“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice el refrán popular. Pocas frases parecen resumir mejor el contraste que dejó el gobierno de Gustavo Petro en materia ambiental. Llevó el discurso climático a los principales escenarios internacionales y prometió convertir a Colombia en la “potencia mundial de la vida”.

Sin embargo, cuatro años después, los resultados muestran una realidad mucho más compleja. Buena parte de los problemas que impulsan la degradación de los ecosistemas persistieron y, según expertos, la expansión de las economías ilegales y el fortalecimiento del control territorial de los grupos armados terminaron minando buena parte de esa apuesta.

La deforestación ilustra esa contradicción. Después de caer de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 en 2023, volvió a aumentar hasta 113.608 en 2024. La minería ilegal siguió un camino similar.

El monitoreo de la UNODC y el Ministerio de Minas registró que la explotación de oro de aluvión pasó de 94.700 hectáreas a 105.060 en apenas un año, y cerca del 76% corresponde a actividades ilícitas o no autorizadas.

Son apenas dos ejemplos de una realidad que demuestra que el mayor desafío ambiental del país nunca estuvo únicamente en el discurso, sino en recuperar el control de los territorios.

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Escondida entre la espesa selva de la Amazonía colombiana vive una de las pocas personas del país nominadas al Premio Nobel de Paz. Se llama Jani Silva.

Y, paradójicamente, Colombia sabe muy poco de ella. Qué despropósito. Desde hace más de dos décadas libra una batalla por proteger la selva mientras esquiva a los grupos armados ilegales que le pusieron precio a su cabeza.

Su causa ha sido la misma siempre, proteger la tierra, frenar la deforestación y demostrar que las comunidades pueden vivir de actividades como la agricultura o la apicultura sin destruir la selva.

Ha corrido con suerte. No todos los defensores del medio ambiente pueden contar la historia. Colombia volvió a convertirse, por tercer año consecutivo, en el país más letal del mundo para quienes protegen la naturaleza.

Solo en 2024, 48 líderes ambientales fueron asesinados o desaparecidos, casi una tercera parte de todos los casos registrados en el planeta, según el más reciente informe de Global Witness.

Cuatro años después, el país se pregunta: ¿qué tan distinta quedó la selva que Jani ha dedicado su vida a defender?

La respuesta depende de quién haga el balance. Para el Gobierno, los resultados son históricos. Para varios expertos, entre ellos el activista y especialista en política ambiental Andrés Santiago Arroyave, los avances existen, pero quedaron muy lejos de resolver los principales problemas ambientales del país.

“Este fue un gobierno del discurso y del activismo, pero no del tecnicismo ni de la gestión. Los grandes problemas ambientales no se resolvieron y algunos incluso terminaron agravándose”, asegura.

Cuando el Ministerio de Ambiente hace el balance del cuatrienio destaca, sobre todo, la reducción de la deforestación. El Gobierno sostiene que en 2024 el país consolidó la segunda cifra más baja desde que existe el monitoreo oficial y resalta que, frente a la línea base de 2021, la pérdida de bosque se redujo cerca de un 40 %.

Sin embargo, las propias cifras muestran que la tendencia no fue lineal. La deforestación pasó de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 en 2023, pero volvió a aumentar hasta 113.608 hectáreas en 2024.

Los reportes de monitoreo muestran que la deforestación volvió a tomar fuerza durante 2025, especialmente en el último trimestre del año.

Solo en la Amazonía se perdieron 72.409 hectáreas de bosque, un 6 % más que en 2024. Entre octubre y diciembre se registraron 36.129 detecciones de deforestación, de las cuales el 86 % se concentró en el bioma amazónico.

Los principales focos se ubicaron en Caquetá, que concentró el 44 % de las alertas, seguido por Meta (26 %), Guaviare (17 %) y Putumayo (10 %).

Para Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, estos indicadores explican por qué el Gobierno aún no ha publicado el consolidado oficial de la deforestación correspondiente a 2025.

Según afirmó, durante el cuatrienio Colombia perdió cerca de 416.000 hectáreas de bosque, una superficie equivalente al territorio de Cabo Verde, de las cuales más del 60 % corresponde a la Amazonía.

Además, aseguró que la deforestación rondó las 100.000 hectáreas en 2025, cifra que, según él, ya está consolidada, pero que el Gobierno aún no ha divulgado oficialmente. “¿En qué se gastaron los recursos de la Nación y de la cooperación internacional?”, escribió.

