Minería ilegal: formalización minera vence el 31 de diciembre – Agenda País
Minería ilegal: la presidente habla de interdicción con nuevo enfoque
Minería ilegal: “El plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 31 de diciembre de 2024”, es lo que manda la Ley Nº 31388 dado por el Congreso de la República en diciembre de 2022.
Sin embargo, a cinco meses del fin de la vigencia de este proceso que alcanza a los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), nadie puede asegurar que se proponga, discuta, apruebe, observe, insista y promulgue una quinta prórroga.
Primero, porque el llamado primer poder del Estado tiene como presidente a quien en el pasado promovió leyes y decretos abiertamente favorables a la minería informal e ilegal, como aquella disposición que derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) a enfrentar la tenencia ilegal de explosivos por parte de mineros con inscripción suspendida en el Reinfo.
Eduardo Salhuana Cavides, en su primer discurso al asumir el cargo, hizo bien en adelantar que en su gestión, 2024-2025, estará ajeno al sector de la pequeña minería, lo que no significa dejar de observar sus movimientos. “Sin embargo para evitar especulaciones y la mínima presunción de interés particular sobre aspectos que injustamente se me cuestionan, hago saber que el año que ejerzo la presiden1cia no presentaré ninguna iniciativa referida a dicho sector económico”, señaló.
Segundo, porque la propia presidente Dina Boluarte Zegarra, en su Mensaje al Congreso el pasado 28, dejó escapar la oportunidad de decirle al Perú y al mundo que el real compromiso del Estado peruano en la lucha contra la minería ilegal era asegurar que no hay ninguna intención de su Gobierno de permitir la extensión del plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral que tiene como fecha el 31 de diciembre de 2024.
Dina Boluarte se limitó a reconocer el gravísimo daño que provoca la minería ilegal en el país que por ejemplo “ha escalado a tal punto de ser la economía ilícita con mayores ganancias en nuestro país, superando inclusive al tráfico ilícito de drogas”.
A manera de cumplido y sin entrar a mayores detalles indicó que “un grupo de trabajo multisectorial se encuentra actualizando la estrategia nacional para la interdicción de la minería ilegal pero con un nuevo enfoque, que enfatizará la formalización de la minería, la investigación, la intervención y la sanción a las organizaciones criminales, así como impulsar actividades económicas que permitan el desarrollo sostenible de la población, que vaya de la mano con la protección y recuperación del medio ambiente”.
La presidente en su discurso no explicó en que consiste “la interdicción con nuevo enfoque” y si ésta se dará en los próximos cinco meses o al vencimiento del plazo de vigencia del proceso de formalización de la minería ilegal. Lo que sí informó es la ejecución en el 2023 de 729 operativos de interdicción a nivel nacional. “En lo que va del presente año, ya hemos superado las mil interdicciones destruyendo dragas, maquinaria pesada, incautando explosivos, combustible”, señaló.
En otro momento de su intervención, Dina Boluarte aseguró haber culminado el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal. La norma, adelantó, “será socializado con todos los actores del sector a fin de recibir aportes para ordenar las actividades mineras a pequeña escala y concluir con el proceso de formalización minera integral en curso”.
A partir de ahora, agregó, se espera dar inicio a la construcción de 5 proyectos mineros (Ampliación Quellaveco, Corani, Reposición Raura, Chalcobamba Fase I, y Romina) en las regiones de Apurímac, Áncash, Huánuco, Lima, Cajamarca y Puno, respectivamente, con una inversión conjunta superior a 2,025 millones de dólares.
Señaló también que el proyecto minero Tía María es una realidad, que creará 9,000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, y 4,800 puestos de trabajo permanentes, entre directos e indirectos. “La Inversión aproximada de US$ 1,400 millones generará 120,000 TM/año de cobre refinado”, remarcó.
El proyecto Tía María generará recursos que potenciarán el desarrollo del valle del Tambo, facilitando que su población cuente con servicios básicos.
“El Gobierno está convencido de los beneficios de Tía María: potenciará la agricultura, cerrará las brechas en educación y salud, dinamizará el comercio, mejorará la pesca, y se impulsará el turismo”, enfatizó.
