Las claves del juicio que enfrenta Álvaro Uribe por manipulación de testigos

El proceso penal que tiene al expresidente Álvaro Uribe en el banquillo de acusados tiene matices dignos de un drama político: denunciantes que pasan a ser denunciados, pugnas de poder, narrativas enfrentadas y un desenlace que aún es incierto. En 2010, al finalizar su segundo periodo presidencial, el actual escenario era impensado. Uribe contaba con niveles de aprobación del 80% tras un mandato caracterizado por una lucha frontal contra las guerrillas y en el que surgió su más grande sombra, el escándalo de miles de civiles asesinados a manos de militares y que es conocido como “falsos positivos”. Hoy, la realidad es diferente. La izquierda ocupa la Casa de Nariño con Gustavo Petro, un viejo crítico suyo, y el ya menos popular expresidente enfrenta un juicio por tres delitos y hechos ocurridos cuando ya no era mandatario. Estas son las claves del proceso que tiene a un expresidente colombiano en un juicio por penal por primera vez en más de medio siglo.

De denunciante ante la Corte Suprema a acusado por la Fiscalía

El primer antecedente del caso data de febrero de 2012, cuando Uribe denunció al político de izquierdas Iván Cepeda, entonces representante a la Cámara por el Polo Democrático, ante la Corte Suprema de Justicia. Según el exmandatario, Cepeda había visitado varios centros de reclusión para conformar un “cartel de falsos testigos” en su contra, ofreciéndoles beneficios a cambio de que lo relacionaran falsamente con grupos paramilitares. El caso permaneció quieto hasta que, en septiembre de 2014, Cepeda llevó a cabo un debate en el Congreso contra Uribe, quien se había posesionado como senador del Centro Democrático solo meses atrás. Allí mencionó que tenía en su poder testimonios que involucraban al expresidente con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La respuesta de Uribe fue inmediata. Salió del Capitolio, cruzó la Plaza de Bolívar y llegó al Palacio de Justicia. Allí amplió a la denuncia de 2012.

El vuelco que vendría cuatro años después tomaría por sorpresa a todo el país. En febrero de 2018, la Corte anunció que archivaba la acción presentada por Uribe y, a la vez, que abría una investigación al expresidente tras concluir que había indicios de que era él —y no Cepeda— quien trataba de torcer el testimonio de antiguos paramilitares. Las pruebas recopiladas, incluyendo interceptaciones telefónicas, apuntaban a que el exmandatario participó “en el diseño y ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia” sobre los señalamientos en su contra y a responsabilizar de crímenes a Cepeda. La indagación sería por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En agosto de 2020, en medio de la pandemia, la misma Corte aumentó la tensión: ordenó la detención preventiva de Uribe, argumentando que podría entorpecer las pesquisas judiciales si continuaba en libertad. La derecha uribista acusó a los magistrados de persecución política, la izquierda festejó la determinación. Uribe, por consejo de sus abogados, dimitió del Senado y así dejó de ser aforado. Su causa judicial pasó entonces a ser competencia de la Fiscalía General de la Nación, liderada desde inicios de ese año por Francisco Barbosa. La apuesta del líder del Centro Democrático era obtener un trato más favorable, pues Barbosa era el mejor amigo de estudios universitarios del presidente de la época, el uribista Iván Duque, quien lo postuló para el cargo. La lógica era sencilla. Uribe esperaba benevolencia por parte del amigo de su pupilo. Y tenía razón.

A lo largo de los siguientes años, Barbosa le asignó el caso a varios subalternos suyos. Primero a Gabriel Jaimes, quien solicitó a un juez que le permitiera precluir (cerrar) el caso, alegando que no existían motivos suficientes para endilgar un delito a Uribe. No tuvo éxito. Su reemplazo, Javier Cárdenas, fracasó en el mismo intento. Otros dos fiscales estuvieron a cargo, pero se apartaron del caso sin concretar ninguna actuación. En enero pasado, a falta de dos meses para que Barbosa cumpliera su periodo al mando de la Fiscalía, el expediente aterrizó en el despacho de Gilberto Villarreal. A diferencia de sus colegas y antecesores, el jurista definió que llevaría a Uribe a juicio y adicionó un tercer delito, el de soborno, a la acusación.

