• Algunos de los proyectos mineros aprobados en España serían ilegales según la legislación de países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú.
• La Comisión Europea ha financiado en España proyectos de «contrainsurgencia suave» para forzar la aceptación de nuevas minas.

Ecologistas en Acción ha testificado hoy durante una audición pública sobre los impactos sociales y ambientales de la minería en la UE organizada por el Parlamento Europeo. Elena Solís, coordinadora del área de minería de la organización ecologista, ha ilustrado el incumplimiento de las directivas europeas exponiendo varios casos de minas españolas como la de Río Tinto (Huelva), Cobre las Cruces (Sevilla) o San Finx (A Coruña).

También el hidrólogo estadunidense Steven H. Emerman ha alertado como en muchos aspectos las normas europeas en materia de seguridad de instalaciones mineras están muy por detrás de las de países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú, dónde las técnicas aplicadas a algunos proyectos en España y Portugal serían ilegales. Emerman, utilizó datos de los proyectos mineros de Touro, Río Tinto y San Finx para evidenciar estas deficiencias y advertir al Parlamento y la Comisión que «no deben tener tanta prisa en abrir nuevas minas o ampliar las existentes sin antes demostrar de forma convincente que no se producirán efectos adversos en el ambiente y la población».

A continuación, Alexander Dunlap, investigador de la Universidad de Oslo, ha criticado el apoyo económico de la Comisión Europea a proyectos de «licencia social» que, según sus investigaciones, «se basan en las técnicas y manuales militares de contrainsurgencia». En los cinco últimos años la Comisión ha destinado más de 100 millones de euros a proyectos de «contrainsurgencia suave» para la «aceptabilidad de la minería» que buscan «debilitar la capacidad y voluntad de las comunidades afectadas a identificar y denunciar la corrupción y daños ecológicos causados por las minas».

Ecologistas en Acción ha defendido ante el Parlamento Europeo que los casos de vulneraciones de la legislación europea «no son casos aislados, sino que es una consecuencia sistemática de la corrupción y la indiferencia». Frente a estos impactos ambientales y sociales, Elena Solís ha exigido «apoyo a las organizaciones ecologistas y comunidades locales empoderándolos para ejercer sus derechos y obligaciones de ciudadanía ambiental activa ante el boom minero que amenaza en convertir las periferias europeas en un «Salvaje Oeste» extractivista».