Estas serán las consecuencias de la ayuda millonaria de la Unión Europea a Egipto
Tras Túnez y Mauritania, la Unión Europea ha encontrado un nuevo socio «estratégico» para frenar la inmigración irregular: Egipto.
La Unión Europeaha firmadouna ayuda a Egipto por valor de 7.400 millones de euros, una cifra muy superior a los 700 millones y a los 210 millones de euros acordados con Túnez y Mauritania respectivamente.
La lógica de los tres acuerdos es, sin embargo, la misma: inyectar liquidez para ayudar a estabilizar una economía tambaleante y frenar los flujos de inmigración irregular.
Como ha dicho desde El Cairo la presidenta de la Comisión Europea, Ursuval von der Leyen, no se podía obviar a Egipto: «dado su peso político y económico, así como su situación estratégica en un punto muy conflictivo. La importancia de nuestras relaciones no hará sino aumentar con el tiempo».
En el caso de Egipto, la necesidad es especialmente acuciante: el país se encuentra inmerso en una crisis devastadora causada por una tormenta perfecta: elevada inflación, fuerte endeudamiento, déficit comercial, subida de los tipos de interés y escasez de divisas.
Los males se han agravado considerablemente con la guerra de Rusia contra Ucrania, que perturbó los mercados mundiales de trigo y elevó **los precios de los alimentos a máximos históricos;**y los ataques de los hutíes al Canal de Suez, que han privado parcialmente a El Cairo de unos 10.000 millones de dólares de ingresos anuales.
La espiral de turbulencias ha llevado a Egipto a solicitar su cuarto préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2016, por valor de 8.000 millones de dólares (7.300 millones de euros).
A cambio, el país ha aceptado devaluar su moneda nacional, introducir un tipo de cambio flotante, ralentizar su gasto en infraestructuras y preservar la sostenibilidad de la deuda.
El acuerdo de 7.400 millones de euros con la UE también tiene una fuerte dimensión económica: 5.000 millones en préstamos en condiciones favorables para apoyar las reformas macroeconómicas de Egipto y 1.800 millones en inversiones adicionales en el marco de la política de vecindad del bloque, para impulsar las energías renovables y la conectividad digital.
En cuanto a la gestión de la migración, el acuerdo destina 200 millones de euros a la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos como parte de un paquete más amplio de 600 millones de euros en subvenciones a fondo perdido.
A primera vista, la dotación de 200 millones de euros parece pequeña, sobre todo teniendo en cuenta que frenar la migración irregular es una prioridad compartida por los 27 Estados miembros, independientemente de su inclinación política. Egipto acoge actualmente a más de 500.000 refugiados de países vecinos, en su mayoría sudaneses y sirios.
Pero Bruselas ve las cosas de forma holística: poner dinero en un sitio puede repercutir en otros. De acuerdo con esta idea**, impulsar la economía nacional egipcia** puede contribuir tanto o más a controlar la inmigración irregular que reforzar los controles fronterizos.
En los últimos años, la UE ha registrado un aumento espectacular de las solicitudes de asilo de ciudadanos egipcios: de 6.616 en 2021 a 26.512 en 2023, según la agencia de asilo del bloque (EUAA).
La mayoría de estas solicitudes se registraron en Italia (69%), seguida de lejos por Grecia (9%). Esto explica por qué los primeros ministros Giorgia Meloniy Kyriakos Mitsotakis se unieron al viaje de von der Leyen.
Cabe destacar que el notable aumento de las solicitudes de protección internacional no se ha correspondido con el incremento proporcional de las tasas de reconocimiento. La EUAA calcula que solo entre el 6 y el 7% de estas solicitudes tuvieron éxito, una cifra muy baja.
«Se entiende que los egipcios que emigran al extranjero están influidos principalmente por factores económicos y por la búsqueda de empleo», afirma la agencia en un estudio publicado en 2022, para explicar por qué se rechazaron la mayoría de estas solicitudes de protección internacional.
Las conclusiones señalan que los egipcios que buscan llegar a Europa no parten de las costas egipcias, ya que las fronteras marítimas están cuidadosamente vigiladas. En su lugar, la mayoría viaja a Libia y luego intenta cruzar el mar Mediterráneo. Una minoría opta por volar a Turquía e intentar entrar en el bloque a través de Bulgaria o Grecia.
Además, la agencia destaca la posición de Egipto como país de tránsito para los migrantes procedentes del Cuerno de África, que a menudo recurren a los mismos contrabandistas que los egipcios.