Entre las causas para el aumento de la deforestación, según expertos, fueron las actividades ilícitas, como los cultivos ilegales, la tala ilegal de árboles, la minería ilegal, entre otras.

“El discurso oficial insistió en las cifras que lo favorecían y omitió sistemáticamente las que no. La estrategia del Gobierno era generar diálogo con las comunidades para que protegieran los territorios. Pero los grupos armados comenzaron a presionarlas y muchos de esos líderes fueron asesinados porque, para esas estructuras, las economías ilegales resultaban mucho más lucrativas. Al final, la estrategia terminó debilitándose y la deforestación volvió a aumentar”, sostuvo Arroyave.

Fabio Arjona dice que la protección de los bosques debe estar acompañada de una mayor presencia del Estado y de las Fuerzas Militares para combatir las economías ilegales que impulsan la destrucción ambiental.

El reto será demostrar si esa estrategia logra mejores resultados que el modelo aplicado durante el gobierno Petro, basado en acuerdos con comunidades para frenar la tala, una política que, según sus críticos, terminó siendo insuficiente en departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá, donde las disidencias de las Farc mantuvieron una fuerte influencia sobre zonas estratégicas, incluidos parques nacionales como La Macarena y Tinigua.

Algo similar ocurrió con la minería ilegal. El monitoreo de la UNODC y el Ministerio de Minas reportó que la explotación de oro de aluvión aumentó de 94.700 hectáreas en 2022 a 105.060 en 2023, y que cerca del 76 % corresponde a actividades ilícitas o no autorizadas, responsables de la contaminación de ríos con mercurio, la destrucción de bosques y el deterioro de ecosistemas estratégicos.

La minería ilegal se consolidó durante el cuatrienio como una de las mayores amenazas para los ecosistemas del país. Un informe de inteligencia, conocido por El Tiempo, advierte que cerca del 85 % del oro extraído en Colombia tendría origen ilegal, lo que ha permitido consolidar una economía criminal de gran escala cuyas rentas podrían alcanzar 8.414 millones de dólares en 2025, superando incluso al narcotráfico en algunas regiones.

Esto repercute en la afectación de más de 94.000 hectáreas y 1.120 ríos, principalmente por el uso de mercurio. El informe señala que esta actividad se fortalece gracias a la débil presencia del Estado.

La semana pasada, el diario Vanguardia, de Bucaramanga, publicó varias fotografías que evidencian la existencia de una bocamina en una zona de influencia del páramo de Santurbán, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Las imágenes reavivaron una discusión que lleva más de una década relacionada con la protección de uno de los ecosistemas más estratégicos del país.

Apenas tres días después de esa publicación, el Ministerio de Ambiente publicó la “metodología nacional de delimitación progresiva”, el nuevo instrumento con el que se adelantarán los procesos de delimitación de los páramos en Colombia, una medida que vuelve a poner sobre la mesa el futuro de este ecosistema y el delicado equilibrio entre su protección y las actividades económicas que se desarrollan en su zona de influencia.

Para Andrés Arroyave, las dificultades del gobierno Petro no se limitaron a la deforestación o la minería ilegal.

A su juicio, también hubo una débil gestión de los problemas ambientales en las ciudades por la falta de articulación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, mientras que el sector energético enfrentó un ambiente de incertidumbre que frenó inversiones en proyectos de energías renovables y ralentizó la diversificación de la matriz energética.

Según el experto, la decisión de suspender la exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo también obligó al país a depender de mayores importaciones de gas.

Arroyave sostiene, además, que la institucionalidad ambiental perdió capacidad técnica durante el cuatrienio. En su concepto, el Ministerio de Ambiente sufrió una falta de liderazgo y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) se debilitó por decisiones políticas y nombramientos sin suficiente experiencia técnica.

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Al final, el verdadero legado ambiental de Gustavo Petro no se medirá únicamente por las cumbres internacionales, los discursos o las cifras que unos reivindican y otros cuestionan.

También habrá que medirlo por la realidad de los territorios donde se juega el futuro de los bosques colombianos. Allí, donde aún mandan las economías ilegales y donde defender la naturaleza sigue costando la vida, el país continúa teniendo una deuda enorme. Y mientras esa deuda exista, personas como Jani Silva seguirán siendo más necesarias que nunca.

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