Un fraude procesal y dos sobornos distintos

Villarreal acusó formalmente a Uribe de tres delitos distintos: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Lo hizo por hechos que ocurrieron entre 2017 y 2018. En todos participó el abogado Diego Cadena, quien actuaba bajo órdenes de Uribe, encargado de contactar a exparamilitares y que por esto enfrenta su propio proceso judicial. La discusión probatorio es si les ofreció beneficios ilegales a cambio de otorgar testimonios favorables al expresidente, y si lo hizo con la aprobación de éste. La Fiscalía dice que sí a las dos cuestiones. “El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas”, se lee en el escrito de acusación presentado por el fiscal.

El primer exparamilitar que Cadena contactó fue Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en julio de 2017. El abogado le ofreció prebendas para que firmara una carta dirigida a la Corte Suprema en la que desmentía a su exjefe en las AUC, Pablo Hernán Sierra, quien había asegurado que Uribe ayudó a fundar el Bloque Metro. El texto de la misiva también se refería a un supuesto encuentro con Cepeda, en el que el congresista le prometía protección y otras dádivas. La carta, con la firma de Vélez, fue uno de los documentos que Uribe anexó a la denuncia de 2012 contra Cepeda. Cuando la Corte archivó esa denuncia y abrió una investigación al expresidente, Cadena volvió a buscar a Vélez, pidiéndole que escribiera un nuevo documento. Vélez accedió y dos exparamilitares más, Jhon Jaime Cárdenas, alias Fosforito, y Fauner José Barahona, alias Racumín, también firmaron. En el proceso penal contra Cadena, Vélez ha admitido que eran declaraciones falsas y que varios de sus familiares recibieron dinero como pago por su testimonio falso.

El otro exparamilitar involucrado es el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro. En febrero de 2018, mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, Monsalve fue abordado para que se retractara de sus previas declaraciones en las que afirmaba que el Bloque Metro se creó en una propiedad de la familia del expresidente. Recibió mensajes de texto de su amigo Carlos Eduardo López, alias Caliche; presiones de su compañero de celda, Enrique Pardo Hasche; y se reunió con Cadena. En todas esas aproximaciones le pidieron que grabara un video y firmara documentos desmintiendo su acusación, además de culpar a Cepeda de estar detrás de un complot para ligar al exmandatario con el paramilitarismo. “A cambio de esa declaración falaz, Cadena, con autorización del Dr. Álvaro Uribe, y sin cobrarle honorarios, prometió a Monsalve iniciar una acción de revisión por un proceso penal que en su contra se había adelantado, mejores condiciones en su reclusión, y que, sí públicamente pedía seguridad para él y para su familia, ellos apoyarían su solicitud ante el competente”, explica el escrito de acusación.

Monsalve aceptó escribir una carta. Bajo la guía de Pardo, redactó un escrito pidiéndole disculpas al expresidente y expresando su arrepentimiento. Se lo entregó a su esposa, Deyanira Gómez, no sin antes aclarar al final del documento que “aquellas manifestaciones las había efectuado por la presión que sobre él ejercieron los señores Cadena y Pardo Hasche, enviados por el expresidente”. Gómez radicó la misiva en el tribunal.

La presentación de documentos que faltaban a la verdad e inducían en error a los magistrados, así como el ofrecimiento de dinero y otros beneficios a los testigos, son las razones por las que la Fiscalía imputa a Uribe los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El nuevo delito de soborno, añadido por el fiscal Villarreal, se constituye después de que Cadena contactara a Hilda Niño, una exfiscal condenada por corrupción, y se comprometiera a garantizarle beneficios a cambio de que inculpara al exfiscal general Eduardo Montealegre y al ex vicefiscal general Jorge Perdomo, quienes lideraron la institución entre 2012 y 2016, de actuar ilícitamente para vincular a Santiago Uribe (hermano del expresidente) con grupos paramilitares. Niño trabajó en la Fiscalía bajo la subordinación de Montealegre y Perdomo, por lo que la denuncia tenía sentido.

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