusula que pactan comprador y vendedor en el acuerdo de venta, en la cual no intervienen ni el Presidente, ni su familia, ni su representante”, sostuvo Gálvez. Y agregó: “En general, estas cláusulas se usan cuando el vendedor quiere desprenderse del activo y que le paguen el total de inmediato, y cuando el vendedor quiere asegurarse de que eventualmente un cambio del valor del activo pueda ser compensado, si es que hay otro tipo de modificaciones regulatorias en el futuro”, sostuvo Gálvez.
Pero el principal representante de los negocios de familia Piñera Morel, Nicolás Noguera, sí estuvo al tanto de ese acuerdo y le dio su visto bueno. Eso queda claro porque es su firma la que figura en el contrato registrado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas donde quedo estampada la polémica cláusula. Ese contrato solo se conoció con la publicación del reportaje desarrollado en conjunto por CIPER y La Bot, en el marco de la investigación periodística Pandora Papers. Fue precisamente esa revelación la que dio origen a la acusación constitucional que enfrenta el Presidente (vea el reportaje “Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas”).
Las investigaciones posteriores de CIPER han acreditado que Noguera tuvo poder legal para representar a los Piñera Morel, entre 2010 y 2014, en a lo menos 11 negocios mineros (vea el reportaje “Los 11 proyectos mineros en los que invirtió la familia del Presidente Piñera durante su primer gobierno”).
CIPER contactó al abogado Jorge Gálvez para consultarle por qué argumenta que el representante de los negocios de la familia presidencial no participó en el acuerdo de la cláusula, si su firma figura dando el visto bueno al contrato que la contiene. El defensor dijo que le interesaba contestar las preguntas de CIPER, pero que estaba concentrado en preparar su presentación ante el Senado, entidad que tiene programado votar la acusación este martes 16 de noviembre, y que podía responder solo después de su exposición ante la Cámara Alta.
NOGUERA EN DOMINGA
Hasta antes de la publicación de los Pandora Papers, la participación directa de Nicolás Noguera en el negocio no era pública. Solo se conocía la escritura firmada en Chile que zanjó una parte mínima de la venta de Dominga, donde no aparece la rúbrica del ejecutivo. Hasta entonces el negocio era administrado por la sociedad Minera Andes Iron Limitada, en la que los Piñera Morel tenían participación a través de la sociedad Minería Activa Uno SpA.
Luego de la publicación de los Pandora Papers, El Desconcierto hizo público el acuerdo de venta de Minera Dominga, donde sí aparecía la cláusula. En ese acuerdo, firmado en Chile el 4 de octubre de 2010, no figura Nicolás Noguera. Sí aparecen las sociedades Inmobiliaria Duero (de los Délano), Minería Activa Uno (de los vendedores) y Minería Activa S.A. (sociedad de Larraín Vial que organiza a los inversionistas de varios proyectos mineros). Hasta ahí la versión del abogado del Presidente Piñera se sostiene: el representante de la familia, Nicolás Noguera, no aparece suscribiendo los acuerdos de la venta de Dominga (vea aquí ese acuerdo).
Dos meses después de ese acuerdo, el 10 de diciembre de 2010, se firmó la venta de Dominga. Pero se hizo en dos tandas. La primera en Chile y la segunda en las Islas Vírgenes Británicas.
El capítulo chileno se conocía por una escritura pública, fechada el 10 de diciembre de 2010, revelada por la Unidad de Investigación de Radio Biobío. En ese documento quedó plasmado el traspaso de las acciones de Andes Iron desde Minería Activa Uno al Fondo de Inversión Privado (FIP) Rucapangui, de la familia de Carlos Délano, uno de los mejores amigos del Presidente Piñera. Por esas acciones se pagaron $6.765 millones.
En esa escritura suscrita en Chile, Nicolás Noguera aparece como representante de Minería Activa Uno, pero en el documento no figura la cláusula que condicionaba el último pago a que la zona del proyecto no fuera afectada por restricciones ambientales (vea aquí ese documento). Por lo mismo, en este documento todavía se sostiene la tesis del abogado defensor del Presidente.
Es el capítulo de las Islas Vírgenes Británicas, y el rol estelar allí jugó Noguera, el que tumba el argumento del abogado Gálvez. El mismo día en que se vendió la parte chilena del proyecto, el 10 de diciembre de 2010, pero a más de seis mil kilómetros de distancia, la parte más onerosa de la venta de Dominga se finiquitaba en ese paraíso fiscal con la firma de Noguera como representante de una sociedad alojada en ese mismo territorio de baja tributación. En ese contrato final del negocio aparece la cláusula que tiene al Presidente Piñera investigado por la Fiscalía y acusado constitucionalmente.
