Podemos ser consumidores responsables y cuidar el medio ambiente comiendo pescado
Que paguemos altos precios por especies que no lo valen, dejando de consumir productos nacionales de calidad; que comamos especies en peligro cuya comercialización está prohibida, o que en nuestros platos se consuman pescados y mariscos capturados ilegalmente, es prueba de que no podemos ejercer nuestros derechos como consumidores.
Todos los días tomamos decisiones de consumo. Cada vez que compramos un producto, incluso para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, tenemos opciones entre las que elegir. Los consumidores tenemos el derecho de optar por productos con un mejor precio y buenos para nuestra salud, pero, además, podemos elegir los de menor impacto medioambiental, que contribuyan a fortalecer cadenas de valor más justas.
Para reconocer el derecho que los consumidores tenemos a elegir, así como la responsabilidad que tienen los gobiernos y las empresas de asegurar un consumo responsable y proteger a las personas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
En conmemoración de este día y en reconocimiento de la variedad de derechos que poseemos como consumidores, vale la pena preguntarnos: ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para ejercer nuestros derechos? En la actualidad, en México hay un gran vacío de información cuando se trata de comprar productos pesqueros. No existen mecanismos para recopilar y divulgar datos sobre el pescado que consumimos.
Este desconocimiento del origen y el recorrido de los productos pesqueros, desde el barco hasta el plato, impide que conozcamos aspectos básicos. Por ejemplo, ¿dónde fue pescado? ¿En qué fecha? ¿Es un producto nacional o importado? ¿Proviene de la pesca artesanal o industrial? Una consecuencia de esta falta de información es la sustitución de especies pesqueras, es decir, puede darnos una especie diferente a la que se oferta, sin que lo sepamos nos están dando “Gato por Liebre”.
Desde 2019, en Oceana hemos realizado una serie de estudios sobre la sustitución de productos del mar en 15 ciudades del país, desde el norte hasta el sur, tanto en el Pacífico como en el Golfo, incluyendo ciudades costeras y aquellas sin costa. Los resultados de estos informes demuestran que prevalece una tasa de sustitución de especies que oscila entre el 32 y el 60 por ciento.
Estos altos porcentajes de sustitución representan un problema para los consumidores, quienes son engañados al recibir una especie distinta a la que están pagando. Esto afecta gravemente la economía de las personas, quienes, sin saberlo, pagan hasta seis veces más del valor real del pescado que consumen. Por ejemplo, cuando nos venden mero, cuyo costo es de 643 pesos por kilogramo, pero en realidad recibimos basa, una especie producida por acuacultura, generalmente importada de Vietnam, que cuesta solo 106 pesos por kilogramo.
Además de la sustitución de especies de alto valor por otras de mucho menor precio, hemos encontramos que nos venden especies clasificadas como especies en peligro bajo otros nombres. Por lo que sin siquiera saberlo ponemos en riesgo la salud de los mares al consumir especies en riesgo, cuya comercialización está prohibida o que tienen un gran valor para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.
La falta de información sobre los productos pesqueros que consumimos también facilita la pesca ilegal, al permitir el lavado de productos del mar capturados al margen de la ley y su ingreso al mercado. Muchos de los productos cuyo origen desconocemos fueron capturados en lugares donde la pesca está prohibida, sin permiso para su explotación, o se pescaron sin respetar las normas y medidas de manejo y conservación, como los periodos de veda, las tallas mínimas y los volúmenes máximos permitidos.
Que paguemos altos precios por especies que no lo valen, dejando de consumir productos nacionales de calidad; que comamos especies en peligro cuya comercialización está prohibida, o que en nuestros platos se consuman pescados y mariscos capturados ilegalmente, es prueba de que no podemos ejercer nuestros derechos como consumidores. Esto sucede porque no contamos con la información suficiente para tomar decisiones de compra responsable que proteja el medio ambiente marino y fomente cadenas de valor justas.
Desde hace más de tres años existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad de Pescados y Mariscos. Esta norma busca registrar información clave sobre toda la cadena de valor del pescado, desde dónde se captura, en qué fecha, con qué permiso de pesca, dónde desembarca, en qué planta se procesa, cómo se transporta y dónde se vende.
La información permitiría conocer con certeza el origen, la legalidad y las condiciones en que se capturó el producto pesquero que llega a nuestra mesa, para así poder elegir aquellos con menor impacto ambiental y ejercer nuestros derechos como consumidores. Sin embargo, el proceso de aprobación de esta norma está completamente detenido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Si consumes pescados y mariscos y te preocupa desconocer el origen de tus alimentos, así como la incapacidad de tomar decisiones de consumo responsables, te invitamos a firmar esta petición, en la cual exigimos a la Conapesca que apruebe esta norma y garantice nuestros derechos. https://act.oceana.org/page/144739/action/1?ea.tracking.id=redirect.
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La autora es Mariana Aziz, @marianaaziz, directora de campañas de Transparencia de Oceana en México (@OceanaMexico).