Un Hidalgo agrícola – Parte I | Periódico AM

La pandemia por COVID-19 recordó la importancia del sector agroalimentario mundial. Es posible prescindir de mucho, pero no de alimentos y agua. El sistema de información agroalimentaria (SIAP) señala que México reúne las condiciones necesarias para incrementar la producción de alimentos de forma sostenible.

Cerca del 27% de la fuerza laboral mundial, de la cual el 40% son mujeres, todavía se dedica a la agricultura. La agricultura seguirá siendo la ocupación individual más importante en el futuro previsible. Durante demasiado tiempo, los planificadores han considerado este sector principalmente como la fuente de producción de alimentos esenciales. Históricamente, la agricultura también ha desempeñado un papel importante como motor del crecimiento económico y el autoempleo.

La revolución industrial en la Inglaterra del siglo XIX se originó por el aumento de la productividad y los ingresos en la agricultura, los cuales aumentaron la demanda de productos manufacturados. En el Japón de la posguerra, Corea del Sur y, más recientemente, Tailandia, el aumento de la productividad agrícola y el cambio a cultivos comerciales han sido motores dinámicos para el crecimiento económico, la creación de empleo, mayores ingresos y poder adquisitivo rural, mercados más amplios de productos y el crecimiento de industrias posteriores. En Taiwán, esto fue el resultado de una estrategia consciente de utilizar la agricultura para estimular la creación de empleo y la demanda interna.

Pero, para hablar de producción agrícola en México, es indispensable incluir a los ejidos. El Estado se debe preocupar por lograr que la tierra repartida se aproveche debidamente en beneficio particular del ejidatario y del país en general.

En nuestro país se reconocen tres formas de propiedad: la pública, la privada y la propiedad social. Esta última se constituye a partir de la propiedad ejidal y comunal que conforman los núcleos agrarios y que actualmente se estima que ocupan una superficie de 105 millones de hectáreas, equivalente al 52% de la superficie nacional.

La propiedad social pertenece a los núcleos agrarios y de acuerdo a la Ley Agraria está conformada por los ejidos y las comunidades, a quienes a lo largo del siglo pasado de 1915 a 1992 se les entregaron o dotaron de tierras en el caso de los ejidos y se resarcieron tierras en el caso de las comunidades a las que se les reconocieron sus derechos ancestrales sobre las mismas.

Poco más de la mitad de las tierras de México se encuentran en posesión de ejidos y comunidades agrarias; esto significa que la mayoría de los montes, bosques, selvas, matorrales, superficie de labor, minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y litorales son de propiedad social. En los casi 32 mil ejidos y comunidades, más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ofertan al país y, en algunos casos, al mercado externo, alimentos, ganado, materias primas y forrajes -en primer lugar- pero también materiales de construcción, artesanías y servicios turísticos; además, brindan invaluables servicios ambientales, de conservación de la biodiversidad, captura de carbono y recarga de acuíferos.

El reparto agrario concluyó en 1992, sin embargo de esa fecha a la actualidad el número de núcleos agrarios y sobre todo el número de propietarios, se ha incrementado en forma importante, frente a una mínima ampliación de la superficie que prevaleció ese año, como resultado de la ejecución de dotaciones o reconocimientos de tierras comunales que se mantenían pendientes.

En estas últimas dos décadas, el Estado mexicano ha emprendido un largo proceso de regularización y certificación de la propiedad social, que ha permitido formalizar una fragmentación que se venía registrando con anterioridad, para el acceso a la tierra de un mayor número de personas, así como para dar cabida al nuevo sujeto agrario denominado posesionario, al que se le confirió derecho de parcela.

La modificación de los derechos de propiedad en 1992 y el programa de regularización de los derechos agrarios con PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) han tenido algunos efectos distintos a los objetivos planteados, como son el de constituir un mercado de tierras que diera incentivos a la inversión y promover una transformación de la actividad agropecuaria de acuerdo con las necesidades de competitividad internacional que requiere México en la economía global.

ACLARACIÓN                                                

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo. 

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