En el contrato de las Islas Vírgenes Británicas aparece la tajada más grande del negocio. Si la venta en Chile de Dominga involucró el pago de $6.765 millones (unos US$3,2 millones, al cambio de la época), en el documento suscrito en el paraíso fiscal el pago ascendió a US$138 millones. En ese contrato participan dos sociedades off shore espejo de las chilenas, las que fueron creadas especialmente para este negocio: Delcorp International Limited (compradora, de los Délano) y Latin Minerals Limited (vendedora, de los inversionistas donde participaban los Piñera Morel). La firma de Noguera aparece bajo el nombre de Latin Minerals (vea aquí ese contrato).
En Chile esa sociedad tenía su correlato en el FIP Latin Minerals, del que CIPER halló algunos rastros en escrituras públicas esparcidas en distintas notarías de Santiago. Ese FIP era administrado por la sociedad Administradora Minera Global, del que solo hay dos registros en el Diario Oficial: se constituyó en mayo de 2010 por las sociedades Minería Activa y Minería Activa Uno, y se disolvió en septiembre de 2015. La sociedad Minería Activa Uno se quedó con todas las acciones de esa sociedad y, por tanto, es su continuadora legal. Los Piñera siguieron siendo inversionistas en Minería Activa Uno después de desprenderse de Dominga.
LAS HUELLAS DE NOGUERA
Hay huellas en correos electrónicos de que Noguera estaba al tanto de los términos de la negociación por la venta de Dominga. A esos emails de Noguera tuvo acceso la Fiscalía en 2017, cuando el fiscal Manuel Guerra indagaba la eventual participación de Piñera en los negocios de su familia con la pesquera peruana Exalmar. Estos correos fueron revelados por El Desconcierto en octubre de 2021.
El primer registro relacionado con Dominga es del 11 de agosto de 2010, cuando Iván Garrido, uno de los ejecutivos de Minería Activa, envió un correo a los directores de Minería Activa Uno: Nicolás Noguera, José Antonio Jiménez, Aníbal Larraín y Juan Paulo Bambach. En el mensaje les comunica que recibió una primera oferta formal por Dominga: US$130 millones.
Garrido los citó a una reunión de emergencia al día siguiente para evaluar la oferta. Noguera confirmó su asistencia señalando “Ok, entre broma y broma…”. De ahí en adelante comenzaron las negociaciones y el grupo donde participaban los Piñera contraofertó y el precio de venta finalmente superó los US$150 millones.
En la cadena de correos electrónicos donde se detallan esas negociaciones aparece siempre copiado Nicolás Noguera.
El Mercurio le preguntó a Noguera, en una entrevista publicada el pasado 6 de octubre, si él había participado en la negociación por Dominga en representación del FIP Mediterráneo (a través del cual los Piñera participaban en Dominga). En su respuesta, el ejecutivo reconoció que estaba al tanto de la cláusula establecida en la negociación: “Mediterráneo no participó en nada en la transacción. Nicolás Noguera era director de algunas de las sociedades de Minería Activa Uno. Es distinto. Dos, en la transacción en particular, yo no participé. La visé, la firmé, pero no participé en los términos de la negociación”. También señaló que los compradores del proyecto, la familia Délano, fueron los que solicitaron la incluir esa cláusula.
En esa misma entrevista, Noguera argumentó que desde el FIP Mediterráneo empujaron la venta de Dominga para evitar algún conflicto de interés: “Nosotros queríamos vender para deshacernos de un activo que eventualmente podría haber generado algún tipo de conflicto. Creo que lo hicimos bien, en el sentido de que nunca llegamos a ese punto”.
NOGUERA EN LOS DIRECTORIOS
Hace una semana CIPER reveló que la familia Piñera Morel participó en al menos 11 proyectos mineros entre 2010 y 2014. Uno de ellos (Cóndor), fue aprobado ambientalmente por siete seremis que habían sido nombrados por el propio Piñera. Inversiones Odisea, el family office presidencial, respondió las consultas de CIPER para ese reportaje, descartando un conflicto de interés:
“Respecto de su pregunta, Odisea manifiesta categóricamente que no existió conflicto de interés alguno, por las siguientes tres razones:
Se trató de una inversión indirecta, minoritaria, realizada a través de un fondo (Santa Victoria) en que ni Inversiones Odisea, ni la familia Piñera Morel tenían facultades de administración.
La administración del fondo y la gestión de los proyectos estaban ambas a cargo de terceros no relacionados.
Adicionalmente, es importante que ustedes consignen que dicho permiso no se utilizó y la propiedad minera finalmente no se adquirió”.
Según documentos públicos que CIPER tuvo a la vista, no es efectivo que el Proyecto Cóndor estuviera gestionado por “terceros no relacionados”. Nicolás Noguera tenía poderes de representación en la sociedad que administraba Cóndor. Así consta en un acuerdo de compraventa que CIPER encontró en las bases de datos de la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).
En ese documento, la sociedad Geoactiva –la misma que gestionaba Cóndor– analizaba comprar unas pertenencias mineras a una sociedad canadiense. La inversión total alcanzaba los US$4,5 millones y quien firmó ese documento en representación de Geoactiva fue Nicolás Noguera (vea aquí ese acuerdo).
