FGR exige respuesta de EU sobre vuelo ilícito de 'El Mayo' Zambada
La Fiscalía General de la República (FGR) expresó su preocupación por la falta de respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos a sus interrogantes sobre el «vuelo ilegal» que, a finales de julio, trasladó al narcotraficante Ismael Zambada García, conocido como «El Mayo», y a Joaquín Guzmán López, el «Chapito», a Nuevo México.
La institución liderada por Alejandro Gertz Manero comunicó que, dado que no se obtuvieron los datos requeridos, durante la diligencia ministerial y la investigación policial realizada en el aeropuerto «Doña Ana» en Santa Teresa, con la autorización de Estados Unidos, el área de Asuntos Internacionales de la FGR e Interpol-México solicitaron a las autoridades estadounidenses documentos e informes sobre la identificación del piloto, el número de matrícula del avión al momento del aterrizaje, así como la legalidad y el origen de la aeronave.
También solicitaron el documento de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para el vuelo en el que llegaron Zambada García y Guzmán López, el documento con la información anticipada sobre los pasajeros, y el informe del sistema de seguridad de radares de Estados Unidos en la zona fronteriza con México.
Además, la constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México (pilotos, pasajeros, pasaportes, visas vigentes), la constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias, identificación de la aeronave, registros aeronáuticos, el número de serie real de aeronave y si el número de serie que aparece en la puerta del avión, así como la matrícula N287KA, son legales.
Información «que hasta hoy no ha sido proporcionada», reprochó la Fiscalía General de la República, que prometió dar a conocer la información una vez que se obtenga.
Señaló que la razón prioritaria de su investigación respecto al caso Zambada García-Guzmán López es por el delito de traición a la patria que establece una pena de prisión de 5 a 40 años, al mexicano que la cometa.
«Señalando también que es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito.
MF
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