¿Por qué se está produciendo un éxodo de ciudadanos egipcios?
La agencia, sin embargo, señala dos «factores de empuje» adicionales que están impulsando el éxodo de ciudadanos egipcios: la represión de los derechos humanos y la «situación de seguridad», en referencia a la campaña antiterrorista en la península del Sinaí.
Desde el golpe de 2013, Abdel Fattah al-Sisi, antiguo general, ha reforzado su control del poder, ampliado sus prerrogativas presidenciales y profundizado el papel de los militares en la vida civil, lo que ha provocado acusaciones de clientelismo, amiguismo y corrupción.
Un país autoritario en el que la libertad de expresión está restringida
Como consecuencia, organizaciones como Freedom House, Human Rights Watch y Amnistía Internacional describen Egipto como un país autoritario en el que la libertad de expresión y de reunión están legalmente reconocidas, pero severamente restringidas en la práctica.
Los tribunales, los medios de comunicación y el sector privado están supeditados al Estado, y la discriminación contra las minorías, como las personas LGBTQ+, los cristianos coptos, los chiíes y las personas de color, es generalizada. Los informes sobre torturas y desapariciones forzadas contra políticos opositores y disidentes también han causado alarma internacional.
Durante su conferencia de prensa con Al Sisi, von der Leyen prometió «promover la democracia y los derechos humanos», pero no dio más detalles.
Un portavoz de la Comisión dijo después que los derechos humanos han formado parte de las relaciones UE-Egipto desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación en 2004 y que seguirían formando parte de la asociación reforzada.
«Hay muchas cuestiones que deben tratarse y que requieren que trabajemos con Egipto. No podemos fingir que este país no existe ni podemos simplemente ignorarlo», declaró el portavoz, destacando la labor realizada para llevar ayuda a la Franja de Gaza.
Los 5.000 millones de euros en préstamos concesionales se desembolsarán bajo el acuerdo de «reformas políticas», explicó el ejecutivo, pero el uso final de este dinero, que se transferirá directamente al tesoro egipcio, será «no vinculado y no designado», lo que significa que el gobierno gozará de un cómodo margen de discrecionalidad para el gasto.
Según Claudio Francavilla, director asociado de Human Rights Watch, esta gran apuesta es errónea porque se centra excesivamente en la lucha contra el tráfico de seres humanos y no aborda el deterioro del Estado de derecho que ha contribuido a la agitación económica y ha alejado a los inversores del país.
Tanto en las declaraciones del FMI como en las de la UE se habla de la necesidad de restablecer la «confianza» para que vuelva la inversión extranjera. «La crisis económica de Egipto está muy, muy entrelazada con la crisis de los derechos humanos», declaró Francavilla a ‘Euronews’.
«Egipto tiene más o menos un liderazgo autoritario militar que estrangula cada parte de la vida en el país, incluyendo la economía, y a través de su represión se ha deshecho de cualquier cosa que se asemeje a controles y equilibrios en el poder».
Sara Prestianni, directora de incidencia política de EuroMed Rights, una red de derechos humanos, pidió al bloque que establezca un vínculo «claro» entre los pagos y el Estado de derecho. De lo contrario, la asociación «corre el riesgo de legitimar la deriva autoritaria que caracteriza hoy a los regímenes de Al Sisi«.
«Todo este tipo de reformas, toda esta cooperación, debe estar estrictamente vinculada a condicionalidades de respeto de los derechos fundamentales del Estado de derecho«, asegura Prestianni.
Aunque la economía egipcia se estabilizara y los ciudadanos egipcios tuvieran menos motivos para abandonar su país, como espera Bruselas con el plan multimillonario, quedaría por resolver la cuestión del destino de los sudaneses y otras nacionalidades que han buscado refugio en el país o transitan por su territorio.
La presión europea para que disminuyan las salidas irregulares podría animar a las autoridades egipcias a redoblar sus «herramientas represivas», advierte Andrew Geddes, director del Centro de Política Migratoria del Instituto Universitario Europeo (IUE), lo que llevaría a un mayor sufrimiento para quienes se sienten desgarrados por la guerra.
«Los solicitantes de asilo en Egipto dependen en gran medida de la ayuda humanitaria, viven en muy malas condiciones y tienen altos niveles de desempleo. Es poco probable que los recursos proporcionados por la UE sean destinados por las autoridades egipcias a mejorar esta situación», declaró Geddes a ‘Euronews’.