Wampís entregaron a policías detenidos por presuntos vínculos con la minería ilegal

Tras varios días de tensión, las autoridades del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y la Comisión de Alto Nivel del Estado peruano alcanzaron consensos para erradicar esta práctica en el territorio de la comunidad de Villa Gonzalo, en la cuenca del Kanus, en el distrito Río Santiago, Amazonas.

Entre los acuerdos establecidos en la reunión, llevada a cabo el martes 23 de abril, se incluyó la decisión de entregar a la justicia a los tres policías y seis implicados en actividades de minería ilegal, además de disponer medidas para un desarrollo económico sostenible en favor del medio ambiente en la región.

Además, se detalló una estrategia que buscará, a largo plazo, abordar el desafío ambiental y social que representa la economía ilegal en la zona. Para los wampís, este diálogo marca un precedente en el compromiso estatal frente a las demandas indígenas y enfatiza la importancia de ofrecer soluciones a las comunidades nativas afectadas por la explotación ilegal de sus recursos.

El Estado, junto con las comunidades wampís, han establecido 1) el desarrollo de un plan de interdicción específico, 2) el reconocimiento legal del grupo de control socioambiental “Charip” de los wampís, 4) la creación de un comité de trabajo multisectorial dedicado a impulsar iniciativas económicas que respeten su territorio y 5) la destrucción de maquinaria incautada utilizada para la minería ilegal.

Entre los participantes de alto nivel del Estado estuvieron Juan José Santiváñez Antúnez, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter); Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y Gregorio Villalón Trillo, general de la Policía Nacional del Perú, entre otros.

Por parte de la comunidad de Villa Gonzalo, asistieron Kefrén Graña, secretario técnico adjunto del GTANW, y Wrays Pérez, ex Pamuk (presidente) del Gobierno Wampís, quienes presentaron demandas claras respecto a la acción contra la minería ilegal y el desarrollo de alternativas económicas.

El 18 de abril, líderes de la Nación Wampís —el primer gobierno autónomo indígena del país— retuvieron a tres agentes de la PNP por presuntamente favorecer actividades de minería ilegal en el río Santiago, Amazonas.

Ante ello, los wampís solicitaron la intervención directa del Ministerio del Interior para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y sancionar a los implicados.

Los agentes detenidos fueron identificados como Issac Rosillo Palacios, Alex Ivan Maco Vilcherrez y Richard Armando Rengifo Perez. También se detuvo a varios mineros que operaban en la zona, provenientes de Ecuador.

Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), condenó el acto, calificándolo de una grave muestra de corrupción que no solo afecta la imagen de la PNP sino que también viola las leyes ambientales del país.

De acuerdo a la Nación Wampís, la minería ilegal en sus territorios afecta aproximadamente 40 hectáreas de selva solo desde octubre de 2023.

Y, a pesar de sus pedidos de intervención a las autoridades, el despliegue policial en el río Cenepa no ha logrado detener la expansión de estas actividades ilícitas que comprometen su territorio y la seguridad de al menos 10 comunidades indígenas en las cuencas del bajo y alto río Santiago.

Para enfrentar esta situación de manera autónoma, la comunidad ha formado el denominado “Ejército Verde” compuesto por vigilantes indígenas, quienes desde el 13 de febrero, vienen tomando medidas, como la incautación de embarcaciones y equipos utilizados para la extracción minera, para erradicar la problemática.

Según testimonios, esta ha escalado a una serie de consecuencias negativas que, además de incluir violencia, abarcan amenazas, enfrentamientos y abusos sexuales contra mujeres y menores en las comunidades impactadas.