Frente a los anuncios sobre una posible reapertura de actividades vinculadas a la minería de uranio en la zona de San Carlos, comunidades del Valle Calchaquí comenzaron a organizarse en defensa del agua, la salud y las economías regionales.

La Asamblea por el Agua Sana de San Carlos, San Lucas y El Barrial realizó una jornada abierta para brindar información a la comunidad sobre los alcances de este tipo de actividad extractiva, sus posibles impactos ambientales y sanitarios, y los actores que intervienen en estos proyectos. La convocatoria surgió tras una masiva reunión vecinal en San Carlos, donde quedó expuesto el estado de alerta de las comunidades ante la posible reactivación de la minería de uranio en la región. El objetivo central fue despejar dudas antes de que el pueblo adopte nuevas medidas comunitarias. Según explicaron desde la organización, la jornada fue pensada como un espacio abierto, con participación vecinal, intercambio de información y mate comunitario, en una clave territorial que combina preocupación, memoria y defensa de las formas de vida del Valle.

Un reclamo que crece en el Valle Calchaquí

La Asamblea difundió una declaración pública en la que vecinos del de-partamento San Carlos expresaron su rechazo a la megaminería y, en particular, a los proyectos de explotación de uranio que puedan desarrollarse en la zona. En el documento, remarcaron que la minería de uranio es “altamente contaminante” y señalaron riesgos vinculados al gas radón, a la contaminación de aire, agua y suelo, y a la generación de pasivos ambientales de larga duración. La preocupación no aparece en el vacío. En la declaración, la Asamblea sostiene que la experiencia de la mina Don Otto dejó impactos ambientales que continúan hasta el presente, luego de haber sido abandonada a comienzos de la década de 1980. También advierte que este tipo de actividad resulta incompatible con el perfil productivo, cultural y turístico del Valle Calchaquí. En ese sentido, el pronunciamiento plantea que la región se caracteriza por sus producciones campesinas, sus artesanías, sus recursos naturales, su cultura comunitaria y el turismo, actividades que podrían verse afectadas por la contaminación del agua, el aire y los suelos. Para la Asam-blea, la megaminería no solo pone en riesgo el ambiente, sino también las fuentes de trabajo vinculadas a la agricultura, la ganadería, el uso de plantas nativas, el turismo y la vida comunitaria.

También Cafayate

La movilización no quedó circunscripta a San Carlos. En Cafayate también se convocó a un encuentro informativo bajo la consigna “No a la reactivación de la mina Don Otto” y “El Valle es tierra de vida, no zona de sacrificio”. La actividad fue organizada como un espacio de disertaciones y proyección del documental El Valle Nuclear, con participación de referentes socioambientales de Tucumán, Salta y Catamarca. El encuentro se realizó en el Cine Teatro Municipal de Cafa-yate y reunió a voces vinculadas a experiencias de lucha ambiental, entre ellas Freddy Carbonel, de Pro Eco Tucumán y realizador de El Valle Nuclear; Mara Puntano, abogada ambientalista de comunidades indígenas por la Red de Luchas Socioambientales de Salta; Karina Martinelli, de la Asamblea de los Pueblos de Santa María, Catamarca; y referentes de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá. La convocatoria llevó una consigna directa: “Por nuestro valle, por nuestra agua, por nuestra salud y por nuestras generaciones futuras”. Nada demasiado abstracto, apenas lo básico que suele olvidarse cuando las discusiones sobre recursos naturales se reducen a planillas, lobby y promesas con olor a folleto oficial.

Un ecosistema sano habilita a una vida sana

Soledad Leiton, referente de la asamblea local, remarcó la necesidad de que la población acceda a información clara antes de tomar decisiones colectivas. “Un ecosistema sano posibilita una vida sana. Estos megaproyectos extractivistas a gran escala vienen a irrumpir directamente con nuestras formas de vida y economías regionales”, advirtió. La referente también alertó sobre el pasivo ambiental existente en la zona del Tonco y señaló que persisten cerca de 500.000 toneladas de residuos radiactivos a la intemperie. Esa denuncia, que vuelve a poner sobre la mesa el pasado de la mina Don Otto, conecta el reclamo actual con una memoria territorial que las comunidades no están dispuestas a dejar sepultada bajo promesas de inversión. El planteo de fondo es claro: para los vecinos, no se trata solo de discutir un proyecto minero, sino de definir qué modelo de desarrollo se quiere para los Valles Calchaquíes. De un lado, la defensa del agua, la producción local, el turismo, la salud y la continuidad de las formas de vida comunitarias. Del otro, una actividad extractiva que, según la Asamblea, podría dejar impactos ambientales durante generaciones.