El proyecto para el que se iban a comprar esas concesiones era Perth, una de las apuestas mineras donde invirtieron los Piñera Morel. Perth, que se desarrollaría en la comuna de Huasco, tenía un FIP asociado, y Noguera también tenía poderes en ese fondo de inversión (vea aquí acta donde se le entregan poderes para representar al FIP Perth).
El nombre del principal ejecutivo de los Piñera Morel se repite en una serie de documentos detectados por CIPER en distintas notarías de Santiago, los que permiten trazar parte de la historia de las inversiones mineras de la familia del Presidente.
El 5 de mayo de 2011 Noguera ya figuraba como director de la sociedad Minera Central Andes, según se acredita en la respectiva escritura pública, la que también da cuenta de que Noguera fue nombrado apoderado de la sociedad, por lo que estaba facultado para realizar trámites en su representación. De esa sociedad dependía el proyecto Minera Toro, el que se ubicaba en Illapel (Coquimbo). Esa sociedad tenía también un FIP asociado (FIP MCA), y los Piñera Morel participaban allí a través de Minería Activa Uno (vea aquí el acta de directorio de mayo de 2011).
Un día después, el 6 de mayo de 2011, se celebró la primera junta de directorio de la sociedad Minería Activa Dos, la que desarrollaría el proyecto Imán, cuyo vendedor fue nombrado por el Presidente Piñera como su representante en la empresa estatal de minería Enami (vea reportaje de CIPER “Proyecto Imán: otro negocio minero adquirido por los Piñera Morel que expuso a la Presidencia a un conflicto de intereses”). En la sociedad Minería Imán SpA, Noguera figura como director (vea aquí acta de ese directorio).
En el directorio de Minería Activa Dos también estaba Nicolás Noguera. Como directores lo acompañaban un representante de la familia Délano: Pablo Délano Méndez. Y también ejecutivos de Minería Activa, el fondo que coordinaba a los inversionistas de los proyectos mineros: Aníbal Larraín Cruzat, José Antonio Jiménez, Andrés Trivelli y Juan Paulo Bambach. En esta sociedad también se le entregaron a Noguera poderes de representación como apoderado (revise aquí el acta de esa reunión de directorio).
A mediados de 2011 Noguera también figuraba como director y apoderado de la sociedad Minería Activa Uno, a cargo de proyectos como Minera Dominga, Minera Indiana y Minera Filipinas (vea aquí acta de la 17 sesión de directorio).
El 14 de septiembre de 2012 Noguera aparece como representante del FIP Indiana, uno de los tantos fondos de inversión privados que se crearon para coordinar a los inversionistas que participaban de los proyectos mineros (vea aquí el acta). Indiana es un proyecto ubicado en Copiapó que le vende mineralización a la Enami y que actualmente está a la venta.
EL ABOGADO, EL SUBSECRETARIO Y EL ASESOR
El 10 de octubre de 2012, cuando el primer gobierno de Sebastián Piñera ya entraba en su recta final, Nicolás Noguera aparecía también como director de la sociedad Minería Sierra Fritis SpA, que era otro de los proyectos mineros donde los Piñera Morel habían puesto sus fichas, y que se desarrollaría en Copiapó. Ese día, y mediante escritura pública, Noguera junto a otro representante de Sierra Fritis, Juan Paulo Bambach, otorgan poder al abogado Manuel José Barros Lecaros para que los represente en “todos los desistimientos y alzamientos de contratos de opción en que ésta sea parte” (vea aquí esa escritura).
Barros Lecaros trabajaba entonces como abogado del estudio Phillipi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner, el mismo que ayudó a los inversionistas de Minería Activa Uno, donde estaban los Piñera Morel, a montar la estructura societaria en Islas Vírgenes Británicas para vender la Minera Dominga. Poco después de que en octubre de 2012 Noguera y Bambach le entregaran poderes a Manuel José Barros Lecaros para representar a Sierra Fritis, este se fue a trabajar como asesor del subsecretario de Medio Ambiente del primer gobierno de Piñera.
Entonces, el nombre de Barros Lecaros apareció publicado en Radio Biobío como una de las personas que tenían inscritas la mayor cantidad de concesiones de exploración minera en las provincias de Concepción, Biobío y Ñuble. En respuesta a ese medio, Barros Lecaros aseguró que esas concesiones no le pertenecían, sino que las había inscrito en representación de clientes de su estudio de abogados, los que no reveló.
El subsecretario era Ricardo Irarrázabal, un socio senior del mismo estudio de abogados: Phillipi, Yrarrázabal, Pulido y Brunner. Fue nombrado por Piñera en la subsecretaría el 27 de julio de 2010 (vea decreto). Al final de ese gobierno, el 1 de octubre de 2013, asumió como director del Servicio de Evaluación Ambiental.