De Glasgow a la Jagua de Ibirico: Senado hará seguimiento a minería de carbón – La Silla Vacia
En la ciudad de Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, se dieron cita representantes de 197 países en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) para discutir y acordar medidas voluntarias y progresivas capaces de poner freno al calentamiento global y hacer frente a la crisis ambiental, generada entre otras cosas, por el alto consumo de combustibles fósiles como el carbón.
Para distintos actores, el llamado a adoptar medidas urgentes y eficaces para limitar el aumento de la temperatura media global en 1,5°C por encima los registros de la época preindustrial, y evitar así, los efectos catastróficos, no fue atendido en Glasgow como muchos países vulnerables a la crisis climática esperaban, inclusive el propio Secretario General de las Naciones Unidas calificó el acuerdo de esta COP26 como insuficiente; para otros, como el primer ministro británico, Boris Johnson, fue más bien decepcionante.
No es para menos si observamos que la actual crisis ambiental requiere de la eliminación del consumo de combustibles fósiles como el carbón térmico y de una redistribución de los beneficios y responsabilidades entre países, comunidades y empresas, procurando la justicia global climática. Sin embargo, China e India introdujeron una enmienda al texto final de la Conferencia, que redujo el alcance del acuerdo y pasó de la “eliminación” a la “reducción progresiva” del uso del carbón; lo que significa, que habrán flujos comerciales de carbón para rato.
Estas discusiones y acuerdos globales sin duda tienen efectos sobre países productores como Colombia y territorios subnacionales como el departamento del Cesar, el cual ha encontrado en la explotación del carbón con destino a la exportación, una fuente importante de recursos financieros aunque también la desterritorialización de comunidades locales, la creación de importantes costos ambientales y graves violaciones de derechos humanos. Por esta razón, luego de 4 décadas de explotación minera en este departamento, el nivel de dependencia a la minería de carbón es alto, e igualmente altos son los efectos sobre la estructura económica, política, social, cultural, ambiental en este territorio.
Para el departamento del Cesar, la dependencia del carbón pone en evidencia su sensibilidad ante las fluctuaciones del mercado global de materias primas, afectada de manera estructural por el avance en la agenda internacional de descarbonización, y más recientemente, por los efectos de la pandemia del Covid-19, que llevó a las empresas mineras en 2020 y el 2021 a la suspensión de operaciones, la renuncia de títulos y a procesos de reorganización empresarial, cuyas consecuencias, las padecen especialmente los entes territoriales, los trabajadores, el comercio local y sobre todo, las comunidades aledañas a las minas que llevan esperando durante más de una década el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las compañías mineras, responsables del deterioro de sus medios de vida.
Entre tanto, los precios del carbón vienen muestran indicios de una recuperación que expertos consideran temporal e incierta y parece cada vez más viable la inserción del carbón colombiano en el mercado asiático, un destino de creciente interés para Colombia, debido a la resistencia de China e India de abandonar el consumo de combustibles fósiles ante los efectos de una crisis energética en algunas regiones industriales y los problemas de abastecimiento doméstico de los últimos meses, como lo dejaron plasmado en Glasgow.
De este modo, el debate público sobre los efectos y el futuro de la minería de carbón a gran escala se presenta hoy como una necesidad, que debe interpelar a las instancias de gobierno que orientan la Agenda Carbón de los próximos años, para el Congreso de la República que debe comprender los desafíos normativos y políticos del cambio y para la sociedad civil que apuesta por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y su capacidad de agencia para alcanzar arreglos políticos justos y sustentables, en el contexto de la transición energética global que involucra a Colombia como un país productor y exportador, altamente dependiente de la economía fósil y particularmente vulnerable a los efectos del cambio y la variabilidad climática.
Es así que la importancia de esta discusión de futuro escaló al Senado de la República, que decidió crear la Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano, aprobada el 8 de septiembre de 2021, mediante la Resolución 037. Esta Comisión se creó con el propósito de constatar el cumplimiento y garantía de las políticas, normas nacionales e internacionales aplicables a la actividad minera de carbón de gran escala en el Caribe Colombiano, y hacer “control político a las entidades que participan en la inspección, vigilancia y control de los actores de la cadena comercial del carbón”.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión Accidental, se ha dispuesto la realización de una serie de audiencias públicas, iniciando el pasado 28 de octubre del 2021, con un espacio en la ciudad de Bogotá, dedicado a denunciar la impunidad corporativa en el caso del desvío del Arroyo Bruno en el departamento de La Guajira, hilando de esta manera una mirada departamental de la minería de carbón y las acciones de resistencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Continuando con los esfuerzos de mostrar al resto del país, la situación en la región Caribe, los Senadores que integran la Comisión, realizarán una Audiencia Pública para indagar sobre los efectos de la actividad minera de carbón en el departamento del Cesar, haciendo un balance de las cuatro décadas de suministro energético e interpretando los desafíos que emergen de la descarbonización global, la conversión de fuentes de generación eléctrica y la diversificación productiva del territorio.
Varias organizaciones sociales, sindicales y comunidades afectadas por las actividades de las empresas mineras, han venido preparando la participación en esta Audiencia Pública y en las demás acciones que realizará esta Comisión Accidental, pues consideran que es necesario y urgente, construir escenarios amplios de participación afectiva que garanticen una transición energética democrática justa, que reconozcan y reparen los daños causados sobre el territorio y sus pobladores.
La Audiencia Pública se realizará el 19 de noviembre de 2021, de 2:00pm a 6:00pm, en la Casa de la Juventud de La Jagua de Ibirico. Ésta estará enfocada en garantizar, fundamentalmente, la participación de las comunidades y sectores sociales afectados por la minería de carbón en el departamento, a quienes la gobernanza minera dominante en el país les ha excluido y silenciado y quienes conocen de mejor manera las implicaciones de este modelo productivo sobre la naturaleza, la paz y la vida.